Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a la Constitución en materia de reforma política. Reforma “light” para algunos, contiene novedades de importancia, como la iniciativa legislativa ciudadana o ciertos mecanismos de consulta popular, al tiempo que deja de lado otros temas sensibles y polémicos, como la reelección de legisladores y gobiernos municipales.
Entre las iniciativas aprobadas destaca la que posibilitará (una vez que se haga operativa, por medio de su reglamentación) el que los ciudadanos podamos optar a un cargo de elección popular de manera directa, sin la necesidad de que nos arrope un partido político.
El reclamo por los llamados ciudadanos o independientes tiene ya una cierta andadura en México, y es revelador de la falta de oxigenación de nuestro panorama político (cada vez más sofocante): siguen faltando en nuestra democracia canales que incentiven la participación política, más pluralismo y opciones.
Dejo para otros la polémica (estéril, a mi juicio, y más logomaquia que sincero debate) de quienes argumentan 1) que no puede hablarse de una novedad, ya que candidaturas ciudadanas siempre ha habido, pues todos somos ciudadanos, y 2) que no hay diferencia sustancial entre los candidatos ciudadanos y los de los partidos políticos, pues todo “independiente” que aspire a un cargo de elección popular, aunque no lo reconozca, dependerá para hacerlo de una organización no muy diferente a los partidos.
Considero peligrosos, eso sí, los discursos populistas y antipolíticos del tipo “ciudadanos contra partidos” o “ciudadanos contra políticos”. Sin embargo, dudo que la introducción de esta reforma vaya en ese sentido. Por el contrario, creo que lleva razón Miguel Carbonell cuando dice que las candidaturas independientes son otro paso en el camino de las reformas electorales para dar cauce de expresión política a fuerzas que antes no tenían manera de integrarse institucionalmente a la vida pública nacional. Un paso con precedentes importantes, como los diputados plurinominales o los senadores de primera minoría.
Entre los argumentos a favor de la reforma, el más fuerte es el del fin del monopolio de la representación política. Es francamente difícil defender la exclusividad del derecho a competir por cargos de representación popular para los individuos que militen en un partido. Como señala Ma. Amparo Casar, “puede armarse un razonamiento sólido para demostrar que la prohibición de las candidaturas independientes constituye una limitación no válida a los derechos políticos de un individuo”.
En términos concretos, creo que estas candidaturas pueden liberar tensiones entre la ciudadanía y brindar mayor legitimidad al sistema político. Además, el ingreso de candidatos independientes a las elecciones hará posible incluir temas en la agenda que no necesariamente interesa abanderar a los partidos políticos. Finalmente, los propios partidos tendrán que aclarar y enriquecer sus planteamientos y ofertas ante esta mayor competencia.
Con todo, es evidente que estas candidaturas no son la solución a la crisis de representación mexicana, y habría que ser ingenuos para asumir que estos candidatos “ciudadanos” serán, por el simple hecho de no pertenecer a ningún partido, mejores legisladores o gestores (o, yendo ya a por todas, mejores personas). Lo que sí se ha mostrado en la experiencia internacional es que estos candidatos pueden ser muy exitosos en cargos ejecutivos y locales pero no tanto como legisladores, dado que los parlamentos suelen descansar en grupos políticos partidistas que son los que deciden la asignación de espacios, recursos y lugares en comisiones.
Por el lado de las críticas, hay dos temas que me parecen de especial relevancia: en primer lugar, ¿cómo controlar o evaluar a un independiente? La no pertenencia a un partido vuelve más difícil la rendición de cuentas en un contexto como el mexicano en el que la reelección consecutiva como herramienta para el premio y el castigo no está permitida. Sin reelección, la forma más sencilla de “castigar” a un mal representante es no votar por su partido en la siguiente elección. Pero si el político en cuestión no tiene un partido detrás, hasta este recurso tan difuso se desvanece.
El segundo tema es el de la financiación. A falta aún de reglamentos, parece sensato suponer que buena parte del financiamiento del independiente habrá de correr por cuenta del propio candidato. Si éste no cuenta con dinero suficiente para sufragar una onerosa campaña (situación más que probable) tendrá que recurrir a terceros. Entre estos financiadores estarán seguramente sus allegados, quienes confían en él y comparten su proyecto, y finalmente quienes lo financian porque esperan algo a cambio de su apoyo económico. Es por esta tercera categoría de financiadores que se ha argumentado que los independientes pueden terminar por ser representantes directos de lo que en México llamamos los “poderes fácticos”: televisoras, empresas, y cómo no, grupos criminales.
Sobre ello el politólogo Fernando Barrientos llamó la atención desde hace tiempo, teniendo como referencia lo que ocurrió en Italia: la Mafia y la Camorra se infiltraron en los gobiernos locales por medio, aunque no exclusivamente, del financiamiento de independientes, especialmente en comunidades pequeñas, aisladas de las grandes ciudades. Comunidades de este tipo, necesitadas de infraestructura y servicios a donde el Estado no llega más que en la forma de uniformados armados, hay muchas en México. Ahora bien, el contraargumento de los defensores de las candidaturas independientes no es menos efectivo: ¿qué candados hay que aseguren que los actuales legisladores o presidentes municipales no estén ya “maiceados” por los poderes fácticos? El razonamiento es sencillo: es imposible desligar la crisis de seguridad y el papel de estos actores con los procesos electorales no sólo futuros sino presentes; luego, el problema, aunque implicaría a las candidaturas independientes, las trasciende.
¿Qué se puede hacer? Trabajar en transparencia y fiscalización, a la hora de reglamentar. Y también, tomar en cuenta la experiencia internacional, especialmente en América Latina. En la región, 11 países (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Perú y Guatemala) prevén en algún grado y medida la figura de los candidatos independientes. Hay algo que aprender de su ejemplo.
Termino con un dato interesante. Desde el IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), se señala que la reciente introducción de las candidaturas independientes en la vida política latinoamericana no permite aún determinar con certeza su impacto en la representatividad y la canalización de los intereses de la ciudadanía. Son experimentos demasiado recientes, por lo visto. Gracias a Sergio González y Mariana Hernández Olmos me entero que, al menos para el caso mexicano, su novedad es sólo relativa: las candidaturas de este tipo existieron en México, ya sea por estar reguladas o porque la ley no le concedía el monopolio a los partidos, hasta 1946. Fue hasta ese año que se estipuló (en el art. 60 de la Constitución) que el registro para contender en los comicios se debería realizar exclusivamente por medio de los partidos políticos registrados, como forma de centralizar el poder en una época posrevolucionaria aún convulsa (piénsese en Vasconcelos o Juan A. Almazán). Es interesante porque se parece mucho a lo que ocurrió con la reelección legislativa consecutiva, permitida hasta 1933, prohibida luego para concentrar el poder en el PRI, y hoy convertida en tabú.
Celebro la vuelta de las candidaturas independientes como medio de profundizar en el pluralismo y la competencia, y apoyo el pronto regreso de la reelección consecutiva como instrumento básico de rendición de cuentas.
@MaxEstrella84
