“México atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años. Con el inicio durante el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones, y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país…”. El párrafo entre comillas hace parte del documento denominado: Situación de los Derechos Humanos en México, Informe de País- México 2015, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2015.
Así que confirmada por enésima vez que la “grave crisis de violencia e inseguridad” (en la valoración de la CIDH después de su visita in loco al país) de México no tiene precedente reciente y dado que las características formales de un Estado de Derecho parecen casi ausentes y francamente cuestionadas en el caso mexicano, a saber: a) Imperio de la ley como expresión de la voluntad general, b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, c) Principio de Legalidad de la administración y control judicial, d) Derechos y Libertades fundamentales: garantía jurídico-formal y efectiva realización material.
Tenemos en suma, que cuando se cumplen ya dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de algunos más, sin que hasta el momento haya noticias ciertas sobre el paradero de los desaparecidos, donde las investigaciones y conclusiones públicas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA apuntan sin duda a la responsabilidad de las fuerzas policiacas y de seguridad; el justo reclamo de justicia de cada vez mayores sectores de la sociedad mexicana es profundo y necesario, como también lo es el duelo social.
Y al contrario del cínico discurso de los llamados “poderes fácticos”, recordarlo no difama ni desprestigia a nuestro país ante el mundo, tal como se pretende descalificar burdamente a la protesta y a la creciente inconformidad social dentro y fuera de México. Lo que ocurre es que la infamia de Iguala y de tantos otros lugares nos afronta profundamente como sociedad, pues enseña al mundo entero las pervertidas instituciones que padecemos, en especial las de seguridad pública y procuración y administración de justicia. Hoy por hoy, México es un país donde las personas desaparecen sin dejar ningún rastro, dos años después. Pero queda claro también que México y los mexicanos somos, por fortuna, mucho más que nuestras peores pesadillas vueltas realidades.
Porque no se trata sólo de los 43 desaparecidos de Iguala, sino de muchos miles más. Y así abundan los casos de secuestrados, torturados y asesinados en la jamás ganada “guerra contra el narcotráfico”, como también los homicidios llamados cínicamente “abatimientos” o “daños colaterales”, o los miles de desplazados por la violencia generalizada.
Es evidente entonces que la gravedad de las violaciones de los Derechos Humanos probadas en los casos de Iguala, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y muchos otros, reclaman responsabilidades y responsables con nombres y apellidos, que deben ser enjuiciados conforme a la gravedad de sus actos u omisiones y no protegidos, ascendidos, promovidos o premiados como se ha venido haciendo.
Valga preguntar, tan solo en el caso de Iguala, pero igualmente extensible a muchos otros casos: ¿hasta dónde llega la cadena de responsabilidades? ¿Tan solo alcanzó hasta un ex procurador cansado y sus “mentiras históricas”? ¿Y qué hay del ex gobernador de Guerrero y de quienes entonces fungieron como responsables civiles y militares de las policías y destacamentos en Iguala? ¿Dónde queda la responsabilidad de algunos secretarios de estado, señaladamente los de Gobernación y Defensa, por mencionar sólo a los principales? Y claro, al final de la cadena está también, dos años después, la responsabilidad del titular del ejecutivo federal, quien nombra y remueve libremente a sus colaboradores según las facultades constitucionales de las que dispone.
Pero la corrupción endémica no es algo genético ni inevitable, como se nos ha pretendido hacer creer para que traguemos sin hacer gestos, porque está demostrado que a la degeneración pública se le puede combatir con éxito mediando una sociedad movilizada. Así que tal vez ha llegado el momento de hacerlo de manera seria y profunda, dada la gravedad de nuestro evidente problema social.
También es hora de pensar en la institución de la justicia transicional y restaurativa para las muchas víctimas, dada la magnitud de las violaciones masivas a los derechos humanos en muchísimos casos. Se requiere entonces de una o varias Comisiones de la Verdad u organismos de Estado análogos que sean multidisciplinares, con amplia participación de la sociedad civil organizada y de expertos; que de manera autónoma e independiente -ante la falta de un ministerio público o fiscalía mínimamente creíble- establezcan certezas sobre los hechos de Iguala y sobre todos los casos análogos. La experiencia demuestra que no podrá haber paz sin memoria y sin justicia para las víctimas y sus familiares. En el contexto internacional hay muchos casos que pueden y deben iluminar el camino mexicano. Así pues, Ayotzinapa no se agota en la tragedia, sino que marca un antes y un después en la truculenta historia de la impunidad en México.
Porque en septiembre de 2016 hay todavía 43 alumnos normalistas -entre muchas otras personas desaparecidas- (más de 24 mil reconocidos oficialmente, según el diario El País: Desaparecidos en México: como las redes sociales hacen lo que no hace el gobierno, 6 de abril de 2016); muchas de ellas presumiblemente sometidas a desaparición forzada por las fuerzas de seguridad del estado mexicano. Como todos sabemos, y ojo con esto, que no es cosa menor, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad sancionado por el Derecho Internacional y sujeto a una jurisdicción penal supranacional, donde las responsabilidades penales son imprescriptibles. Esto quiere decir que los responsables pueden ser perseguidos en todo tiempo y lugar y por la autoridad competente de cualquier país firmante (son 139 países en 2016) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Así que los familiares de los desaparecidos en México no están ni pueden estar solos. Seguir protestando y reclamando justicia al lado de ellos es un Derecho Fundamental y una garantía constitucional de los mexicanos, pero también una herramienta de participación ciudadana y de legítima lucha que será importante en los años venideros, porque lo más probable es que las cosas no se van a arreglar solas.
México puede y debe ser un territorio de Derechos Humanos, pues no es exagerado decir que en ello se juega su viabilidad como nación soberana. Hay varios altos funcionarios y muchos empleados públicos que debieron haber renunciado por su responsabilidad en los hechos citados desde hace tiempo, y no solo eso: algunos de ellos también debieron ser encausados penalmente, porque así funcionan los Estados Democráticos y de Derecho como el que algún día, más tarde o más temprano, llegaremos a construir colectivamente. Por lo demás: vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Post scriptum. A propósito de las llamadas “fiestas patrias”, las diversas fuentes disponibles no se ponen de acuerdo sobre el contenido preciso de la arenga de don Miguel Hidalgo y Costilla a la multitud en la madrugada o mañana -tampoco está esclarecido del todo- del 16 de septiembre de 1810. En lo que casi todos coinciden, desde Lucas Alamán hasta Aldama, es en lo que sí gritó Hidalgo: “¡Muera el mal gobierno!”. Problema al menos bicentenario, como bien se ve.
@efpasillas
