A unos cuantos meses que inicie la nueva administración estatal, los ciudadanos aún desconocemos quiénes conformarán el gabinete del hoy gobernador electo Martín Orozco Sandoval pues no se ha hecho ningún anuncio público al respecto. En el caso particular del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), como en anteriores ocasiones, sólo han surgido rumores de quienes asumirán la titularidad del ICA, en donde se hace mención a aquellos que organizaron a favor del entonces candidato, reuniones con distintos actores del sector. Transparentar la toma de decisiones sigue sin ser una práctica dentro de nuestra democracia, y el poder ciudadano se desvanece a un nivel de participación limitada a sólo conferir el poder a través del voto, pero sin un seguimiento a sus formas de gobernanza.
El pasado 5 de junio 464,251 ciudadanos del estado de Aguascalentense salieron a ejercer su derecho para elegir a sus representantes para los cargos públicos de gobernador, alcaldes, diputados locales y regidores. Una jornada electoral que aún sigue dando de qué hablar por los procesos que en su mayoría destacaron por la falta de responsabilidad política, tanto de los militantes y simpatizantes pertenecientes a los partidos políticos PRI y PAN, particularmente, y cuyos actos hoy siguen teniendo repercusiones; como ejemplo tenemos la impugnación que de manera particular se encuentra el procesos de elección a gobernador. La historia quizá usted ya la conozca, así que no es de nuestro interés los procesos partidocráticos que han estado presentes, por lo que no discutiremos en este momento la decisión que la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes emitió respecto a la impugnación, o la próxima resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, en lo que tenemos hoy, Martín Orozco Sandoval es el gobernador electo.
Lo que sí es de nuestro interés es la forma en que el gobernador electo, y muchos gobernadores previamente han ejercido sus facultades para la selección de su gabinete, y las amplias repercusiones que tiene en la vida democrática de Aguascalientes. Si bien en su artículo 46, cláusula X de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes le otorga facultades y obligaciones al gobernador electo para “nombrar y remover al Jefe del Gabinete y al Procurador General de Justicia del Estado cuyos nombramientos serán ratificados por el Congreso del Estado, y nombrar y remover al Secretario de Gobierno, al Secretario de Finanzas y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal” no encontramos en la Constitución las características de los perfiles que de manera particular deberá considerar el gobernador electo y ni tampoco alguna normativa explicita donde manifieste que tendrán que ser personas de su confianza. Si bien Martín Orozco Sandoval anunció en días recientes “que más del 50 por ciento de los integrantes de su gabinete serán ciudadanos y el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas saldrá de una terna que le será propuesta por el sector empresarial del estado”, bien valdría que este proceso para la elección del fiscal se replicará para el resto de los responsables de los diferentes sectores que deberá atender desde la política pública el estado. Si bien en el caso del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), de acuerdo a su Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes emitida en 2010 en su artículo 42 menciona: “El Director General es el órgano ejecutor de las propuestas, política, acuerdos, planes y programas y será nombrado o removido por la Junta Directiva a propuesta del Gobernador del Estado”, los ciudadanos sabemos que la Junta Directiva sólo ratifica una decisión que ya ha sido tomada. Está implícito en las políticas que se ejercen que la elección del titular del ICA está basada considerablemente en el trabajo hecho durante la campaña que diera el triunfo al gobernador electo, o los ciertos conocimientos que amerite tener respecto a las artes y la cultura; pero también sabemos que estas prácticas no sólo se restringen a la designación del Director General, sino los mandos altos que se otorgan de acuerdo a ciertas dádivas que existen para aquellos que también trabajaron en la campaña y acompañaron al gobernador en su camino al triunfo electoral. Esta forma ha sido la práctica común en donde, con base en las facultades que se otorgan al gobernador, se le da la confianza para que a su vez integre un gabinete que sea, valga la redundancia, de su confianza, pero nunca, o muy pocas veces de la confianza de los ciudadanos.
Si bien los proyectos gubernamentales que sirven para exponerse como propuestas durante las campañas electorales buscan convencer y persuadir a los ciudadanos para ganar la confianza hacia cierto candidato, estos proyectos han sido en su mayoría diseñados y organizados por los “agentes de confianza” o “asesores” de los candidatos; es indudable que la capacidad logística a favor del candidato, al menos en las dos pasadas administraciones del ICA, no ha sido efectiva al momento de ejercer la gestión. Buscar el consenso de los involucrados “especialistas” en el sector en beneficio de cualquier candidato a un cargo de elección popular, en lo que pareciera ser un acto de interés personal y “buena voluntad”, es más un acto previo hacia legitimación de quien sí tiene interés en el cargo y busca persuadir el gobernador que es él quien debe a su vez ser designado como titular de la institución. Estos juegos de poder y persuasión justo es lo que ha dañado al sector cultura.
Alejandro Vázquez Zúñiga, candidato a la alcaldía de Aguascalientes por el PRD, ya externaba y hacía patente la necesidad de que los aún candidatos a los cargos ejecutivos en los distintos niveles de gobierno en el estado hicieran pública la posible conformación de su gabinete. Nada más necesario y elocuente en una democracia participativa en donde finalmente la mayor parte de las decisiones y su operatividad estarán en función de alguien que no fue elegido por los mismos ciudadanos pero que sí tendrá fuertes implicaciones en el desarrollo del sector, en nuestro caso, en la cultura. Porque bien valdría la pena considerar que se puede estar a favor de algún candidato, pero no necesariamente de la gente de quien se rodea. “Dime con quién andas y te diré quién eres”, bien podríamos aplicar aquí parte de la sabiduría popular. Pero nada de eso pasó, y aún hoy desconocemos quienes asumirán esos cargos y sus proyectos, algo que sigue omitiéndose en las políticas culturales del estado.
Es de todos conocido que el sector cultural en Aguascalientes, sin querer ser pesimistas, sufre de una larga agonía. A tres meses que termine la presente administración gubernamental a lo largo de estos casi seis años, varias lecciones hemos aprendido, y es que, como decíamos, organizar foros y mesas de consulta para los candidatos no los hace buenos gestores, y que los títulos académicos de aquellos que ostentan el poder no son garantía de un conocimiento de las necesidades del sector cultural, y que la decisión unilateral de la clase gobernante a partir de los que ellos consideran es lo que se necesita y sin consultar ha mermando aún más al sector.
Quien sea que ocupe la responsabilidad de la titularidad del Instituto Cultural de Aguascalientes en la siguiente administración estatal bajo estos mecanismo informales pero evidentes de las políticas, en lo que reconocemos como políticas implicas que se desarrollan en la práctica sin un carácter formal y carentes de un ejercicio democrático, mucho trabajo tendrá que hacer, no sólo a lo interno de la institución sino incluso en hacer patente ante el gobernador, y los legisladores y las diferentes instancias la importancia y beneficio que la cultura puede dar a la sociedad, y que además en inherente al propio desarrollo de las sociedades. Pero además, al no ser elegido de manera democrática por quienes participan en el sector, deberá recordar que su legitimación estará en función del trabajo, y no por la designación del gobernador, o algún amigo o familiar de éste, o basada en cualquier afinidad personal. Hoy el sector requiere gente que trabaje a favor de la cultura para todos, no como un slogan demagógico sino como una sentencia de práctica, y no por lo que la clase gobernante entiende por cultura, que tanto ha dañado al sector. Así que quien quiera que sea, y donde quiera que esté, sepa que, en verdad, tiene mucho trabajo por hacer.
Excelente opinión, la comparto.