Veta Ejecutivo armonización de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

• Remitió al Congreso del Estado diversas observaciones hechas a la ley
• Se queja diputada de ineficiente labor por parte de la Secretaría General del Congreso

El Poder Ejecutivo -con el ejercicio su facultad de veto de ley- envió un documento al Congreso del Estado con diversas observaciones realizadas a la armonización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Pleno Legislativo el 5 de mayo.

El documento, presentado al Pleno en Asuntos Generales durante la sesión ordinaria del día de ayer, solicita la modificación de seis artículos y diversas fracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, que desde el 5 de mayo que fue aprobada, no ha entrado en vigor.

Entre las solicitudes de modificación, se señalan diferencias entre el tiempo que tienen las autoridades para actualizar la información que deben hacer pública en la ley estatal con la ley federal, asunto contenido en el artículo 49. Mientras que el Congreso estatal estableció un término de 20 días, el Ejecutivo pide reformar para que sean tres meses, argumentando que así lo establece la Ley General.

Además, señala que la legislación estatal estipula que “las solicitudes de acceso a la Información deberán resolverse y notificarse al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de diez días contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud”; mientras que la Ley General otorga 20 días como máximo.

La legislación estatal en materia de transparencia agrega en este artículo el siguiente párrafo: “Cuando la solicitud sea relativa a expedientes médicos o datos sobre salud del solicitante, deberá resolverse y notificarse al mismo, dentro del término de cinco días siguientes a la presentación de aquélla”. Mismo que fue eliminado en la propuesta de modificaciones enviada por Carlos Lozano de la Torre.

El Poder Ejecutivo también solicitó al Legislativo no modificar el procedimiento de selección de comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea), explicando que estos no podrán ser ratificados y la convocatoria para los nuevos comisionados deberá emitirse a más tardar entre el primero y el 31 de octubre del año en curso.

“La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, prevé un procedimiento distinto de designación de los Comisionados, al procedimiento a través del cual fueron nombrados quienes actualmente se desempeñan como Comisionados en el Instituto de Transparencia, en tal razón es que se considera que debe omitirse el Artículo Cuarto Transitorio de dicho Decreto, lo anterior atendiendo a que no existe fundamento para que se les ratifique en el cargo a quienes actualmente desempeñan este cargo en el Instituto para el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, con el propósito de que completen siete años de ejercicio, en virtud de que estos fueron nombrados en términos de la Ley de la materia vigente (…), quienes actualmente desempeñan el cargo de Comisionados del Instituto de Transparencia, fueron designados para el período que comprende del 1 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2016.”

Asimismo, hace referencia al artículo 4 de la citada ley, en donde pide a los legisladores eliminar el concepto de seguridad nacional por considerarse que éste sólo se atribuye a asuntos de orden federal.

“Se señala como una de las razones por las que podrá clasificarse excepcionalmente como reservada temporalmente la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, la seguridad nacional; sin embargo, sobre esta circunstancia cabe decir que, si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla la seguridad nacional como razón para reservar la información, no da lugar a su incorporación en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Aguascalientes y sus municipios, en tanto que dicha razón está reservada al orden federal”, se lee en el documento.

Se solicita también que el Congreso del Estado especifique el tipo de falta cometida por servidores públicos en el artículo 84 de la Ley. Cuando las faltas se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia y no comporten un perjuicio oneroso para las personas; cuando comporten un perjuicio para las personas, o se hayan cometido con dolo o negligencia grave; o cuando atenten gravemente contra los derechos fundamentales de las personas.

El dictamen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, fue discutido y aprobado en la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la priista María de los Ángeles Aguilera Ramírez, quien no tenía conocimiento de las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo. La legisladora consideró como ineficiente la labor de la Secretaría General del Congreso, a cargo de Miguel Ángel Nájera.

“No estaba enterada, el secretario general tenía la obligación de haber enviado el oficio para que se publicara al Gobierno del Estado. Habrá que esperar a ver qué partes de la Ley está vetando el gobernador, a estas alturas tenemos que dar muestras de civilidad y transparencia en el estado. El secretario general está fallando en sus funciones; por escrito haremos un extrañamiento en ese sentido, el porqué no nos da a conocer con oportunidad las cosas que pasan en el Legislativo, es lamentable la actitud del secretario general, se debe apegar a las funciones que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo.”

Agregó: “Yo he estado siempre a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, a los gobiernos abiertos y creo que lo hicimos en nuestra ley es novedoso, incluimos muchas obligaciones para transparentar el uso de los recursos, es una ley innovadora que no tiene porqué darle miedo a nadie”.

El subsecretario de gobierno, Alejandro Bernal Ruvalcaba, señaló que se trata de un “veto parcial”, aunque no pudo explicar cuáles habían sido las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a través de un documento que él mismo firmó: “El propio Instituto de Transparencia pidió que se hiciera un acomodo en algunos artículos, es una especie de veto parcial para estar en sintonía con la norma nacional. Lo que están pidiendo es un ajuste para el tema de recursos y explicación del tema de transparencia, la ampliación de conceptos, no hay nada que cambie la sustancia de la norma. En ningún momento hemos sido parte de retraso del proceso legislativo”.