- El Poder Ejecutivo no debe actuar como juez y parte en conflictos laborales
- El presidente de la República propuso la impartición de justicia laboral en tribunales especializados
Mientras la justicia laboral dependa del Poder Ejecutivo no existirá garantía de una debida protección a los derechos de los trabajadores, apuntó Eder Acxel Elías Hernández, presidente del Colegio de Licenciados, Maestros y Doctores en Derecho Juan Velásquez, quien se pronunció a favor de la creación de tribunales especializados, ya que “en materia civil, penal y mercantil existe un juez, en cambio en materia laboral hasta el momento hay una autoridad de una junta”.
El 28 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión ocho reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, entre las que destaca la desaparición de las juntas locales y federal de Conciliación y Arbitraje para que los asuntos laborales se resuelvan en tribunales autónomos.
Lo que se persigue mediante la propuesta presidencial es que -al igual que en la materia penal- no todos los conflictos se vayan a juicio, sino que se resuelvan a través de mecanismos alternos de solución en centros de conciliación con autonomía operativa, técnica y presupuestaria. “Si ya existen juicios deben ser atendidos por expertos, no digo que no lo sean quienes están actualmente juzgando la materia laboral, mis respetos, pero están atados al Poder Ejecutivo”, señaló.
Los mecanismos de conciliación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) son muy básicos, un representante legal del trabajador, un representante del patrón y del sindicato conforman la junta; sin embargo el defensor del trabajador es un funcionario pagado por el gobierno. Si se opta por contratar abogados laboralistas particulares, estos llegan a cobrar el 30 por ciento de la indemnización que es acordada por las partes.
Para Elías, los tribunales laborales podrían agilizar los procedimientos pues actualmente la JLCA arrastra un rezago que provoca que los juicios se prolonguen durante años, en tanto la Reforma Laboral obliga al patrón a cubrir los salarios caídos solamente de 365 días: “si yo presento una demanda laboral en mayo, mi primera audiencia sería hasta septiembre u octubre, pero falta que se notifique al patrón y que éste y los testigos puedan asistir”.
La iniciativa presidencial argumenta que en diez años, de 1995 a 2015, los conflictos laborales incrementaron 132 por ciento, debido a la incorporación de 18 millones de mexicanos a la fuerza productiva del país, en tanto que las instituciones de impartición de justicia laboral se han mantenido intactas en su estructura y procesos desde su fundación a fines de la década de los 20.
Todo bien, pero de 1995 al 2015 hay 20 años, no 10.