A raíz de la promulgación de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, realizada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vuelve a ser un tema recurrente el endeudamiento excesivo de los estados y municipios, sin control y en muchas ocasiones con casos de corrupción y una impunidad propiciada por los congresos locales.
Durante el evento el presidente, habló de que en 5 años el crecimiento de la deuda creció 14.5% del 2008 al 2013. En el evento que se celebró en el patio de Palacio Nacional también habló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. En sus comentarios aseveró que la deuda interior de las entidades federativas y municipios no representan un peligro macroeconómico para el país. Sin embargo, hizo la observación de que seis estados de la república deben un 130% de sus participaciones federales. Es decir, como no tienen ingresos locales, ahora se verán en problemas muy delicados para operar; la deuda de entidades y municipios representa un 3.1 % del PIB producto interno bruto.
Estos días la Secretaría de Hacienda hizo una aportación extraordinaria de 10,300 millones de pesos a estados y municipios, que sacó del fondo de compensación de los ingresos petroleros. Esto causado por la caída de los ingresos por los precios de los hidrocarburos. Sin embargo, no será para algunos de mucho alivio, pues el manejo de sus fianzas ha sido irresponsable y, de alguna manera, opaca su manejo con un alto contenido de gasto corriente, lo cual los imposibilitará a tener inversión en servicios y obra pública.
En la ley aprobada se dice que busca que los estados y municipios responsables puedan conseguir empréstitos, con costos más reducidos en sus financiamientos. Por otro lado, deberán llevar un control que modere sus endeudamientos y que sean invertidos esos recursos sólo en obra pública.
Esta disciplina financiera deberá ir acompañada de sistemas que eviten la corrupción, y que la transparencia permita a la sociedad saber la forma en que se utilizan sus impuestos y los financiamientos que pidan los gobiernos.
Entre los estados más endeudados está la Ciudad de México, con 71,083 millones de pesos; el estado de México con más de 55,000 millones de pesos; Coahuila con 34,000 millones de pesos; Veracruz 45,879 millones de pesos; Chihuahua 42,762 millones de pesos; Quintana Roo 22,242 millones de pesos, y así otras entidades por el estilo. Estas cantidades se triplicaron en los últimos 8 años.
Esta ley, si bien busca racionalizar las deudas, no deberá ser un borrón y cuenta nueva, pues sería injusto que las sociedades de estos estados y municipios vayan a cargar con estas deudas por años y años para poder pagarlas; y no sólo eso, sino que la inversión en infraestructura y servicios se verá afectada, sin que tengan algo que ver en los malos manejos. Es cierto que están por salir leyes para evitar la corrupción y la impunidad, pero eso no debe ser un parteaguas para que quede en la impunidad los manejos hechos a la fecha. Eso sería inaceptable e injusto.
Desde luego que el país no saldrá adelante solo con la promulgación de nuevas leyes, sino con el cumplimiento de las mismas, y con funcionarios públicos responsables cuya honradez no esté en duda.
El caso de los estados se replica en varios municipios, en que de acuerdo a su tamaño sus deudas son iguales ¡o peor de impagables!
