La Reforma Electoral aprobada días atrás por el Senado agitó los ánimos en el Legislativo de Aguascalientes, en torno a cuyo periodo extraordinario de sesiones, inaugurado este martes, se dieron cita rispideces, señalamientos y negociaciones de último momento.
A primera hora la bancada panista realizó una rueda de prensa en la cual ratificaría las anotaciones vertidas el lunes por la dirigencia del propio partido. A más tardar hoy día se presentará una petición de juicio político contra los cinco consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), a quienes se les acusa de peculado.
De acuerdo con los blanquiazules, de 2010 a la fecha, el conjunto de Georgina Barkigia Leal, Claudia Díaz de León González, Dafne Domínguez López, María Mendoza Brand y Luis Landeros Ortiz habría percibido un sobresueldo de 15 millones 334 mil 720 pesos.
Apenas minutos más tarde, el grupo parlamentario del PRI también tendría contacto con la prensa.
El tema central del encuentro fue la exposición de la Reforma a diversos artículos del Código Electoral del estado, presentada por tres de sus elementos el pasado 12 de julio. Asimismo, en el acto, Miguel Ángel Juárez Frías, coordinador del tricolor, rechazó que su fracción bosquejara, en la antesala de los comicios locales del año entrante, pagar un favor político, pues la iniciativa en promoción eleva el tope salarial de los consejeros del IEE de hasta 22 a hasta 40 salarios mínimos.
Esta hipótesis fue manejada por los legisladores de Acción Nacional, ya que los funcionarios del instituto no reciben 38 mil pesos mensuales que marca el tabulador, sino cerca del doble.
Arturo González Estrada aseveró que el Revolucionario Institucional trataba de regularizar la malversación de recursos al anexar a la ley el rebase del límite salarial supuestamente instrumentado.
Por su parte, Mario Guevara Palomino, del PRI, indicó que la bancada confiaba en la probidad del Consejo del IEE, órgano que a final de cuentas definirá cuánto dinero se llevan a la bolsa sus propios integrantes.
“Creo que efectivamente ellos habrán de actuar con prudencia en este tipo de decisiones. Se les está poniendo un tope, confiamos en que en la mesura y en el análisis que tienen que hacer de manera muy consciente los consejeros para saber cuál es el justo salario que deben establecer. Ellos tendrán que responder si de alguna manera no estuvieran en conciencia de las circunstancias económicas por las que atraviesa el país”.
El hecho de que los consejeros locales se ubiquen entre los de menor salario en el país fue otro de los argumentos esgrimidos por los del tricolor.
Están “muy por debajo de la media nacional”, señaló Gustavo Granados Corzo.
Una vez en el Pleno, a la hora de tratar lo relacionado a las citadas reformas, Jorge Delgado Delgado, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, solicitó a la mesa directiva un receso de 10 minutos.
Representantes de todas las fuerzas políticas se concentraron en el Salón Legisladoras para acordar que el tope quedara en 30 salarios mínimos.
Toda vez que el PRI no lo contemplaba, también se llegó a los siguientes arreglos.
Instalar casillas extraordinarias para llegar a un mayor número de votantes, conservar la insaculación plena y no facultar al IEE para que designe funcionarios de casilla; mantener al Consejo General del Instituto como organizador de los dos debates por la gubernatura, y no delegar esta responsabilidad a su presidente.
Desde tribuna, el panista José Luis Novales Arellano celebró que el costo de cada copia fotostática necesaria para interponer un recurso de inconformidad quedara en cero pesos y no en 27. Anotó que la inconformidad persistiría al momento de votar en lo particular, pues 30 salarios mínimos aún era una erogación desproporcionada.
Así, con 25 voluntades a favor y dos en contra, se aprobó la iniciativa planteada por el priísmo.
Desde la oposición, el perredista Gilberto Carlos Ornelas criticó que la reforma no diera espacio a temas “de fondo” como el reforzamiento del plebiscito y el referéndum, las candidaturas independientes, el Voto Paisano, la revocación de mandato y el freno en gastos publicitarios y manejo de encuestas por parte de los partidos políticos.
“Tiene uno que pensar si efectivamente esto es lo que se prometió [a la ciudadanía] y si esto es lo que hace falta… la forma de integración de poderes en Aguascalientes y en el país aquí no está reflejada”.
La queja constante fue que la Comisión de Asuntos Electorales sesionó esporádicamente y no consultó especialistas ni realizó mesas de debate y análisis con los mismos.
Héctor Quiroz García impugnó que contrario a lo anunciado hace un año y medio, cuando los hoy diputados realizaban campaña proselitista, no se abordaran los tópicos de establecer un legislador por cada municipio del estado o radicar la Contraloría en manos de la segunda fuerza.
El petista también señaló que el PRI tramaba una maniobra “a modo” para sacar ventaja en las elecciones locales. Apuntó que dicha comisión no tomó en cuenta las otras seis iniciativas subidas al Pleno por distintas siglas políticas, incluso meses antes que la dictaminada, misma que, se dijo, fue presentada con errores de sintaxis y ortografía.
