- Antropólogo criticó predominancia de penas carcelarias en legislación penal; casi todos los delitos se castigan con cárcel
- Incumplimiento de derechos humanos de reclusos inhibe procesos de readaptación
Para Fernando Plascencia Martínez, antropólogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), en el estado se abusa de las penas carcelarias, toda vez que incluso los delitos de orden menor se castigan con la privación de la libertad: “en todos los casos hay posibilidad de cárcel, todo se quiere castigar de ese modo cuando no siempre es para tanto”.
Retomó los resultados del último estudio realizado por la organización México Evalúa -en 2011- que indican que en el ámbito nacional el 96.4% de los delincuentes reciben sentencias condenatorias, mientras que sólo el 3.6% tiene derecho a sanciones alternativas; del universo de sentenciados a cárcel, 58.8% purga condenas con una duración menor a tres años.
En el caso de Aguascalientes, según la misma fuente, el 83.2% de los internos de los centros de readaptación social (Ceresos) cumplen condenas menores a tres años, el 9% de entre tres y siete años y 7.8% mayores a siete años de duración. El 82% de la población carcelaria del estado cumple una sentencia de competencia local y el 18% de competencia federal.
El catedrático investigador consideró que una crisis por hacinamiento en los reclusorios del estado pudiera prevenirse mediante reformas al Código Penal del Estado de Aguascalientes para reservar la prisión a casos en los que realmente se requiera imponerla, para que de otro se apliquen otra clase de castigos: “porque no se puede encarcelar a todo el mundo, de ser así lo único que estamos haciendo es mandarlos a la escuela; en los delitos menores y no violentos deben considerarse otro tipo de penas”.
Agregó, con base en los datos de México Evalúa, que en el estado los centros de reclusión se encuentran -en promedio- a un 112 por ciento de su capacidad, con lo que Aguascalientes se coloca entre las entidades con menor porcentaje de hacinamiento: “sabemos que las celdas son para seis pero se llega a meter hasta 18, son datos no oficiales pero confiables, en el sureste hay hasta 40 personas en una misma celda”. En la entidad hay un custodio por cada 3.8 delincuentes, mientras que la media nacional es de cinco.
Según lo observado personalmente por Plascencia, la infraestructura carcelaria en el estado tiene una buena distribución por lo que es bajo el hacinamiento en comparación con penales de otras entidades, sin embargo, insistió en que la ejecución de penas privativas de libertad, incluyendo la prisión preventiva para quienes se encuentran bajo proceso penal, debe dictarse con reservas.
Pese a que especialistas en materia como el Colegio de Abogados de Aguascalientes han señalado la necesidad de ampliar las instalaciones de los centros de readaptación social de Aguascalientes, el doctor en Antropología consideró que reducir las penas carcelarias es suficiente para controlar la sobrepoblación de los centros penitenciarios en el corto plazo. Además, hizo énfasis en la necesidad de contratar a científicos sociales para que aporten su punto de vista en relación con este fenómeno.
El fracaso del sistema penitenciario mexicano tiene que ver con el incumplimiento de los derechos humanos
Fernando Plascencia Martínez dijo que uno de los principios de la reinserción social de los sentenciados, establecido en el artículo 18 de la Constitución Mexicana, se basa en el respeto a los derechos al trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte; sin embargo en la práctica no se cumple con esta disposición e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos de tortura sistemática hacia los internos en el ámbito local y nacional: “hay maltrato, corrupción y extorsión; extorsión por el espacio, por la cama en la que duermen, la comida, esto significa que sobrevive el más corrupto y el que más poder adquisitivo tiene”.
Entre los temas más sensibles también se menciona la falta de acceso a visitas familiares debido a que hasta un 80% de los presos por delitos del fuero federal son recluidos en penales a 700 kilómetros o más de distancia de sus lugares de origen.
Conviene recordar que en el informe más reciente de la CNDH -publicado por la Jornada Aguascalientes- la entidad reprobó ocho de 24 indicadores señalados.
A juicio del antropólogo de la UAA, los reclusorios de la entidad deberían contar con una oficina de Derechos Humanos y/o una línea telefónica para reclamar violaciones en este sentido.
Las funciones del modelo carcelario son incapacitar al sentenciado para delinquir, apartarlo del deseo de violar la ley y disuadirlo de hacerlo infundiendo un temor al castigo “pero el caso de la cárcel de Topo Chico ejemplificó que estos objetivos no se cumplen, ni se quiera se incapacitan para delinquir, en la cárcel se cometen delitos; disuadir tampoco porque hay impunidad y rehabilitar, al contrario, son universidades del crimen donde se doctoran en el delito”.
Comentó que tras visitar los penales varonil y femenil de Aguascalientes se encontró que las mujeres registran una mejor reinserción a la sociedad en comparación con el género opuesto.
