La democracia necesita dinero, de eso no hay duda. Se necesita dinero para operar los programas públicos, políticas, instituciones y organizaciones que ayudan a consolidar nuestro régimen democrático. Se necesita dinero para orquestar el sistema electoral, para organizar las elecciones y para garantizar la participación de todos los ciudadanos y sinceramente cada vez se necesita más dinero.
También se necesita dinero para atender las necesidades de centros infantiles, geriatras, de justicia alternativa, para la prevención de la violencia y para garantizar la seguridad. En realidad para todo lo que vemos alrededor que tenga que ver con el orden público se necesita dinero. Y el dinero en la democracia ha sido una de las pugnas más criticables en los recientes años, por dos simples razones: es mucho y no da resultados.
Por ejemplo, para 2016, el único ente que tiene garantizado su presupuesto y que no está sujeto a medidas de austeridad y modificaciones de presupuesto son los partidos políticos, que en su conjunto recibirán un poco más de 4 mil millones de pesos a nivel federal, sin embargo entre todos, juntando también los votos de los candidatos independientes no pudieron obtener ni el 50% de los votos de los ciudadanos registrados. Es decir, parece que no está funcionando.
Los partidos políticos tienen funciones sociales e institucionales, una de las principales funciones sociales de los partidos políticos es convertirse en un canal de participación entre el pueblo y el gobierno, incentivar la cultura democrática, capacitar políticamente a los ciudadanos entre otras funciones. Sin embargo, como sabemos, en México los partidos se han convertido en todo lo contrario, una de las razones principales es que se han convertido en parte anexa a las instituciones de gobierno y han dejado de ser un canal entre ciudadanos y el mismo.
Otra de las razones por la que los partidos políticos no han cumplido con sus funciones son los constantes escándalos de corrupción de los que son protagonistas. Moches, grabaciones, maletines, mordidas y el manejo hasta hace unos meses nada transparente de los recursos públicos. Es increíble que con el argumento de respetar la autonomía de los partidos no se vigile la manera en que ejercen el gasto, lo bueno es que ya son sujetos obligados y tienen que transparentarse.
Ese mismo dinero, necesario para el funcionamiento de nuestro régimen es criticado por las cantidades exorbitantes que reciben los diputados, senadores, instituciones locales, electorales, de transparencia, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien es cierto que el trabajo de un funcionario público, muchas veces no tiene horario, también es cierto que los sueldos podrían llegar a ser excesivos. Sin embargo, por ejemplo el sueldo alto de funcionarios en los tribunales e institutos electorales se justifica bajo la razón de que no tengan ninguna tentación de corrupción y que el único compromiso que se tenga sea con la defensa de los votos ciudadanos. Y así ha sido, no hay escándalos de corrupción, de los que tenga memoria, desde que se dio la característica de autonomía a las autoridades electorales, escándalos ha habido, pero de otro tipo.
Ese dinero necesario se ha excedido, habrá que decirlo con todas sus letras, es un chingo de dinero y no se necesita tanto o mejor dicho, se necesita el mismo pero mejor distribuido. Por ejemplo, para lograr la efectiva participación ciudadana se necesita dinero para financiar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, para no solamente apelar a su voluntad sino a su profesionalismo. Sin embargo eso tendría una consecuencia mayor: reducir el financiamiento a los partidos políticos. Un dato: la fórmula del financiamiento se saca multiplicando el 65% del salario mínimo por el padrón electoral, lo que da una cantidad estratosférica. Sin embargo, una propuesta es que el financiamiento se reduzca solo al número de votos hacia los partidos políticos, así se reduciría hasta por la mitad.
Habrá que discutir los sueldos de los funcionarios, establecer tabulaciones en cuanto a horas laborales, responsabilidades, riesgos, imparcialidad y otros aspectos que aunque den un sueldo alto no sea insultante, además habría que cuestionar los bonos y prestaciones exageradas que reciben los funcionarios públicos, como regalos navideños que se autorealizan y nadie los señala.
Se tiene que financiar la democracia pero tenemos que repensar cómo, a dónde y a quiénes. Muchas veces los organismos públicos y autónomos, menos viciados, con menos intereses políticos son los que más sufren las inclemencias de la voluntad política y los acuerdos y se les reduce el presupuesto, sin considerar que esos organismos son los que velan por la transparencia, la participación ciudadana o el cumplimiento de los derechos humanos. Se debe replantear la manera de otorgar presupuesto a tal o cual funcionario, a tal o cual secretaría u organismos y sin duda urge otorgar y etiquetar presupuesto a organizaciones no gubernamentales que en realidad se interesen en la política o ciudadanos independientes que tengan la voluntad de participar, así financiar la democracia no será tirar el dinero a los reciclables partidos políticos.
@pochaquito
