- Así vivió Aguascalientes los 182 días de movimiento electoral este 2015
- Se declara una histórica nulidad de la elección del Distrito I y la pérdida de registro nacional del PT
- Hay riesgo de una doble anulación por denuncia del PAN en contra del gobierno estatal
A partir del 7 de junio del 2015, fecha de la elección ordinaria para diputados federales, en Aguascalientes se vivieron 182 días de movimiento electoral, jurídico, partidista y mediático; entre la violación a la normatividad constitucional y electoral, uso de recursos públicos, reproches partidistas, impugnaciones y una nulidad histórica de la elección, que llevó a la celebración de una fecha extraordinaria electoral. A continuación se presentan los datos más relevantes del periodo junio-diciembre.
El día 7 de junio comenzó la jornada electoral ordinaria para diputados federales en los distritos I, II y III, con las casillas vacías y constantes pleitos mediáticos entre el PRI y el PAN; por la tarde se reportaron quejas del PRD y PAN en contra del gobernador Carlos Lozano de la Torre por el uso del Progrebús para pasear a dos de los candidatos del tricolor, Gregorio Zamarripa y María de los Ángeles Aguilera, así como a algunos de sus funcionarios estatales. A las 14:58 horas los representantes jurídicos de Acción Nacional presentaron la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por uso de vehículos oficiales y seguridad pública estatal para transportar a su gabinete y candidatos al Distrito II y III a sus casillas correspondientes.
Para la medianoche los votos nulos eran diez mil 559, aún más que muchos partidos, fue la peor participación electoral en procesos intermedios según el INE. El PREP indicaba que Jorge López (PAN) se llevaba el Distrito III con el 35.11% de la votación; Arlette Muñoz el Distrito II con el 28.94%, mientras que Gerardo Salas y Gregorio Zamarripa continuaban en empate técnico.
El 13 de junio se anunció que por una diferencia de 436 votos, la madrugada del jueves 12 de junio, el Instituto Nacional Electoral le entregó su constancia de mayoría a Gregorio Zamarripa Delgado, que lo acreditaba como el oficial ganador de la contienda 2015, con un total 32 mil 168 votos contra 31 mil 732 del PAN.
Al impugnar los resultados en el Distrito I por Acción Nacional y en el Distrito II por el Revolucionario Institucional, comenzó el pleito electoral, jurídico y mediático en el estado, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en el Instituto Nacional Electoral.
Para el 4 de agosto, la Sala Monterrey del TEPJF determinó anular, por mayoría de votos, la elección del Distrito I, al estimar que se violaron los principios de neutralidad y equidad, pues el día de la jornada electoral el gobernador se trasladó en un autobús de propiedad del gobierno estatal junto con miembros de su gabinete y candidatos del PRI a varios centros de votación.
Por unanimidad, los magistrados Marco Antonio Zavala Arredondo, Reyes Rodríguez Mondragón y Yairsinio David García Ortiz anularon la elección del Distrito I y confirmaron el triunfo del PAN en los distritos II y III. La sesión, iniciada a las 20:00 horas y finalizada en la madrugada, dictaminó que se retirara el nombramiento de diputado electo a Gregorio Zamarripa Delgado, en atención a la denuncia presentada por Acción Nacional.
El 6 de agosto el gobernador declaró que la convocatoria a una nueva jornada en el Distrito I le parecía “fuera de lugar, si yo hubiera incidido en el resultado de la elección, ¿por qué en un distrito sí y en el otro distrito no? Fui a los tres, deberían haber anulado los tres, estaríamos muy divertidos”, considerándose que debería de repetirse toda la elección en los tres distritos. A pesar de los múltiples reportes de los otros partidos políticos, el Ejecutivo estatal nunca recibió alguna sanción o documento de extrañamiento por parte del INE, ya que se aclaró que en la resolución no existía obligación alguna para hacerlo.
Para el 20 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión de la Sala Regional Monterrey sobre la anulación de la elección del Distrito I. Por empate en la votación, tres magistrados votaron a favor mientras que Constancio Carrasco Daza hizo valer su voto de calidad a favor de la nulidad de la elección en el Distrito I. Además decidieron dar vista al Congreso estatal y al Instituto Nacional Electoral para que se sancione al gobernador Carlos Lozano de la Torre por la violación al artículo 134 constitucional.
El magistrado presidente Constancio Carrasco Daza señaló que el titular del Poder Ejecutivo estatal puso en duda los principios electorales y violó los principios de imparcialidad, neutralidad y legalidad; basó su argumento en un tuit enviado a través de la cuenta @CarlosLozanoAgs y que fue replicado por la cuenta oficial de Twitter del gobierno estatal en el que aparece una fotografía donde está inserta la boleta electoral que muestra el voto del gobernador por el PRI, el cual, consideró, fue realizado con una intención propagandística.
El 28 de agosto el delegado del INE, Ignacio Ruelas Olvera, reiteró que el resolutivo de la Sala Superior del Tribunal especificaba como punto único la confirmación de la sentencia de la Sala Monterrey con la anulación de la elección del Distrito I federal en Aguascalientes, los votos razonados hablan de la sanción al gobernador de los seis magistrados, pero no está en los resolutivos. El instituto, desde su área jurídica, tiene que valorar con qué elementos cuenta para hacerle el extrañamiento al gobernador, sólo que los elementos de la Sala Monterrey y Superior hablan de la violación al 134, mas no mandan la sanción específica al funcionario estatal.
Al día siguiente el TEPJF corroboró que el Partido del Trabajo no había alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida. En sesión extraordinaria del Organismo Público Local Electoral (Ople) del Instituto Estatal Electoral (IEE) se votó por unanimidad la declaratoria oficial expedida por los consejeros generales del INE referente a la pérdida del registro como partidos nacionales del Partido del Trabajo y el Partido Humanista.
El representante del PT, Julio Villaseñor Alvarado, anunció la intención de constituirse como un partido local, sin embargo el 3 de noviembre se anunció la negatividad de la propuesta por considerar que el IEE violó algunas normas para avalar ese registro ya que, según la ley, esta solicitud se tenía que haber discutido hasta enero del 2016.
El 2 de octubre el Instituto Nacional Electoral aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se determina que el Partido del Trabajo y Humanista podían participar en las elecciones extraordinarias, la base del acuerdo fue reconocer el status quo antes de la pérdida de registro y, a partir de eso, habilitar jurídicamente a estos partidos para ejercer sus derechos.
También se señaló que el tope máximo de gastos de precampaña por precandidato a diputado federal sería de 95 mil 231 pesos; mientras que el de campaña por candidato ascendería a un millón 260 mil pesos, lo que sumaba un financiamiento público de un millón 694 mil 136 pesos.
Ese mismo día el PT y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebraron un acuerdo de colaboración en el que se estipuló que los perredistas no postularían a ningún candidato para que sus fuerzas electorales apoyaran en votos al candidato del PT como un acto de solidaridad al ser “partidos con ideología progresista”, este acuerdo no se concretó en alianza oficial ante el INE, pues el 10 de octubre el Instituto recibió únicamente las solicitudes de coalición entre el PRI-PVEM; y PAN-Nueva Alianza.
Diez días después el Instituto Estatal Electoral (IEE) indicó que la resolución emitida por el TEPJF no constituía una revocación definitiva de la pérdida del registro nacional del Partido del Trabajo; Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del organismo electoral, explicó que la resolución sólo se refiere a la falta de facultades de la Junta General Ejecutiva del INE para quitarle el registro al partido y no a un estudio a fondo del asunto. El presidente del partido, Héctor Quiroz García, aclaró que no se había notificado la revocación definitiva, por lo cual seguirán con su participación en la elección en busca de superar los más de siete mil votos que requerían para completar el 3%.
Antes de comenzar con el registro de candidatos, el 3 de noviembre anunció el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Vicente Pérez Almanza, que no participarían en el proceso electoral extraordinario debido a las condiciones inequitativas observadas. Consideró que se trataba de una contienda de dos (PRI y PAN) y al final el resultado sólo favorecería a los partidos grandes.
Cuatro días antes de la jornada electoral, la Sala Superior del TEPJF determinó que el PT conservará su registro en espera del cómputo final de la elección extraordinaria, al establecer que el artículo 94 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales es inconstitucional. El magistrado Flavio Galván Rivera votó en contra al considerar que la declaratoria de pérdida de registro nacional estuvo apegada al derecho, mientras que la magistrada María del Carmen Alanís opinó que el Consejo General del INE no podía decretar la pérdida de registro hasta que no se computaran los votos del Distrito I.
El pasado miércoles se presentó un conflicto mediático al acusarse de proselitismo al Gobierno del Estado en el último día de campañas electorales extraordinarias, ello tras la realización de un evento en la megavelaria de la Expoplaza por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social (Sebideso) en donde se entregaron despensas pertenecientes al programa Supérate como parte de la clausura de su segunda etapa.
En el evento estuvieron presentes más de cien personas adscritas a dicho programa, según Paulo Martínez López, presidente estatal del PAN, se realizaron sondeos entre los asistentes que llegaron al lugar en camiones pagados por el estado y se comprobó que muchos provenían de los municipios del estado, los cuales pertenecen al Distrito I. Para interponer la denuncia se llamó a personal de la Oficialía Electoral con el objetivo de atestiguar la probable violación a la legislación electoral, y a un notario público.
El gobernador Lozano de la Torre negó su participación en el evento aclarando que con o sin elecciones los programas sociales deben seguir adelante: “es una desgracia que en un estado que está la gente en paz se estén haciendo cuestionamientos como éstos que no tienen razón de ser, finalmente los programas de gobierno tienen que seguir adelante, ni modo que paremos”, se dijo que acciones como las llevadas a cabo por los panistas dividen a la sociedad por lo que se acusa al PAN de irrumpir en un evento social para politizarlo. Finalmente hizo un llamado a la cordura y que todos trabajaran en la construcción de propuestas políticas y no en la descalificación sin fundamentos.
Posterior al conflicto, el delegado del INE, Ruelas Olvera, reconoció que existía el riesgo de que la elección extraordinaria pudiera volver a ser anulada a causa de la denuncia interpuesta por Acción Nacional en contra del gobierno estatal, aunque se ve remota una doble anulación hay posibilidad de que la autoridad del Tribunal lo decida.
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral se declaró preparada para la elección extraordinaria en el Distrito federal I este 6 de diciembre, con cabecera en Jesús María y que abarca los nueve municipios restantes menos la capital. De acuerdo con información del INE, la elección estaría determinada en su mayoría por mujeres y jóvenes de entre 20 y 24 años de edad. La lista nominal de los electores fue de 277 mil 868 ciudadanos siendo el rango de edad con mayor porcentaje el de 20 a 24 años con el 15.27 por ciento, seguido del rango de 25 a 29 con el 13.64 por ciento y el de 30 a 34 años con el 11.89 por ciento.
Ruelas Olvera informó que los resultados estarían listos entre los días 9 y 11 de diciembre, para posteriormente realizar la declaración de validez del candidato ganador correspondiente; sin embargo aclaró que el tiempo para la declaración podía variar, pues dependerán de lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva ante los juicios de inconformidad que se presentaron en la jornada.
La elección estuvo a cargo de la coalición PAN-Nueva Alianza con el candidato Gerardo Salas y José de Jesús Valdéz Gómez como suplente; la coalición PRI-PVEM con Gregorio Zamarripa Delgado como candidato y Marte Eduardo Robles Sandoval como suplente; el Partido del Trabajo con Miguel Ángel de Loera como propietario y Jesús Rangel de Lira como suplente; Daniel Castorena Gutiérrez como candidato de Morena; el Partido Encuentro Social con Gwendoline Rodríguez como propietaria y Yolanda Hernández Muñoz como suplente; así como el Partido Humanista con Lizbeth Suárez Martínez como propietaria y Alicia Ibarra Álvarez como suplente, aunque este último no ejecutara ninguna estrategia de campaña ni participación en debates de la sociedad civil. Movimiento Ciudadano no participó con candidato ni tampoco el PRD.
