Por mayoría, y bajo conflictos partidistas, se aprueban las cuentas públicas 2014 - LJA Aguascalientes
23/11/2024

  • El grupo PAN, PRD y PT se negó a aprobar dictámenes por opacidad y parcialidad del OSF
  • Se solicitará al Ayuntamiento de Aguascalientes explicación urgente de las observaciones de la auditoría

Con la presencia del total de los integrantes de la LXII Legislatura, desinteresados por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Luis Fernando Muñoz López, informaba como parte de los asuntos en cartera, durante la sesión ordinaria de ayer se aprobaron los 15 dictámenes de la Comisión de Vigilancia sobre la revisión de las cuentas públicas 2014; ello ante la inconformidad de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Mientras se daba la lectura al resumen del dictamen relativo a la cuenta pública del Gobierno del Estado, algunos legisladores se mantuvieron en constante movimiento y pláticas de curul en curul en busca de consensuar votos, especialmente en los resultados de los municipios.

En el debate abierto por Mario Álvarez Michaus con el sentido de su voto en contra, explicó que el grupo parlamentario no avalaría los dictámenes debido a que hay una parcialidad del Órgano Superior de Fiscalización en favor del partido en el gobierno, al encontrarse en el resultado de las auditorías que el 85% del posible monto a resarcir corresponden a gobiernos emanados de Acción Nacional, aun cuando el monto de sus egresos no supera el 40% del total de los egresos auditados: “hay dependencias estatales como el Issea, Isssspea, IEA y Secture que no tienen ni un solo peso por resarcir, aun cuando el monto fue superior a los mil cien millones de pesos”, en comparativa dijo que el municipio de Calvillo tiene de observación un monto superior a los 20 millones de pesos mientras que San Francisco de los Romo (PRI) sólo es tres mil pesos: “es abismal, ilógico, fuera de toda proporción”. El dictamen incluye montos por calcular, por lo tanto estos tres mil pesos no reflejan el total de los montos de probable resarcimiento.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Eduardo Rocha Álvarez, aclaró que la aprobación de la revisión de las cuentas públicas no significa borrar o perdonar las irregularidades observadas por el Órgano Superior de Fiscalización, por el contrario, abre paso a la notificación a los entes auditados sobre los errores y observaciones encontradas para que a su vez los órganos internos de control comiencen con el proceso de análisis para solventar cada punto hasta llegar al resarcimiento correspondiente.

Reconoció que durante las tres semanas de revisión hubo discrepancias entre legisladores pero todas lograron llevarse de manera ordenada y respetuosa: “en esta ocasión se privilegió el diálogo, no tuvimos conflictos extremos y por eso llegamos a un buen resultado”, enfatizó en que la solventación de las observaciones es una labor que se extiende más allá de lo que se trate en el pleno, ya que se involucra a organismos que no dependen del Congreso: “El proceso de fiscalización nos permite ver de qué manera se está llevando la administración  pública, no caigamos en el debate vacío partidista porque este trabajo apegado a la transparencia y rendición de cuentas”.

Entre los entes fiscalizados de Gobierno del Estado se encuentra la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Secretaría de Turismo, Instituto de Vivienda (Ivsop), Isssspea, el Issea, IEA y el Fondo Progreso, así como la Secretaría de Finanzas. El monto de las probables recuperaciones por afectaciones al erario público es de ocho millones 316 mil tres pesos, más el importe a cuantificar por el Órgano Interno de Control.

En el documento se especifica que el Órgano Superior de Fiscalización considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, se cumplió razonablemente con las disposiciones legales.

Sin más participaciones en debate, el dictamen de gobierno estatal se votó por mayoría con 18 votos a favor y ocho en contra del grupo PAN y PRD aunque sin la participación del panista Leonardo Montañez Castro, pues se encontraba fuera del pleno en entrevista con medios de comunicación.

En cuanto al resultado de revisión del Supremo Tribunal de Justicia, votado por mayoría con 18 votos a favor (PRI-PVEM, Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano) y ocho en contra; se destacan tres observaciones al ejercicio del gasto financiero, de las cuales sólo una se encuentra sin solventar; una observación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental sin solventar y una observación pendiente por solventar en los informes de avance de gestión financiera. En suma mostró una posible afectación al erario público de diez mil 340 pesos.


Para la votación de la cuenta pública del Poder Legislativo, el dictamen detalló siete observaciones al ejercicio del gasto financiero, de las cuales cinco fueron solventadas, así como una observación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental pendiente de solventar pero sin  posible afectación al erario público. Sin conflictos ni debates fue aprobado con 18 votos a favor y nueve en contra del PAN y PRD.

Después de más de una hora de aprobación fugaz a las cuentas de los tres poderes y de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (con la votación igual que la anterior), la secretaria de la Comisión de Vigilancia, Norma Guel Saldívar, dio lectura al dictamen correspondiente al Ayuntamiento capital con un total de 105 observaciones (53 solventadas) y un monto de 168 millones de pesos de probable daño al erario público.

A título personal, María de los Ángeles Aguilera consideró que no debe ser aprobada la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento capitalino por ser una administración plagada de corrupción y opacidad, reclamó no haberse aclarado el ejercicio y destino de 168 millones de pesos así como la aplicación de recursos por casi mil millones de pesos, por lo tanto no considera responsable aprobar “la pésima administración pública que lleva Antonio Martín del Campo; no podemos ser recordados como los diputados que aprobaron el actuar de Alí Babá y los 40 ladrones”. Hizo un llamado a no votarlo a favor, esto al igual que el representante del Partido del Trabajo, Jesús Rangel de Lira, quien dejó en claro que su posicionamiento sería en contra del resto de los dictámenes, al considerar que el tema se utilizaba como mecanismo para tergiversar el contenido y manipular la opinión pública en favor de un partido político determinado: “debemos subrayar la transparencia y no la opacidad, dejemos atrás el tema partiditas y dejemos que sean las contralorías y los municipios los que solventen las observaciones”.

Como integrante de la Comisión de Vigilancia, Juana Alicia Espinosa de los Monteros, pidió avalar la revisión a la cuenta pública en el entendido de que se siguió cada parte del proceso legal, el resto es responsabilidad de las contralorías y órganos internos de las dependencias fiscalizadas, ya que de aprobarse los dictámenes cada ente revisado tendrá el deber de iniciar un proceso para aplicar las sanciones correspondientes, en caso de que no se solventen correctamente las irregularidades.

Invitó a sus compañeros a no mezclar los asuntos personales y políticos con una responsabilidad legislativa, cada presidente municipal tendrá el tiempo suficiente para aclarar lo que no pudieron comprobar cuando fueron auditados: “démosle chance a los funcionarios municipales, es su derecho, a nosotros sólo nos toca la revisión de las cuentas públicas, el resto ya es facultad de otros entes”.

El priista Luis Fernando Muñoz López indicó su voto en positivo aunque aclaró que en el municipio de Aguascalientes no se sabe gobernar ni administrar, desde su calidad de exsecretario de ese ayuntamiento lamenta la opacidad, discrecionalidad, falta de acatamientos a las reglas presupuestales, fiscales y financieras; en tono elevado calificó a los administradores panistas como corruptos y desapegados al buen actuar de la administración pública.

La votación final fue en positivo por mayoría con 15 a favor (diez del PRI-PVEM, dos del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y dos de Nueva Alianza), once en contra (Enrique Juárez, Ángeles Aguilera, Anayeli Muñoz, siete del PAN y uno del PT), así como con una abstención de Gilberto Gutiérrez, al considerar que pese al trabajo adecuado del Órgano Superior de Fiscalización, el análisis sólo abarcó el 30% del ejercicio presupuestal, por lo que los montos por aclarar o resarcir pueden ser mayores; solicitó una reclasificación de algunos rubros de la auditoría que aparecen con el título de “de control” para pasarlos a “resarcitorios”, como en el caso de la adquisición de vehículos.

Durante el resto de los dictámenes se dejaron a un lado los conflictos partidistas y la votación se llevó de manera más fluida, el registro quedó de la siguiente manera: municipio de Asientos 17 a favor, nueve en contra, Calvillo 16 a favor y ocho en contra, Cosío 16 a favor, nueve en contra, El Llano 17 a favor y nueve en contra, Jesús María 16 a favor, ocho en contra, Pabellón de Arteaga 17 a favor y siete en contra, Rincón de Romos 17 a favor, ocho en contra, San Francisco de los Romo 16 a favor, ocho en contra, San José de Gracia 16 a favor, nueve contra y Tepezalá 16 a favor, nueve contra. La votación en positivo fue a cargo del grupo PRI-PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, mientras que en negativo fue el PAN, PRD y PT.

En el apartado de asuntos generales, la diputada priista María de los Ángeles Aguilera Ramírez insistió en el tema de la capital al presentar un punto de acuerdo en calidad de urgente y obvia resolución, en el sentido de que el Congreso local les solicite al alcalde de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, a Mónica Ledesma Gallegos, secretaria de Administración y a Evaristo de la Torre Sifuentes, tesorero del municipio, detallar las observaciones de la auditoría 2014, especialmente sobre el destino de poco más de mil millones de pesos que se tienen en desconocimiento sobre su aplicación.

La propuesta fue aprobada por mayoría de los diputados presentes, con 13 votos a favor y once en contra, con la ausencia de Sylvia Garfias Cedillo, Anayeli Muñoz Moreno y Adolfo Suárez Ramírez.

Con la sala legislativa casi vacía fue concluida la sesión con la cita a la siguiente sesión para el jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas.

 


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