- Podría encontrarse en trámite un amparo para Raúl García Leyva
- Admite presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que el proceso pudiera extenderse por tiempo indeterminado
El suboficial de la Policía municipal, Raúl García Leyva, acusado de provocar la muerte a un presunto asaltante al evitar que consumara el delito, impugnó el auto de formal prisión decretado por el juez sexto de lo penal en septiembre, según informó Juan Manuel Ponce Sánchez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
El preventivo enfrenta cargos por homicidio doloso calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de José Antonio Hernández Peralta, quien de acuerdo a los testigos, se disponía a robar a una pareja con portación de un arma blanca.
Al tratarse de un ilícito grave no se le permite solicitar libertad bajo caución para enfrentar el proceso judicial fuera de la cárcel.
En consecuencia, el imputado se encuentra recluido en el penal para varones en espera de que se dicte sentencia, pero se logró conocer que su defensa legal impugnó el auto de formal prisión y posiblemente esté en trámite de un amparo: “si no se interpone un juicio de amparo o una apelación, el proceso continuará, después de las pruebas se dicta una sentencia y en esa sentencia de pronto se vuelve a valorar los hechos y determinar si hay o no responsabilidad y hasta donde llega”.
Si se confirma la promoción del amparo ante el correspondiente juzgado de distrito, habrá que esperar a ver si modifica o no la situación legal del inculpado. En tanto, continúan aportándose elementos de probanza jurídica, agregó el magistrado, quien reconoció que el proceso pudiera ampliarse por tiempo indeterminado, dado que este tipo de juicios demora de dos a tres meses en resolverse “pero una vez que se resuelve los jueces deberán acatar la decisión del juez de distrito”.
Todo depende de la defensa y de la propia Fiscalía General de Justicia: “nosotros tenemos que respetar la garantía que tienen los abogados de aportar cualquier tipo de prueba y el momento en el que puedan hacerlo (…). Son estrategias de los abogados la Ley establece que debe ser sentenciado entre seis meses y un año, sin embargo, es que hay casos en que transcurren dos o más años por el desahogo de pruebas”.
Ponce Sánchez aclaró que las pruebas pueden desahogarse dentro o fuera del estado y eso también repercute en los plazos.
El estatus jurídico del uniformado debería esclarecerse en un año pero la propia naturaleza del delito requiere de muchas pruebas.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, varios policías preventivos trataron de subir al presunto asaltante a la patrulla, tras ser acusado de tentativa de asalto y de amenazar con violar sexualmente a una joven. Como los superaba en fuerza, García Leyva sometió al delincuente, provocándole la muerte por estrangulación.