- Gasto de nueve millones 621 mil 600 pesos por los 18 mil 370 internos por delitos contra la salud en 2014
- México está reprobado en políticas públicas en materia de drogas por un prohibicionismo no evaluado
En busca de exponer las diferentes opiniones en torno a la mariguana, la mañana de ayer se llevó a cabo un foro titulado Marihuana, ¿legalizarla o no?, por iniciativa del diputado Mario Álvarez Michaus; a pesar de haberse circulado la invitación a los 27 integrantes de la LXII Legislatura, únicamente asistieron seis diputados, lo cual fue criticado por el secretario de la Comisión de Salud al reflejar un bajo interés en escuchar a la población sobre el tema puesto en la mesa de debate.
Desde investigaciones en el ámbito internacional, la medicina y el derecho mexicano se expusieron distintas posturas por los especialistas: Catalina Pérez Correa, investigadora de políticas de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); Héctor Grijalva, neurólogo y extitular del Centro de Salud Mental Agua Clara; Javier Soto Reyes, académico de la Universidad Panamericana; y Laura Elena Atesta Becerra, investigadora del CIDE.
Pérez Correa apuntó que en la última encuesta realizada en centros penitenciarios federales se encontró que el 60% de las personas recluidas están por delitos contra la salud, de ellos el 57% estaban por delitos relacionados con la mariguana. El asunto sobre cómo se regulan los delitos de drogas en México se ha estudiado por esta especialista desde hace seis años, cuando para el 2009 el presidente Felipe Calderón aprobó la reforma de la Ley de Narcomenudeo para dividir las competencias entre los estados y la Federación.
El dejarle a los estados los asuntos menos graves como el consumo, suministro, comercio, posesión simple (…), para dejar a la Federación los temas de gran escala, no dio los resultados esperados puesto que con muestras en gráficas, se expuso que el procesamiento de los delitos contra la salud ha tenido una disminución en el ámbito federal, sin embargo el consumo y la posesión siguen siendo la parte más importante del trabajo de la PGR en materia de drogas.
En 2014 de un total de 13 mil 595 detenciones, cuatro mil 856 fueron por consumo y cuatro mil 19 por posesión, conjuntamente representaron el 65.7% de los delitos de drogas. Ese mismo año fueron consignados tres mil 392 por posesión y tres mil 426 por consumo de un total de diez mil 763; lo que representa el 63.3% de casos consignados por delitos.
A pesar de que la posesión de sustancias ilícitas no se sanciona mientras esté dentro de los umbrales establecidos en la Ley General de Salud, se le sigue ordenando a las policías la detención de la persona y el inicio de la averiguación previa, por lo tanto cae en una ambigüedad legal.
En más de mil 200 solicitudes realizadas a las entidades federativas (donde Aguascalientes no respondió ninguna) sobre averiguaciones previas y procesamientos en los centros penitenciarios, resultó que en 21 estados durante el 2014 hubo 18 mil 370 personas internas por delitos contra la salud, de ellas nueve mil 121 fueron procesados (830 mujeres y ocho mil 291 hombres) y nueve mil 249 sentenciadas (624 mujeres y ocho mil 625 hombres).
Esto le reflejó un costo al estado de mil 200 pesos diarios por interno, lo que sumó un total de nueve millones 621 mil 600 pesos sólo para 21 estados de la República: “Aquí la pregunta es: ¿esto que le cuesta al estado ha servido para cumplir su objetivo de impedir que las drogas se consuman en el país?”.
El 62% de las personas que están en la cárcel están por asuntos relacionados a la mariguana (2014); en el caso de los menores de edad representa el 61%, mientras que en las mujeres representa el 48%.
Aunque se desconoce si la legalización de la planta afectará la violencia y el crimen organizado, Pérez Correa enfatizó que es el Estado el que ejerce una grave violencia en contra de muchas familias y personas por el uso medicinal o recreativo de una sustancia que en muchas naciones fue aprobada: “es ilógico seguir pensando en cerrarse al tema cuando vemos que sus políticas prohibicionistas y de supuesto control de consumo en nuestro país no ha surtido efecto, sino por el contrario, ha incrementado con ellas”.
Perspectiva ¿medicinal?
El extitular del Centro de Salud Mental y Adicciones Agua Clara, Héctor Grijalva, aclaró que desde la época de elaboración de sus tesis sobre un nuevo medicamento anticonvulsivante (hace 35 años), ya se hablaba de que la mariguana podría ser útil para controlar la epilepsia; sin embargo no se han tenido elementos que demuestren su efectividad: “todos los reportes son anecdóticos, aparecen en revistas seudocientíficas, no hay una publicación seria que diga que sirve para aliviar el dolor de cáncer o que reduce las infecciones del VIH o que alivia el glaucoma”.
Por lo tanto el pretender regularizar su producción, comercialización y transportación con base en que es medicinal significa una vaga fantasía sin fundamento científico a su favor, contrario a la gran cantidad de estudios documentados y publicados por instituciones formales como el Instituto Mexicano de Psiquiatría, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional Contra las Adicciones sobre el daño al sistema nervioso central por ser una sustancia adictiva que produce alteraciones en el comportamiento y salud del usuario: “La gran mayoría de las personas que consumen mariguana lo hacen fumando, desde ahí hay otro problema”.
Para Héctor Grijalva, el tema de legalizarla no puede criticarse por el enfoque médico, ya que no corresponderles en área de estudio; sin embargo, lo que sí pueden exigir, consideró, es que no se argumente con pretextos medicinales: “si es perjudicial no puede ser un medicamento; el debate no se trata de un fármaco en aprobación”.
“Ni a favor ni en contra, sólo que el tema de legalizarla utilizando como argumento el que sirve como medicina, eso sí no es verdad.”
México, reprobado en políticas públicas prohibicionista
El proceso de elaboración de políticas públicas tiene tres etapas: diseño, implementación y evaluación. La investigadora en políticas públicas internacionales, Laura Elena Atesta Becerra, explicó que México está reprobado en sus políticas públicas, ya que la política prohibicionista de las drogas no fue diseñada ni hubo una evaluación previa sobre qué era lo que se quería alcanzar: “México terminó implementando el prohibicionismo por presión internacional de hacerle la guerra a las drogas”.
En la implementación del prohibicionismo, países como México y Colombia recibieron todos los costos sociales no intencionados, y en la evaluación no hay tal: “si preguntamos que el prohibicionismo sirvió o no, pues no tenemos idea porque nunca ha habido una evaluación rigurosa”, pero desde un análisis subjetivo se puede observar que en lugar de reducir el consumo o eliminarlo estas estrategias elevaron su consumo y producción.
En términos generales se han abiertos nuevos nichos de mercado así como riesgos en los consumidores: “el prohibicionismo ha sido un gran fracaso, incluso ha tenido resultados perversos en países en desarrollo, como México”, en tanto el único ganador de la política actual ha sido el crimen organizado, ya que le ha permitido tener ganancias exorbitantes que lo ayudaron a evolucionar y convertirse en un “monstruo” difícil de dominar.
Desde su perspectiva, si ya se vio que el prohibicionismo no ha dado resultados, se debería estar trabajando en la búsqueda y análisis de opciones que lleven al país a salir del problema donde se encuentra: “insisto, si ya se demostró que el prohibicionismo no funciona como política, por qué no pensar en un consumo regulado”, el debate abierto está en qué se prefiere, que el mercado de la mariguana lo regule el crimen organizado o el Estado mediante estrategias normativas adecuadas.
“No se puede caer en el mismo error del pasado, México no hizo un buen trabajo en evaluar cuáles eran las verdaderas políticas públicas efectivas”, el debate no puede quedarse sólo en el límite moral, tiene que analizarse desde lo que mejor le hace a la población mediante marcos regulatorios adecuados y efectivos. Su participación concluyó al puntualizar que el tema no se enfoca en legalizar por legalizar, sino de regular aquello que será lo mejor para el país poniéndole fin al histórico prohibicionismo.
Pérez Correa agregó que la regulación a través de la lógica de la salud pública debe efectuarse desde la perspectiva de cómo hacerle para que la sustancia no llegue a los menores de edad; si la evidencia muestra que no se ha logrado el objetivo de disminuir la oferta ni el consumo, entonces deben replantearse qué hacen o qué no hacen sus políticas públicas.
A partir de aquí se cuestionó la proporcionalidad de las sanciones a los delitos en México; con base en un estudio realizados desde hace dos años por el CIDE sobre la comparación de cómo se castigan los delitos de drogas con otro tipo de delitos, se percataron que en el Código Penal federal es considerado más grave el plantar mariguana que violar a un menor de edad: “así de terrible está la situación, eso no se puede decir que es proporcional, no hay lógica en términos de políticas públicas”, para esta investigadora, las autoridades desde hace varias administraciones le han temido a repensar en sus políticas de drogas para comenzar un nuevo camino que los lleve a resultados efectivos.
El diputados Oswaldo Rodríguez García, secretario de la Comisión de Salud, insistió en que si se persiste en la prohibición será más rentable para los traficantes la venta de la hierba en el territorio mexicano, ya que con los cambios regulatorios de la unión americana donde suman más de 20 estados con permiso del uso de la mariguana; México corre peligro de que los cárteles estadounidenses crezcan su comercialización en alianza con los mexicanos.
“El mejor escenario sería una despenalización plena en México para administrar medicamentos con base en esta planta así como un posible consumo recreativo regulado”, ello debe ser reflexionado desde un ejercicio democrático sobre los alcances, daños y beneficios para llevar al Congreso federal una reforma realmente efectiva para todo el país.
En suma, la mariguana contrae una serie de debates jurídicos, médicos, sociales hasta económicos, mismos que deben ejecutarse a la brevedad posible, pues aunque, como lo expuso Javier Soto Reyes, la decisión de consumir o no se trata de un tema personal, se debe tener en cuenta que la responsabilidad del Estado es garantizar la salud pública.
Michaus reconoció que el debate no acabará con una sola reunión, pero será la pauta para que más legisladores, organizaciones civiles, instituciones y población en general comiencen a generar análisis personales para después exponer sus posturas y éstas puedan ser presentadas ante el Congreso de la Unión como entidad a favor o en contra de la regulación de la mariguana.
