México atraviesa su más grave crisis de violación a los derechos humanos: Amnistía Internacional - LJA Aguascalientes
23/11/2024

  • México es el país con mayor retraso en materia de derechos humanos entre los que comparten las mismas características
  • La desigualdad económica, la impunidad y las políticas de seguridad endurecidas son los factores principales de la crisis

La mañana de ayer el presidente de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, expuso parte del informe anual 2014-2015 en la Sala de Juicios Orales de la Universidad del Valle de México, esto como parte de la aprobación de alumnos de Relaciones Internacionales de esta Institución como miembros activos de la organización.

Amnistía Internacional es un movimiento global de derechos humanos con más de 50 años de existencia, basado en la teoría del cambio desde el poder de las personas: “creemos que más allá de confesiones graciosas por parte del Estado y gobernantes, los cambios en materia de derechos humanos y sociales se logran a través de la presión que ejercen los ciudadanos”, es justo en lo que se basa este organismo a través de acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, centrado en la movilización, investigación y educación en derechos humanos.

El especialista en derecho constitucional e internacional, así como en materia de derechos humanos, puntualizó que México atraviesa una crisis de derechos humanos bastante seria y grave, incluso de las más profundas entre los países que comparten las mismas características: “es cierto que hay países que están peor pero no tienen la misma infraestructura, cantidad de población, leyes e instituciones, es decir, que no son equiparables”.

Las tendencias que han observado es la existencia de una regresión en contra de la libertad de expresión, se han cerrado cada vez más los espacios para ejercerla, desde Brasil, Venezuela, Estados Unidos, hasta México; la política se ha endurecido mediante teorías de necesidad ante el terrorismo o el crimen organizado: “se ha hecho creer que la solución es endurecer las políticas de seguridad sin respetar los derechos humanos”, sin embargo, se ha demostrado que esto no ha sido una táctica efectiva, pues los países que han aplicado este tipo de políticas están en peores circunstancias, no produce mayor seguridad, pero sí una gran afectación al bienestar de las personas.

“México está en crisis profunda, pero no es nueva, ha sido un proceso de degradación en décadas”, esto, bajo el análisis de tres elementos fundamentales: la desigualdad económica, en un país donde el diez por ciento de la población tiene concentrado el 50% de los recursos, el acceso a los derechos económicos, social y cultural está subordinado a esta desigualdad económica.

La impunidad en la aplicación del sistema de justicia penal con un índice del 98% de los delitos denunciados, es decir que sólo el dos por ciento de los delitos ejecutados se sancionan. El último reporte de la cifra negra del delito correspondiente a los delitos que no se denuncian es del 93.8%, únicamente el 6.2% de los delitos que se comenten son denunciados (Cifras del INEGI).

El tercer factor son las políticas inadecuadas de seguridad que no respetan los estándares mínimos de derechos humanos. Estos modelos se acrecentaron a raíz de la estrategia de combate al crimen organizado lanzada por Felipe Calderón en 2006: “a partir de ahí vimos cómo se agudizó dado que las políticas de seguridad no han cambiado en la actual administración, seguimos con las mismas líneas”. Los síntomas de esta política son el amplio número de personas desaparecidas, el índice de tortura, ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.

Aunque en los últimos años se han incrementado los casos de violencia a los derechos humanos en México, Quiroz aclaró que esto no es un tema nuevo, pues los primeros reportes fueron en 1975 con una presencia generalizada de la tortura en el país, donde no se investigaba para detener, sino se detenía para investigar: “una práctica recurrente hasta la fecha a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por organizaciones civiles, gobernantes y activistas”.

Amnistía Internacional hizo una encuesta en 2014 sobre este tema, encontrándose que el 68% de los mexicanos tienen el temor de que al ser detenido por una fuerza policiaca pueda ser torturado. De los encuestados, el 30% acepta que la tortura es un método válido y útil para bajar los índices de delincuencia: “si se compara con los índices de las cifras negras e impunidad, podemos ver que algo estamos haciendo mal, y en tanto es momento de empezar a cambiar las estrategias”, para hacerlo se necesita ejercer presión social a los gobernantes y al Estado.


Del 2003 al 2013 Amnistía Internacional, basado en cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontró un aumento de quejas de tortura de 600% en el país, mientras que del 2013 al 2014, el doble de las investigaciones por tortura en la Procuraduría General de la República.

Desaparición forzada en México, nada nuevo

Según cifras del 2014, este organismo tenía registrada la existencia de un total de 22 mil personas desaparecidas, pero al actualizarlo al mes de octubre de este año se elevó a 25 mil 900 personas de todo el país; de éstas, casi el 50% han ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y el resto en el sexenio de Felipe Calderón: “nos preocupa que a pesar de que estamos hablando de personas, vidas humanas, haya ya respuestas sobre asuntos políticos o de metodología sin importar la integridad de ellas”.

La desaparición forzada se distingue del secuestro, este último lo que busca es obtener un lucro económico a cambio de la persona, en la desaparición forzada la intención es desaparecer el rastro de la víctima.

Este asunto tampoco es nuevo para el país aunque lo sea para la sociedad actual, este fenómeno ocurre en este país desde los años 60 y 70, cuando hubo una ola de gobiernos autoritarios en América Latina (con dictaduras militares en Chile y Argentina), también lo hubo en México, aunque con un régimen que no podría ser clasificado como dictadura, pero sí regímenes de concentración muy fuerte de poder: “lamentablemente en México no ha cambiado”.

Esto sucedió sobre todo en la región de Guerrero con personas acusadas de estar involucradas en la guerrilla de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, muchos habitantes de la región de Ayotzinapa desaparecieron, así como de Atoyac; este conflicto dejó más de dos mil personas desaparecidas: “A diferencia del cambio que hubo en las dictaduras con el tema de la democracia, en México cuando tuvimos una alternancia en el gobierno nunca encontramos cambios reales en materia de derechos humanos”, al final esta organización señala que el país quedó sin verdad, sin justicia ni reparación de los daños, pues a la fecha seguimos sin conocer la razón real de las desapariciones ni sus soluciones.

Violencia de género, el reto a vencer

Otro de los temas prioritarios para Amnistía Internacional es la violencia de género y su expresión más detectable: el feminicidio. Para el 2016 se comenzará con una campaña en la materia con el objetivo de cambiar el enfoque de la política de seguridad y derechos humanos.

Se subrayó que no cuentan con datos exactos de dónde partir porque el sistema de procuración de justicia no los produce, lo más cercano son las encuestas para determinar cómo está la problemática en el país. La última encuesta sobre la dinámica en los hogares señala que el 63% de las mujeres menores de 15 años han experimentado actos violentos; el 46.1% ha experimentado violencia dentro de alguna relación; y el 22.6% ha sufrido actos violentos en su trabajo (sobre todo violencia sexual).

A pesar de la crisis que se vivió en Ciudad Juárez en los 90 y de los avances legislativos para la prevención de la violencia contra las mujeres y mecanismos como la Alerta de Género (que por primer vez se activó este año en el Estado de México y once municipio de Morelos), México sigue siendo el país número 16 en Latinoamérica en incidencia de feminicidio, con siete mujeres que mueren al día por feminicidio: “con estas cifras podemos subrayar que México está atravesando por una seria crisis de violación a los derechos humanos”; en consecuencia, es urgente la aplicación de metodologías académicas, sociales y políticas para su solución.


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