- Se recibirán recursos adelantados del Fondo de Aportaciones Múltiples por hasta 533 millones de pesos
- Sólo diputadas panistas votaron en contra del dictamen de la Comisión de Vigilancia
- A pesar de las dudas del dictamen, el PRD apoyó la propuesta por considerarla una necesidad urgente
A pesar de las críticas de las diputadas panistas Martha Márquez Alvarado y Sylvia Garfias, la tarde de ayer se aprobó por mayoría calificada la firma de un convenio con Presidencia de la República para que Aguascalientes participe en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, con el cual se recibirán recursos adelantados del Fondo de Aportaciones Múltiples por hasta 533 millones de pesos para su aplicación en los próximos tres años. Esto por medio de la celebración de un periodo extraordinario de sesiones del pleno.
Previamente la diputación permanente sesionó para la elección de la Mesa Directiva que presidiría los trabajos extraordinarios, sin la presencia del grupo parlamentario de Acción Nacional por su asistencia a un evento conmemorativo en el Ayuntamiento capital; se eligió a Salvador Ávila Montoya como presidente, Lourdes Dávila Castañeda como vicepresidente, Enrique Juárez, Marco Arturo Delgado y Fernando Díaz de León como secretarios y prosecretario.
En punto de las 11:40 horas dio inicio la sesión extraordinaria con la explicación del dictamen de las comisiones unidas: Gobernación y Puntos Constitucionales así como Educación y Cultura; con el cual se detallaba la iniciativa de ley que crea el Instituto de Infraestructura Física Educativa, que tiene la finalidad de armonizar la normatividad local con la federal con un organismo público descentralizado encargado de operar, administrar, regular y evaluar la construcción de equipamiento, mantenimiento, habilitación y modernización de los planteles educativos.
A manera de debate, la priista María de los Ángeles Aguilera defendió esta propuesta al considerar que el estado se tardó en ingresar a este esquema, lo que causó que por décadas no se pudieran recibir recursos para el mantenimiento de las escuelas y en consecuencia se tiene un deterioro avanzado de los planteles; se dijo que titular del instituto se sujetará a mecanismos específicos de transparencia y rendición de cuentas, pues se prohibió en la reforma que el organismo adquiera un financiamiento alterno lo que garantizar la validez de los recursos.
Juan Manuel Méndez Noriega subió a tribuna para aclarar que no hay riesgo de desvío de recursos por ser un organismo fiscalizado por la Federación y el estado, además de que todos los recursos estarán etiquetados con base en un estudio previo del INEGI sobre el estatus de las instituciones educativas en toda la entidad. Este punto de la orden del día fue votado por unanimidad por lo que será entregada al gobernador para su publicación en el Periódico Oficial.
Posteriormente se dio lectura al dictamen de la Comisión de Vigilancia, con el cual se especificó el proyecto de decreto por el que se autoriza y confirma la participación de Aguascalientes en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa del Gobierno Federal, así como el comprometerse a los efectos que causará en materia de recursos con cargo a varios ejercicios presupuestales.
Entrado el debate, la coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, Martha Márquez Alvarado, reconoció que el instituto permitirá un avance en el rezago existente en el mantenimiento de las escuelas, sin embargo el tema de recibir recursos adelantados del FAM representa un endeudamiento disfrazado y una afectación a las arcas estatales por duplicarse la cantidad a pagar a causa de los intereses generados en el plazo establecido (25 años).
Mostró una serie de gráficas y tablas comparativas con datos como el que con el adelanto de recursos sólo se atenderá al 16% de la educación básica, el 25% de la media y el 76% superior; con los 533 millones de pesos para aplicarse en tres años posteriores se atenderá a 344 alumnos de educación básica, 76 mil 391 de los municipios y a ocho mil 234 de zonas marginadas; lo cual a su parecer no es una situación equitativa, pues representa que de las mil 190 escuelas de básica y especial que se tienen sólo 319 serán beneficiadas, de media superior sólo 15 de 125 y de superior sólo diez de las 17.
Además el plazo señalado del 2016 hasta el 2040 creará un interés importante con un impacto de afectación al FAM que va del 2016 con 24.2 millones de pesos al 2040 con 51.07 millones de pesos; “si suman todos estos recursos, el estado pagará de su FAM un total de mil 217.07 millones de pesos, es decir, el doble de lo que se recibe en tres años”.
Contrario a su postura, su compañero de grupo panista, Mario Álvarez Michaus, calificó a la propuesta de atinada y necesaria, pues el estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde y dejar de cobrarle al ciudadano la educación pública con las cuotas escolares para el mantenimiento de los planteles: “estos recursos deberán de ejercerse con total transparencia y evitar cualquier tipo de opacidad”, de ahí el que subrayara que las escuelas a intervenir fueron seleccionadas por el INEGI y la Federación, no por un gobernador priista, por lo tanto considera que se le brinda certeza en cuanto a la operación del programa.
Ambos diputados del grupo parlamentario del PRD indicaron la existencia de un grave deterioro de algunos planteles que por falta de recursos no han recibido en décadas apoyo del gobierno para su mantenimiento y rehabilitación, por lo tanto se prefería confiar en que este programa ayudará a combatir dicho rezago, aunque ello no signifique “entregar un cheque en blanco al gobierno”, pues vigilarán el uso y destino de esos recursos con minuciosidad. Aunque reconocieron tener muchas dudas del dictamen, la exigencia ciudadana por mejorar la infraestructura educativa los orillaba a votar a favor pero con la advertencia de que todo representante del PRD revisará la ejecución del programa para evitar que sea utilizado con fines partidistas, políticos, electorales o personales.
Al continuar con el debate, el panista Adolfo Suárez Ramírez coincidió con su coordinadora en que la autoridad estará obligada a transparentar todos los recursos, pues “nos gastaremos un dinero que no es nuestro ni que nos corresponde porque es de otros gobiernos”, su justificación para votar a favor se enfocó en la necesidad que se tiene de mejorar el espacio en donde los niños y jóvenes desarrollan sus conocimientos, para que en efecto puedan contar con una educación de calidad real y no sólo de discurso.
A pesar de la exigencia y explicación de las legisladoras blanquiazules, el dictamen fue aprobado con 25 votos a favor y dos en contra.
Como último punto de la orden del día, se detalló el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud Pública y Asistencia Social; consistente en la iniciativa de Ley que crea el Organismo Público Descentralizado (OPD) titulado Régimen Estatal de Protección Social de Salud, así como algunas reformas a la Ley de Salud local. A nombre del grupo parlamentario PRI-PVEM, Verónica Sánchez Alejandre expuso ser una propuesta para fortalecer el sistema de salud pública por medio de un esquema nuevo que permitirá gestionar mayores recursos para brindar una atención más eficiente y eficaz a los beneficiarios del Seguro Popular.
El documento señala la creación de un OPD encargado de administrar los recursos financieros de dicho programa, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios de salud e incrementar la infraestructura hospitalaria: “Con esta transformación, Aguascalientes recibirá en tiempo y forma los recursos destinados a la operación del Seguro Popular, de ahí la relevancia de esta iniciativa”.
Como secretario de la Comisión de Salud, Oswaldo Rodríguez García subrayó la trascendencia de esta iniciativa ya que el sector salud es de los más afectados por recursos y considerado todavía una “asignatura pendiente para la población abierta no derechohabiente”, según informes del INEGI, una tercera parte de los aguascalentenses tiene dificultades de acceso a los servicios de salud en tanto se considera asertiva esta creación del OPD pues fortalecerá el Seguro Popular que también “es un punto pendiente” por constantes quejas de los ciudadanos.
Al someterla a votación del pleno se aprobó por mayoría con la negativa de Garfias Cedillo y la ausencia de Márquez Alvarado y Álvarez Michaus. Sin más temas a tratar ni solicitudes para asuntos generales fue clausurada la sesión extraordinaria entre ruido y molestia de algunos legisladores.
