- Nunca más un empleado del alcalde, del gobernador o del presidente de la República serán los responsables de investigar los posibles actos de corrupción: Fernando Herrera
- Se castigará a quienes participen en actos vinculados con dichas responsabilidades
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Fernando Herrera Ávila señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene como convicción elevar a la ley una premisa básica: nunca más un empleado del alcalde, del gobernador o del presidente de la República serán los responsables de investigar los posibles actos de corrupción.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República anunció que se propuso expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de darle competencia para imponer sanciones a los servidores públicos, incluidos los gobernadores y particulares que participen en actos vinculados con corrupción.
“El objetivo es fijar a esa instancia la competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa grave por parte de servidores públicos del Congreso de la Unión, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la administración pública federal”, explicó el senador.
Herrera Ávila agregó que también podrán actuar en torno a hechos que involucren a gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, así como a funcionarios públicos de organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, y apuntó que ahora será la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quienes investiguen dichos actos y el Tribunal de Justicia Administrativa quien imponga las sanciones que correspondan.
El senador señaló que el Tribunal será el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos federales por las responsabilidades administrativas que la ley en la materia determine como graves, así como a los servidores públicos locales que incurran en faltas graves por el uso de recursos federales.
Finalmente, reiteró que se castigará a quienes participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, con lo que se garantizará que la corrupción se ataque directamente en beneficio de la sociedad mexicana.