Lo económico de la crisis de los Derechos Humanos
Francisco Aguirre
Hace unos días se presentó la iniciativa de Ley de Zonas Económicas Estratégicas, entre las cuales se encuentran diseñadas tres regiones que comprenden seis entidades: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Todas las entidades, sin excepción, consideradas y acusadas en múltiples formas y elementos bajo el escrutinio público nacional, no sólo por los índices de pobreza, desigualdad o población indígena, sino por el crimen organizado, el despojo, las desapariciones, la ingobernabilidad, los excesos y despilfarros. En la mayoría de esas identidades las víctimas violentadas de sus derechos humanos representan la cara más visible del tamaño de crisis que vive el país.
Sin embargo, el diagnóstico de la iniciativa pasa por resolver lo económico (lo formal, de nombre) para resolver lo social, pero sobre todo para “compensar” la megacrisis de protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, lo que parece no ser claro, más allá de escuchar una y otra vez la “transversalidad de las causas y consecuencias” es si el médico ofrece la alternativa necesaria a semejante patología.
La ausencia de estado de derecho también tiene sus efectos inmediatos en la iniciativa privada. Tal vez, el sector social donde más apremie esta concepción mental. Si bien, estimado Enrique, atinas a que uno de los retos elementales para los siguientes representantes estatales (de los 12 cambios que se avecinan al próximo año), vengan con el birrete que vengan, la necesidad sobrepasa la percepción.
Imaginemos la típica pirámide donde Maslow se convierte en el explicador universal de las cosas. Una pirámide en la cual la base, según Euclides, funciona de forma natural y en casi todo. En donde el estado de derecho representa ese asiento para que la construcción que todo lo demás sea posible, sea la cultura milenaria que sea, sin importar elementos georreferenciados. Y es que, el debate sobre lo primario pesa, ¿o, a ver, por dónde se empieza a cambiar? Discutir, en un símil, si algún deporte es malo en México según los resultados obtenidos se debe a la falta de difusión mediática o si la falta de ésta se debe porque el deporte es mediocre, nos lleva al ciclo sin fin.
En esa estructura geométrica, los escalones se hacen tan pequeños hasta llegar a la innovación social y privada. La punta tan agosta y tan subvaluada en muchos casos, como cuando las medidas de productividad o los efectos de la innovación en un supuesto cluster no provocan un incremento sustancial en el valor de mercado prevalecen.
Los objetivos de la creación de las zonas económicos, de acuerdo la iniciativa, son: el progreso de las regiones menos desarrolladas del país (casualmente, donde los gobernantes y burócratas), mejoramiento de la calidad de vida, el aumento de la competitividad y productividad, crecimiento de la inversión (nacional y extranjera), crecimiento de empleos bien remunerados, el desarrollo de nuevas industrias. Y no, nada que ver la inseguridad, ni la impunidad sobre la violencia de los derechos humanos, según se advierte al respecto. Nadie cree las intenciones, ni muchos menos se mantiene racionalmente optimista que vaya funcionar con personajes como Duarte, Velasco y compañía al volante.
Según diversas fuentes, Shenzhen, en China, fue la primera zona denominada en el mundo como especial en atención económica a finales de los 70. Esa zona atrajo mucha inversión gracias a una fuerte inversión pública en infraestructura y la supuesta ventaja competitiva con tufo a explotación de la mano de obra y recursos naturales y exenciones fiscales (cualquier parecido con realidad es ingenua coincidencia). Casi el 75% por ciento de los países de tropicalizado esa idea, sin embargo, no es una receta infalible y claramente tiene sus limitantes.
Particularmente, y es de dominio público, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, según la Envipe 2015 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad), cuentan con muy altas tasas de incidencia delictiva. La arrogancia sobre la razón destina la medianía. Si no se comprende que la presencia del crimen organizado, la alta impunidad, la criminalidad generalizada se manifiestan como un costo social y financiero elevado, no necesariamente la zona especial se verá recompensada por inversión o ingresos, el déficit arrastra un flujo negativo desde hace cuando menos una década.
La intensidad de la política pública propuesta como ley, depende no sólo de la voluntad, sino del estado de derecho por sí mismo, de ejercerlo, de respetarlo, de cultura de la legalidad pero sobre todo de la eficiencia y eficacia de la justicia. El poder judicial tiene por demás, mayores responsabilidades en que esta zona prospere sobre las que el o los poderes ejecutivos (federal y estatales) tiene sobre los ciudadanos en general. Es momento que el foco vire unos grados para tomar el ángulo desde los juzgados, los magistrados, jueces, los procedimientos y nuestro marco de justicia global, ahí creo que la aguja medicinal puede tener un efecto directo, primario y cortoplacista. No todo es culpa de Peña Nieto directamente, pero a mediano y a largo plazo sí.
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Mexican morass
Enrique F. Pasillas
Primero fue un organismo intergubernamental de carácter regional y luego la propia ONU quienes pusieron una vez más, el dedo en la llaga. Así que resultó más que contraproducente que un gobierno más que desgastado y cuya credibilidad es bajísima, haya querido “lavarse la cara” invitando a los funcionarios internacionales de la CIDH o de la ONU a visitar el país.
El grupo de expertos de la CIDH hizo un diagnóstico demoledor sobre el tema de los derechos humanos en México, y el gobierno respondió con un simple “no estamos de acuerdo” al que no estimó oportuno agregar ningún tipo de argumentación. Luego, apareció un relator especial del Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos al que nadie en su sano juicio podría acusar de ser un emisario del populismo o un peligro para México, quien después de entrevistarse con diversos actores sociales relevantes declaró que “El gobierno de México es intolerante”, que “no se respetan los derechos humanos”, y pidió que “se permita entrevistar a militares en relación con diversos casos de violaciones graves de derechos humanos” (porque Iguala no es por desgracia el único caso grave donde todo apunta en dirección a los cuarteles), invitando al Gobierno Federal a “poner plazo y establecer un cronograma para la salida del ejército de las funciones de seguridad pública”. Ya vimos la destemplada reacción del general secretario de la defensa -no es la primera-, quien no se sabe si habla por sí mismo o en representación del régimen y del gobierno al que sirve, pero en cualquiera de los dos casos sus estridentes declaraciones no ayudan gran cosa.
Así, la magnitud de la crisis no se puede esconder o disimular ni dentro ni fuera del país. Y es justamente por ello que las autoridades egipcias, por ejemplo, reaccionaron con tal insolencia ante el reclamo de esclarecimiento del asesinato de 8 turistas mexicanos en ese país a manos de su propio ejército. ¿Dicen la CIDH o la ONU algo que no supiéramos en México? Difícilmente.
Porque este grave diagnóstico externo se ve confirmado en lo interno por los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, levantada recientemente por el INEGI, misma que arrojó, entre otros, los siguientes resultados:
El 68% de los mexicanos no se siente seguro, y un 65.8% modificó sus hábitos por miedo. Efectivamente, el 68% de los mexicanos mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El estudio también muestra que el 65.8 por ciento de los entrevistados manifestó que durante los últimos 3 meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún delito.
El sondeo señala también que la población encuestada manifestó que durante los tres últimos meses de 2015 ha escuchado o ha visto en los alrededores de sus domicilios situaciones como consumo de alcohol en la vía pública, robos o asaltos y vandalismo. Y es sumamente revelador, a contrapelo de la demagogia oficial, el hallazgo de que la mayoría de los mexicanos piensa que no ha mejorado ni mejorará la situación de inseguridad en el futuro de seguir las cosas como están.
La ENSU ha realizado 9 encuestas desde el año 2013, e incluye conceptos relevantes en el tema de la seguridad pública como la sensación de inseguridad por temor al delito o la expectativa social sobre la tendencia del delito. Mientras que el 34.9 por ciento señaló que seguirá igual y el 29.8 por ciento piensa que empeorará. En tanto, los datos recabados por la ENSU señalan que las tres conductas delictivas o antisociales que se presentan con mayor frecuencia entre la población de 18 años o más son el consumo de alcohol en los alrededor de sus viviendas, con un 73.2 por ciento, robos o asaltos con 66.6 por ciento y vandalismo con el 57.6 por ciento. El INEGI señala también que ciertas conductas delictivas como la venta o consumo de drogas, la presencia de bandas violentas o pandillas y disparos con armas cerca de los lugares de residencia de los encuestados; son consideradas como conductas antisociales de menor frecuencia.
La encuesta también descubre que el 65.8 por ciento de los entrevistados manifestó que durante los últimos 3 meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún delito, y que evita llevar objetos de valor como joyas, dinero o tarjeta de crédito. Un 58.5 por ciento dijo que cambió los permisos para permitir que sus hijos salgan de sus viviendas, mientras que el 50.2 por ciento de los entrevistados mencionó que dejaron de caminar en los alrededores de sus domicilios después de las 8 de la noche. Por último, el 30.4 por ciento restante dejó de visitar a sus parientes o amigos por la inseguridad.
El 65.8 por ciento de los entrevistados manifestó que durante los últimos 3 meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún delito. La encuesta revela cómo la población califica el desempeño de las autoridades. El 62.8 por ciento calificó como “muy o algo efectivo” el desempeño de la Gendarmería Nacional, seguido por la Policía Federal, con el 55.2 por ciento mientras que las Policías Estatal y Preventiva Municipal obtuvieron el 38.9 y 32 por ciento respectivamente.
Con estas informaciones de dominio público, parece muy clara la ruta crítica que las autoridades de todos niveles deberían seguir en este país para paliar y luego revertir la crisis de seguridad en la que el país vive desde hace por lo menos tres o cuatro décadas. Así que los ciudadanos deberemos fijarnos muy bien en que quienes pidan nuestro voto en los siguientes proceso electorales conozcan la crítica problemática que enfrentan y propongan alternativas viables más allá de comprar patrullas nuevas y estacionarlas en la plaza pública para que todos las veamos. En Aguascalientes, las y los próximos candidatos, sean dependientes o independientes, broncos, azules, rojos o de colores; deberán tener muy presentes las necesidades y problemas de los ciudadanos. Y más importante aún: después de las campañas, intentar gobernar con efectividad y con transparencia, asumiendo los grandes problemas de la seguridad pública de manera seria y considerando las legítimas y verdaderas preocupaciones de la mayoría de la sociedad a la que pretenden servir.
@efpasillas
