La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (Envipe) que elabora el INEGI arrojó que, en el año 2013, el robo o asalto en el transporte público, la extorsión, el robo en casa habitación y el robo en general son los delitos que más reportaron las mujeres en México. Además las mujeres víctimas reportan un daño emocional o psicológico de un 12%, mientras que los varones víctimas de delitos reportaron un 6%. Los datos de INEGI son importantes ya que abren una luz para reconocer los distintos tipos de delitos que sufrimos mujeres y hombres; no obstante, la encuesta no proporciona una mirada profunda hacia los delitos específicos en razón de género. Hasta este 2015 no existen datos oficiales que nos hablen, por ejemplo, del delito de feminicidio, de los lugares donde las mujeres son víctimas con mayor frecuencia, de la prevalencia del delito, en manos de quién, en qué horarios. A esto se suma la imposibilidad de establecer una homologación de delitos contra las mujeres debido a las diferencias en los códigos penales estatales.
Preocupados por la laguna en materia de delitos cometidos contra las mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México, en 2014, realizó una encuesta sobre Mujeres en el transporte público, arrojando que siete de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de delito en este ámbito. El mismo estudio realizado en la ciudad de Puebla, mostró que siete de cada de diez mujeres sufrieron delitos en el transporte público. Ambas investigaciones fueron más allá de los delitos estipulados en los códigos penales y descubrieron que las mujeres sufren en el transporte público ataques al pudor, hostigamiento, acoso sexual, violación y tocamientos. Estos delitos nos hablan de la violencia exponencial que las mujeres sufrimos en el espacio público (en las calles y en los medios que utilizamos para transportarnos) y que la Ley para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no está siendo considerada cabalmente por el Estado.
Para el caso de Aguascalientes, los datos de INEGI reportan que las mujeres sufren mayoritariamente asaltos en el transporte público, extorsiones, robo y robo a casa habitación. Al contrario que en D.F. y Puebla, en la entidad no se han elaborado estudios para saber qué tipos de delitos sufrimos las mujeres en razón de género. No obstante, los casos nacionales no distan mucho de la realidad del resto de los estados, en Aguascalientes hace falta una regulación en el transporte público para que trabaje de la mano con seguridad pública y atender los casos de acoso sexual y violencia que sufrimos las mujeres. A este respecto, el artículo 1049 del capítulo VI del Código Urbano del Estado ordena a los concesionarios de transporte público a cumplir con normas de urbanismo pero no se hace referencia en ningún momento a normas con perspectiva de género que detallen desde cómo evitar acosos hacia las mujeres, cómo persuadir a las y los usuarios para que denuncien, cómo sancionar a los acosadores, establecer una línea telefónica con números de atención a víctimas; hasta cómo prevenir los delitos.
El tema de la seguridad y el acceso de las mujeres a la justicia es un asunto de Estado, su incumplimiento o su desestimación (como lo fue destinar únicamente 200 mil pesos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) lanzará a Aguascalientes a un entramado de desigualdad y violencia, impactando directamente en el desarrollo social.
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