El cambio es la constante de nuestro tiempo. Vivimos un proceso de modernización y transformación de estructuras sociales, económicas y políticas, en una “aldea global”, tal como denominó hacia fines de la década de 1960 el filósofo Marshall McLuhan a una interconexión humana a escala global, generada por los medios electrónicos de comunicación; una aldea global de alta proximidad por los avances en esos mismos medios de comunicación y los de movilidad, los progresos en la ciencia y la tecnología, así como por los flujos comerciales y los desplazamientos poblacionales.
A partir de estos fenómenos, la globalización, la interdependencia y la consolidación de bloques regionales avanzan, al parecer, irrefrenablemente. El aislacionismo -incomunicarse del mundo y no intervenir en los problemas internacionales- y la autarquía -establecer una economía autónoma y cerrada al exterior- no son sólo imprácticos, sino insostenibles.
Por definición, el desarrollo político lleva implícito la idea del cambio y la transición. Puede traer consigo, también, el avance hacia formas democráticas de gobierno, más o menos imperfectas. Se trata, pues, de la transformación de estructuras, procesos y metas, que afectan la distribución y el ejercicio del gobierno en una sociedad; de la reconformación de la influencia y el poder político. Un sistema puede adaptarse a las nuevas demandas y alteraciones en el contexto de operación, o caducar y ser reemplazado.
Un sistema político se desgasta al no afrontar cabalmente los cambios que surgen del seno de la sociedad y aquellos de orden económico. La apertura y la flexibilidad son condiciones indispensables para hacer frente a las demandas sociales, disminuir la presión de grupos en conflicto y configurar instrumentos de adaptación y adopción del cambio social.
Por ello, resulta imprescindible que la acción política posibilite la movilización y la organización comunitaria a partir de elementos internos, tales como el liderazgo y la formación de estructuras de colaboración, capaces de convertir en acción la voluntad de transformación; y externos, que nos permitan abrevar y aprender de lo que acontece en otras latitudes, para ser y estar en el mundo con mayores elementos para la acción local.
Por otra parte, un problema ingente es que hasta ahora sólo se plantea la reconformación del poder político, pero no se abordan con claridad y precisión acotaciones al poder económico, el cual subyace en todos los problemas de la sociedad. Un tema que no puede seguir soslayándose.
La metáfora del crecimiento lineal y uniforme, que proyecta para todos los países el tránsito por las mismas etapas de desarrollo, se plantea como una definición incontrovertible. Sin embargo, no puede haber iguales períodos de progreso, o idénticas evoluciones agrarias e industriales, para pueblos histórica, cultural, social y económicamente diversos. Es una visión enormemente reduccionista de la realidad que encuentra su versión más acabada en el modelo neoliberal, el cual postula el Estado mínimo y el mercado máximo.
De ahí que sea importante hacer hincapié en que el tránsito hacia la modernidad no tiene forzosamente que someterse a ningún determinismo. Es decir, los países no tienen por qué acatar el dictado unilateral impuesto por los grandes centros de poder económico. Suponer que México debe transitar por las mismas etapas de desarrollo, entre la tradición y la modernidad, como lo han hecho naciones como Estados Unidos o Gran Bretaña, es dejar de lado un sinnúmero de particularidades sociales, culturales, políticas y económicas.
Por el contrario, no existe un patrón único de desarrollo ni de modernización, ni ningún requisito universal e indispensable. La imposición a ultranza en un país de un modelo de desarrollo proveniente de otras latitudes puede llevar, y los países latinoamericanos son ejemplo de ello, a distorsiones y tergiversaciones poco propicias para la estabilidad política y la democracia.
Los resultados de estas distorsiones son harto conocidos: hacia adentro, una creciente desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, el aumento de la extrema pobreza, la fractura de la sociedad en estamentos marcados por la iniquidad y la confrontación clasista, el colapso del mercado interno, y la corrupción como modus vivendi, factores todos que conducen a su vez a fenómenos incontrolables, como el narcotráfico.
Hacia afuera, se profundiza una creciente asimetría en las relaciones de poder económico y financiero, tiene lugar el desplazamiento de la toma de decisiones hacia centros foráneos, y se pone en práctica la extraterritorialidad.
En estos escenarios sociales, potencialmente incontrolables, siempre acecha el peligro del autoritarismo.
Una apreciación alternativa sería que el desarrollo no puede identificarse estrictamente con ningún modelo en particular, sino que es una cualidad que puede caracterizar a cualquier tipo de sistema político, como proponen muy diversos teóricos y científicos sociales.
Resulta ilusorio pensar que los modelos de desarrollo de las naciones más aventajadas puedan funcionar con eficacia en los países menos desarrollados, como los de América Latina. Estos deben buscar y eslabonar sus propios modelos, acorde con sus experiencias históricas, a su realidad social y cultural.
El progreso, concluiría el politólogo Lucian W. Pye, es posible en cualquier escenario de cambio que conlleva “un sentido de avance acumulativo”. No existe una ruta corta y fácil hacia el progreso y el bienestar social. Tampoco hay un camino predeterminado. Los procesos de construcción colectiva del cambio son imprescindibles.
La búsqueda de nuevos modelos de desarrollo, si bien deben converger en la apertura al mundo, su signo vital será la autodeterminación de los pueblos.
