Detecta CNDH importantes deficiencias en reclusorio para jóvenes de Aguascalientes - LJA Aguascalientes
23/11/2024

  • De 24 indicadores, la entidad reprobó en ocho
  • Deficiente en trato digno, acceso a servicios de salud e igualdad

Condiciones de desigualdad, deficiente trato digno, carente acceso a servicios de salud y falta de manuales de procedimientos son algunas de las observaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó a Aguascalientes en su reciente informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes.

El documento incluye 24 indicadores que fueron calificados en todos los centros existentes en el país. Del total, Aguascalientes tiene severas observaciones en ocho.

En el aspecto denominado “trato digno” se revelaron deficiencias relacionadas con la falta o escasez de áreas necesarias para el adecuado funcionamiento de los centros, entre las cuales se encuentran las de ingreso, observación y clasificación, locutorios (para realizar llamadas telefónicas), protección, visita familiar, cocina, comedores, talleres, aulas, bibliotecas e instalaciones deportivas.

Junto con otras 35 entidades que alojan población mixta en sus centros de tratamiento interno, Aguascalientes carece de instalaciones adecuadas para las mujeres, restringiendo su acceso a actividades o servicios que en ellas se brindan, o bien, tienen que compartirse con los varones áreas como las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios y áreas deportivas y médicas.

Agrega que en el Centro Estatal de Desarrollo para el Adolescente (Ceda) no existe personal técnico específico para la atención de las menores internas, por lo que se comparten los servicios del personal que atiende a los varones, lo que se considera como un ineficiente acceso a servicios dignos y especializados.

Como parte del apartado de legalidad y seguridad jurídica, la CNDH observó que en la entidad no existe una estricta separación entre hombres y mujeres que están sujetos a procedimientos y los que cumplen una medida de tratamiento debido a que no se realiza una apta clasificación de estas personas porque las autoridades no establecen criterios para ubicarlos o las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para tal efecto.

Quienes cumplen alguna sentencia en el Ceda tampoco cuentan con conocimiento apto sobre sus derechos y obligaciones debido a la inadecuada difusión de reglamentos y a que la información únicamente se realiza de forma verbal y no existen ejemplares destinados para su consulta. El informe de la CNDH también detectó deficiencias en materia de normatividad; el centro de tratamiento carece de reglamento interno y/o manuales en los que se precise en forma detallada los procedimientos que regulan cada uno de los aspectos de la vida diaria y administración del lugar.

Agrega que en 23 centros de atención para jóvenes infractores del país, entre ellos el de Aguascalientes, no se cuenta con el personal necesario en las áreas de sicología y trabajo social, además de los puestos enfocados a las actividades ocupacionales, laborales, educativas y/o deportivas.

Finalmente, la CNDH consideró como infracción a los derechos humanos la restricción para las visitas familiares, lo que afecta los vínculos con personas del exterior debido a que únicamente se permite entre uno y tres días a la semana: “A través de este documento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace patente su enorme preocupación por las deficientes condiciones de internamiento de los adolescentes que infringen las leyes penales y que se encuentran privados de la libertad, así como por la falta de equipamiento apropiado de los centros de tratamiento destinados para ellos, a partir de las irregularidades detectadas, con la finalidad de que las autoridades responsables lleven a cabo las acciones necesarias para atenderlas y, con ello, garantizar el respeto a sus derechos humanos”, se lee en el informe.


En la supervisión, realizada en 2014 y cuyos datos fueron publicados en 2015, participaron 69 servidores públicos; 21 de ellos adscritos a la CNDH y 48 pertenecientes a 20 comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos. La comisión perteneciente a la entidad no participó en el informe.


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