- La deuda sigue en aumento y eso representa una amenaza para la estabilidad económica al estado, al igual que al resto del país
- Es prioritario acabar con excesos en la contratación y manejo de la deuda en estados: Herrera Ávila
Fernando Herrera Ávila aseguró que la deuda de los estados y municipios en el país, que asciende a 511 mil millones de pesos al cierre de junio pasado, es una bomba de tiempo.
Herrera Ávila señaló que dicha deuda sigue en aumento y eso representa una verdadera amenaza para la estabilidad económica del país, además de los efectos adversos que tiene para el desarrollo de cada municipio y cada estado.
El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional se dijo satisfecho con la iniciativa presentada ayer para establecer candados a las deudas estatales, con la que el Ejecutivo Federal coincide con un planteamiento hecho desde hace varios años por el PAN para impedir que se contrate deuda que comprometan la economía nacional.
Asimismo, recordó que el tema ha sido de los más sensibles y prioritarios que el PAN ha enarbolado e intentado solucionar desde pasadas legislaturas, pero que los legisladores del PRI se negaron a aprobar. Consideró además que la iniciativa presidencial es un paso importante y en la dirección correcta. Sin embargo, aclaró que la propuesta del presidente será analizada con mucho cuidado y responsabilidad, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado: “Merece nuestra atención toda iniciativa encaminada a impedir lo que está sucediendo ya en distintas entidades del país, como el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el estado de México -la mayoría de origen priista- cuyas deudas escandalosas son un llamado de alerta”.
El senador panista señaló que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de legislar, de construir el andamiaje legal para poner un alto a la irresponsabilidad con que algunos gobernadores que endeudan abusivamente a sus estados, y apuntó que es necesario acabar con excesos en la contratación y manejo de la deuda en estados y municipios, garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a conocer la deuda pública en sus estados y establecer sanciones ejemplares a los funcionarios que no respeten la ley y contraten deuda de manera indebida.