De política, una opinión / Estrategia del PRI: descalificar a AMLO, ¿para ocultar el caso Monex?

Según sea la disposición de la persona que observa en este momento el panorama político, será la apreciación que tenga de la etapa postelectoral de la elección presidencial; podemos identificar varias de estas disposiciones: la primera es de los simpatizantes del candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección, el priísta Enrique Peña Nieto; la segunda correspondería a los simpatizantes del candidato del segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador; y otra más, en la que estaría incluido de manera general el PAN, la disposición de quienes reconocen al candidato que obtuvo el mayor número de votos, pero dudan que lo haya hecho en juego limpio.

Los indicios conocidos en el caso Monex, considero, han causado una alerta mayor en el PRI; en el contexto de corrupción y de engaño en el que se han manejado recientemente varios de sus gobernantes (como Mario Villanueva Madrid, quien ahora ha reconocido su participación en el lavado de dinero de la delincuencia organizada), ven difícil librarse de esa imagen en este caso. Parece, entonces, que la alternativa de defensa del PRI está incluyendo varias líneas de acción: la primera sigue siendo la negación de absolutamente todas las acusaciones y la afirmación de que su elección presidencial fue completamente limpia; la segunda es la desacreditación del denunciante de particulares ligados al PRI, José Aquino; la tercera es el contra-ataque fiscal a las organizaciones del Movimiento Ciudadano, Honestidad Valiente y Austeridad Republicana; y, la cuarta línea de acción es la descalificación de López Obrador, ayudada por la orquestación de muchos medios de comunicación.

En el escenario político y de los medios de comunicación, el panorama comienza a tener elementos de confusión; por un lado, el bombardeo de información apoyando a Peña Nieto, con las descalificaciones mencionadas; por el otro, no ayudan los datos como la trayectoria de rijosidad de López Obrador, los acosos a las tiendas Soriana –independientemente de quiénes sean los directamente responsables de su realización–, y ciertas informaciones desmedidas como la de triangulaciones por 8 mil millones de pesos para Peña (La Jornada, 3 Agosto).

El riesgo hoy, considero, es que los ciudadanos nos vayamos con el medio ambiente de los medios de comunicación y nos quedemos varados en la estrategia de defensa del PRI; el elemento conclusivo de la estrategia es que si esta elección presidencial tiene un problema, ese problema es, precisamente, López Obrador –quien volverá a impugnar, dice el dirigente nacional priísta, el resultado de la elección de 2018-. El efecto de confusión es que, ante la falta de aclaración de las denuncias por parte de las autoridades responsables de hacerlo, lo que procedería sería dejar las cosas por la paz y dar vuelta a la hoja, dentro de la pésima tradición mexicana.

El asunto de fondo, por lo tanto, es la aclaración de las denuncias presentadas por el PAN y el PRD contra el PRI por el asunto Monex, por manejo paralelo de recursos de procedencia presuntamente ilícita y con empresas aparentemente fantasmas; el asunto de fondo, consecuentemente, no es, en mi consideración, que Peña no vaya a ser el próximo presidente de la república, ya que el camino jurídico para aplicar los criterios constitucionales de libertad y equidad en las elecciones, no está claro en la ley, razón por la que el Tribunal Electoral difícilmente podrá hacer otra cosa distinta a la confirmación del triunfo de Peña como presidente.

De tres asuntos generales acusados contra el PRI, como son la manipulación de la información realizada por muchos medios de comunicación, junto con las encuestas manejadas en la campaña, la coacción y la compra de votos, y el caso Monex, sólo este último es el que tiene indicios clave que sí podrían apuntar a resultados jurídicos concretos. Nuevamente y por lo que respecta a los medios de comunicación, el punto no va en la dirección del informe dado a conocer por el IFE de que los medios cumplieron con el 97 por ciento de los promocionales –tomándolo como justificación para anular la mencionada acusación-, sino en un aspecto que, ciertamente no está ni puede estar controlado por la ley, y que tiene que ver con la táctica usada por varios de ellos para exculpar y justificar todo lo relativo a Peña, y culpar y descalificar lo de los otros candidatos, a través de sus comentarios rutinarios y de influencia en sus audiencias.

Es importante, pues, evitar confundir lo cuestionable que pueda ser la posición de López Obrador –de acuerdo a quienes así la consideran–, con el olvido y la eliminación del caso Monex; las denuncias en este caso, en breve resumen, iniciaron por separado: por un lado, el PAN mostró tarjetas Monex, para entregar recursos a operadores electorales priístas –el PRI reconoció las tarjetas después de haberlo negado, para supuesto gasto ordinario-; por el otro, Aquino denunció a particulares vinculados al PRI por incumplimiento de contrato, teniendo como puntos clave que con el documento firmado por 56 mdd sí se fondearon recursos, que la coartada fue estupenda –de promover la imagen de Peña en EUA– ya que por sí misma sería improcedente y la acusación carecería de validez jurídica, y que los fondos para dicho contrato se encontraban en Monex.

Las solicitudes de aclaraciones del caso Monex, por consiguiente, deben atenderse por sí mismas, y no en razón de que también provengan de López Obrador y el Movimiento Ciudadano; las demandas para las aclaraciones tampoco dividen al país ni causan inestabilidad.

El riesgo de que el país vuelva a los tiempos en que los priístas ocultaban las corrupciones, y de que sostenían en la comunicación política que todo estaba e iba muy bien, es real; la regresión democrática, como la que vivimos en Aguascalientes, es delicada, ya que uno de sus efectos es pretender controlar no sólo los poderes de gobierno, sino a la misma sociedad civil.