- Es militante priista desde 2010, durará en el encargo seis años
- Los legisladores tuvieron la oportunidad de establecer en la ley la prohibición de afiliaciones partidistas y no lo hicieron
Un comunicado de prensa enviado desde la Fiscalía General del Estado informó que el titular de dicha dependencia, Óscar González Mendívil, designó a Guillermo Rafael Escárcega Álvarez -de afiliación priista- para ocupar el cargo de fiscal especial en delitos electorales.
El documento detalla que el fiscal general sostuvo una entrevista con los tres aspirantes, invitados por la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, a fin de conocer su plan de trabajo y las actividades jurídicas llevadas a cabo durante su desempeño laboral.
El argumento para la designación del nuevo fiscal electoral es el siguiente: “se tomó la decisión de nombrar al licenciado Guillermo Rafael Escárcega Álvarez como titular de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, tomando como base su plan de trabajo donde plantea establecer los protocolos estandarizados junto con la Federación y las entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley. Del mismo modo, plantea respetar el principio de máxima publicidad en las actuaciones institucionales que impulsará la colaboración entre las fiscalías electorales de las entidades federativas que permitan la creación de un sistema de intercambio de información para coadyuvar en la integración de las averiguaciones previas”.
La designación del cargo pasó a manos de González Mendívil luego de que en el Congreso del Estado ninguno de los tres aspirantes (Guillermo Rafael Escárcega Álvarez, Gerardo Cruz Bedolla y José Guadalupe López Ramírez) lograra sumar 18 votos del Pleno Legislativo.
Según declaraciones de Escárcega Álvarez, su afiliación al PRI data desde el 2010. Para los grupos políticos de oposición esto puede ser utilizado para favorecer al Revolucionario Institucional durante los comicios electorales del 2016, en donde se elegirá a gobernador, presidentes municipales y diputados locales.
En entrevista, González Mendívil indicó que la Fiscalía Electoral no es autónoma, deberá integrarse a una estructura de trabajo y contará con el mismo estatus que la fiscalía de homicidios o la de secuestros. Añadió que será la Fiscalía General quien determine las condiciones en las que la Fiscalía Especial de Delitos Electorales desempeñará sus funciones y la afiliación partidista de Escárcega Álvarez debería no afectar que el proceso electoral se lleve sin irregularidades. Para González Mendívil, los legisladores de oposición tuvieron la oportunidad de establecer en la ley la prohibición de afiliaciones partidistas, y no lo hicieron.
“El legislador tuvo la oportunidad de establecer las condiciones en la ley, y no hay ninguna prohibición en cuanto a la militancia o preferencia partidista, tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron”.
Además, el fiscal general explicó que la ley no prevé un presupuesto específico para dicha área: “al momento que la aprueban no hay un transitorio que indique la partida presupuestal para ello, parece que la sola mención resuelve la existencia del área, entonces tenemos que prever recurso para ella, porque además el próximo año es muy importante electoralmente hablando”.
Para ingresar a la Fiscalía General del Estado, Escárcega Álvarez deberá ser sometido a exámenes de control y confianza, de reprobarlos, el proceso de designación deberá comenzar de nuevo, sin embargo, el coordinador de la bancada mayoritaria en el Congreso del Estado (PRI-PVEM), Jorge Varona Rodríguez, indicó que esto no está previsto en el Código Electoral del estado.
“Ya veremos en esa circunstancia que procede legalmente, pero no está previsto en el Código Electoral, ahí sólo indica que si hay ausencia de fiscal de delitos electorales, se inicie el procedimiento tal como se hizo en esta ocasión. Si por alguna circunstancia renuncia o se separa del cargo, se vuelve a realizar el mismo procedimiento para otra designación.”
Escárcega Álvarez durará en el encargo seis años.