Para darle marco a mi colaboración de esta semana, déjeme comentarle que en el Congreso del Estado de Aguascalientes las y los diputados nos encontramos en estos momentos tratando de resolver el delicado proceso legislativo que permitirá llevar la designación del primer fiscal especial de delitos electorales, previsto en nuevo Código Electoral Estatal.
Los 27 legisladores andamos con una especie de lámpara de Diógenes, tratando de encontrar al mejor perfil que cumpla con esta delicada tarea. Se trata ni más ni menos de aplicar la justicia en materia electoral.
Debo reconocer que darle forma al consenso necesario para votar esta designación no está resultando una tarea fácil. Bien pudiera afirmar que en estos momentos se encuentran sometidos a prueba, una vez más, los mecanismos de acuerdo parlamentario al interior del Congreso.
Quiero reflexionar sobre qué tanta filia o qué tanta fobia partidista debemos y estamos dispuestos los legisladores a tolerar en los perfiles propuestos. Pues como ha ocurrido en las últimas horas, antes incluso de llegar a la sesión de hoy, el PAN y el PRD, de manera expresa, han hecho señalamientos de supuestas parcialidades partidistas, lo que según sus argumentos los inhabilita para poder ser electos.
Al fragor de este debate, me parecen pertinentes los esfuerzos que se puedan invertir para poner, primero, en su justa perspectiva este debate; que lo alejemos de falsos maniqueísmos, o que lo convirtamos en un discurso por lo menos falaz.
Una decisión tan delicada como ésta no debe resolverse por medio de argumentos endebles, sino apelando a la objetividad e imparcialidad en el análisis, pues por principio de cuentas exigir a los aspirantes que para participar en el proceso deben primero distanciarse o renunciar a su militancia partidista, a la que tienen todo el derecho por el sólo hecho de ser, antes que candidatos, ciudadanos, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, me parece injusto.
La ley no exige dicho requisito y nosotros los legisladores debemos valorar en un plano más de corte parlamentario y de construcción de consensos, si en particular alguno de los perfiles conlleva una vez electo, un riesgo mayor o menor de comprometer la calidad, la eficacia y el desempeño ético en el cumplimiento de sus funciones, por el solo hecho de interferir en su labor su filiación política.
Ésta me parece desde luego una tarea delicada y muy pertinente que debemos atender en el proceso de selección, como considero que justo lo hemos estado haciendo, desde las distintas comisiones responsables, empezando por la de Justicia que presido.
Pero también me da pie para reflexionar acerca de la justa perspectiva que desde el punto de vista institucional, las distintas formas de participación de la ciudadanía han venido contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia. En tal lógica, por lo menos en el caso de nuestra experiencia nacional, no ha sido un pecado capital el hecho de tener que renunciar a las preferencias partidistas propias, por parte de aquellos ciudadanos que en su condición de voces participantes desde la trinchera ciudadana, en su momento decidieron participar en los procesos de ciudadanización que demandaron paulatina y gradualmente muchas de las instituciones emblemáticas de la democracia que fuimos construyendo durante las pasadas décadas.
Ejemplos de ello abundan: aquí le dejo sólo algunos de estos casos: Alonso Lujambio (qepd), quien de 1996 a 2003 fue consejero del Instituto Federal Electoral, posteriormente en 2009, llegó a fungir como secretario de Educación Pública en un Gobierno Federal panista. Juan Molinar Horcasitas, también ya fallecido, pero quien en 1996 fuese electo consejero del Instituto Federal Electoral y llegó a ser también secretario de Estado de gobiernos de extracción panista. Y Santiago Creel Miranda, pues llegó incluso a ser secretario de Gobernación (fue de hecho el primer secretario de Gobernación emanado del PAN), pero quien antes había sido de 1994 a 1996 consejero “ciudadano” del IFE. Los tres personajes fueron el mejor ejemplo de una epidérmica ciudadanización que nunca ocultó la albiceleste preferencia que brotaba de su corazón panista.
Sumariamente diría que ser militante, simpatizante o alguna otra variante de afección por algún partido o preferencia partidista no es pecado mortal para poder participar de los procesos de autonomía de las instituciones de nuestra democracia. Lo importante es tener la honestidad intelectual de reconocerlo y saber conducirse con probidad en las delicadas tareas que el ciudadano les encomienda con su nombramiento.
Política de la buena: Mi reconocimiento a Gerardo Cruz Bedolla, a Guillermo Rafael Escárcega Álvarez y a José Guadalupe López Ramírez, por su disposición para participar como aspirantes en el proceso de nombramiento del primer fiscal especial de delitos electorales. Los tres reúnen sobradamente los requisitos para ocupar tan alta responsabilidad.
