El acceso a la seguridad social debe prevalecer como un derecho reconocido y defendido constitucionalmente en beneficio de cada uno de los mexicanos. Un deber que invariablemente se debe cumplir para la preservación de la vida, para la intervención puntual por la legalidad en el trabajo y para el desarrollo ordenado de la nación.
El nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, y posteriormente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se dio precisamente en la inspiración de garantizar la protección a la salud, integridad y del bienestar de los trabajadores y sus familias.
Junto con la Secretaría de Salud han diseñado un modelo de atención médica que en el lenguaje oficial se reconoce como ejemplar en América Latina, aunque en la percepción de los ciudadanos dista aún por llegar a los servicios integrales en condiciones de oportunidad, calidad y calidez.
Precisamente ha sido en el trayecto de la historia del IMSS como del Issste donde los actos de corrupción y negligencia en las más altas esferas opacan el trabajo que protagoniza dignamente el personal médico, de enfermería y administrativo para hacer efectivo ese apostolado de que “no hay paz verdadera sin justicia social; no hay justicia social sin seguridad social”.
Durante los últimos días, y particularmente en las influyentes redes sociales, ha circulado con fuerza el temor por el hecho de que el Gobierno de la República opte por una reforma en materia de salud, que entre otros asuntos, implique la privatización del Seguro Social y del Issste.
He captado en estas vías el sentir de muchas familias y profesionales en la salud sobre lo que está pasando en torno de la medicina pública. Hemos coincidido que no se trata de un tema de colores ni de propiedades de los partidos. He entendido la sugerencia de quienes piden más recursos públicos a los hospitales y menos a los partidos políticos y para la burocracia.
También acierto con los que me señalan que los problemas del IMSS y el Issste van más allá de lo financiero y que actualmente hay un caos en el trato a sus derechohabientes.
El tema pudo haber quedado sólo como un rumor, de no ser que las instituciones médicas responsables de otorgar los servicios médicos a la población abierta y derechohabiente estén fallando en el surtido de recetas de medicina y en la programación de citas.
No se trata de un asunto menor, y en los medios de comunicación que dispongo para no perder el contacto con los aguascalentenses he estado recibiendo las quejas y dudas sobre la atención médica que les ha sido limitada y hasta negada de momento.
Hay que darle la justa dimensión al tema de la salud, el cual no debe estar sujeto a la interpretación e incertidumbre porque, insisto, tiene que ver con la vida de cada persona y el de su bienestar.
A 72 años de vida del IMSS y los 56 del Issste no se entiende en este momento su reinvención, menos aún cuando sus presupuestos de operación han venido creciendo sustancialmente para ser viables y efectivos, sobre todo para el beneficio de las familias con mayores limitaciones económicas.
En mi responsabilidad como senador de la República decidí encarar el futuro de la seguridad social buscando inicialmente tener la información bien documentada. Que mi consideración no estuviera inducida bajo el criterio de la disciplina camaral.
Aún recuerdo lo mal que nos fue cuando se quiso ocultar la realidad del desabasto de la gasolina, que por cierto sigue latente el problema.
Es por ello que presenté un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud, del IMSS y del Issste, a que implementen acciones que resuelvan el desabasto de medicamento e informen de manera pública, veraz y oportuna a los derechohabientes de los servicios de salud sobre qué es lo que está pasando o está por venir.
Que se aclare de una vez si hay una intención privatizadora de los servicios de seguridad social, o bien, si el Presidente Enrique Peña Nieto ya decidió cumplir esa oferta de campaña que tuvo en lograr la universalidad de los servicios de salud.
Por ningún motivo debe detenerse la prestación de servicios médicos. Debe ser urgente e inmediata. Este compás de espera que se ha propiciado sólo está provocando daños, tanto a la salud de las personas como a la credibilidad de las instituciones.
Quienes están afectados por algún padecimiento crónico degenerativo como es la diabetes mellitus, las enfermedades del corazón, los tumores malignos o los trastornos gastrointestinales, entre otros, no merecen que su atención se vea suspendida. Tampoco se les debe exponer a que recurran a la medicina privada y vean afectadas aún más sus finanzas familiares.
Sería impensable que, con todas las cuotas que reciben de los trabajadores, el IMSS y el Issste se encuentren en fase de terapia intensiva.
Es inhumano hacer que las personas con una salud quebrantada y quienes se encuentran o puedan ingresar a la etapa de la jubilación, paguen por algún posible mal manejo financiero.
Por ello, es imprescindible que el Gobierno Federal nos precise sus planes. Anticipo que no seré comparsa de cualquier distractor para confundir y engañar a la sociedad. Tendré una abierta oposición a cualquier intención que implique medidas privatizadoras y las que se relacionen con la limitación de los servicios a la salud.
Bien se dice que cuatro cosas hay que procurar para disponer de una sociedad en armonía y con desarrollo, y son: la salud, el saber, la templanza y la paz. A ellas les seguiré apostando.
