Legisladores reconocen desafíos en la nueva Ley General de Transparencia

• La armonización en el ámbito local plantea un importante reto para el Congreso del Estado
• El senador Fernando Herrera aceptó que hace falta mucho por hacer en la materia
• La vinculación de la sociedad con la información sigue siendo un tema pendiente por abordar

Como parte de un ejercicio para evaluar los alcances de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) en Aguascalientes organizó un foro nacional en el que se desarrollaron diversas actividades, una de las cuales fue un diálogo con legisladores tanto locales como federales, y actores involucrados en el esquema de la transparencia, para reconocer los retos y desafíos que plantea la recientemente aprobada legislación.

Fernando Herrera Ávila, senador por Aguascalientes, habló acerca del contenido de la iniciativa que fuera aprobada, poniendo énfasis en sus logros, como modificar la naturaleza del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y garantizar su autonomía ahora como Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI); incluir como sujetos obligados a todos los poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, o bien cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos; facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de transparencia y la coordinación entre los organismos de transparencia con otros como la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información; así como la posibilidad que tendrá el INAI para atraer casos trascendentes de las entidades federativas.

También presumió que con la nueva ley, no podrá clasificarse como reservada aquella información que se relacione con violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y agregó que “se incluye la posibilidad de conocer el nombre de los contribuyentes a los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condone o cancele créditos fiscales.

Herrera Ávila aseguró que con la misma se prevén sanciones para los servidores que se nieguen a proporcionar información, y enunció también algunos otros elementos, como la garantía de acceso a la información de las finanzas de los partidos políticos y sindicatos, además de la obligación de publicar información sobre geolocalización, y el hecho de que cualquier persona pueda denunciar la falta de transparencia de los sujetos obligados. No obstante que reconoció los avances en la materia, aceptó que existe mucho por hacer.

Javier Luévano, alcalde del municipio de Calvillo, recordó que la ley obliga a todos los entes a un compromiso de avanzar en el acceso a la información sobre las acciones que se llevan a cabo con recursos públicos. Reconoció que se requiere una sociedad más involucrada en el manejo y desempeño de los órganos de gobierno, y destacó la importancia de los consejos y comités de participación ciudadana, para brindar esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como la realización de consultas para consensar en torno a proyectos del municipio mismo.

Por su parte, Martha Márquez Alvarado, coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, indicó que la transparencia es un tema crítico en los estados, reflejado de la calificación reprobatoria que obtuvieran ante la evaluadora Fundar. Recordó que la LXII Legislatura ha aprobado la minuta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, y lo vinculó con la necesaria aprobación de la Ley de Transparencia en el estado, así como su armonización.

Además, la diputada local por el PAN estableció que los legisladores locales tienen la obligación de garantizar una ley que evite en menor medida la existencia de información reservada, y relacionó el funcionamiento del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y el Órgano Superior de Fiscalización, instancias que, dijo, deben de ser fortalecidas.

Mientras que Cuauhtémoc Escobedo Tejada, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, destacó los retos que plantea la legislación federal para con el estado. Propuso como derecho humano en la Constitución local el acceso a la información pública, y aseveró que esa debiera ser la primera modificación, y posteriormente llevar a cabo la armonización de las leyes secundarias correspondientes. Señaló también la necesidad de dar más fortaleza a las instancias revisoras de los esquemas de transparencia, para incrementar su facultad sancionatoria, y reiteró la postura acerca de evitar reservas en la información.

El legislador perredista indicó que existen otros desafíos como la concientización a la ciudadanía, para que ejerce su derecho a la información, y el vincular a organizaciones de la sociedad civil, e instituciones educativas con dichas herramientas, así como trabajar el tema de la autonomía de las contralorías internas y el nombramiento de sus titulares. En suma, sentenció, el Congreso local requiere ir más allá de la ley general, y establecer nuevos mecanismos que garanticen la transparencia y acceso a la información.