Honrar la palabra empeñada y establecer una agenda colaborativa con los ciudadanos representados deben marcar la acción de un legislador. María de los Ángeles La China Aguilera, candidata del PRI a diputada federal en el Distrito II, tiene muy clara esta premisa, por lo cual decidió fundamentar sus propuestas en compromisos concretos: impulsar presupuestos participativos, apoyar el aumento del salario mínimo y no incrementar impuestos; regresar y cumplir.
La democracia se sustenta en el principio del consenso social, sin el cual no se concibe la legitimidad del sistema legal, las políticas públicas, económicas y sociales. De ahí que un sistema democrático representativo como el nuestro esté obligado a ampliar sus mecanismos de contacto, evaluación y colaboración ciudadana.
En el PRI sabemos que es necesario transformar a profundidad la relación entre representantes y representados; entre mandantes y mandatarios. En ese sentido, es fundamental introducir cambios estructurales en la administración pública; particularmente, los relacionados con la nueva Plataforma Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el presupuesto base cero.
A nivel local, los gobiernos emanados de nuestra institución política han hecho esfuerzos para generar presupuestos con participación social, pero es a nivel federal donde deberán ampliarse los mecanismos para profundizar las políticas de un gobierno abierto, descentralizado y que da mayor poder de decisión a la ciudadanía en la mejora continua de sus colonias, sus escuelas, sus hospitales; en general, de los servicios públicos.
Por ello será fundamental que elijamos como diputados federales a personas con un profundo conocimiento de la administración pública, como Ángeles Aguilera. Los retos que están a la puerta en materia de impulso a la innovación en la gestión gubernamental reclaman a individuos con probado compromiso y capacidad para resolver desafíos de gran calado.
Este momento histórico nos da la oportunidad establecer un programa progresivo que empuje los cambios necesarios para hacer la administración pública más abierta, interactiva, eficiente; en suma, más democrática. Está en puerta el desafío de mejorar los esquemas de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía e implementar reformas significativas en los mecanismos de información y participación social. La plaza pública del siglo XXI nos convoca a construir confianza y ser mejores gestores de nuestros bienes comunes.
Tal como sostienen los candidatos del PRI, es momento de reconstruir el tejido social con políticas públicas claras, abiertas y de base colaborativa. Estamos transitando a un nuevo paradigma que define a la información pública como un bien común; como un río del cual abrevará la ciudadanía en su conjunto para mejorar colectivamente a la sociedad.
En ese sentido, las instituciones públicas deben entenderse como organizadoras de la información y los recursos, no como concentradoras de autoridad y decisión. Es decir, las concepciones autoritarias y las visiones patrimonialistas del poder habrán de quedarse en el pasado remoto de los mexicanos. El porvenir deberá construirse con un enfoque de apertura, cooperación ciudadana, información compartida para la colaboración y la administración de nuestros recursos, la solución de problemas y necesidades colectivas. Será fundamental transformar el centro para poder ampliar la red de participación social.
Actualmente la mayor parte de las decisiones presupuestales se toman a nivel federal. Esas decisiones repercuten continuamente en la calidad de los servicios públicos de los cuales somos usuarios localmente. El presupuesto participativo reclama un enfoque descentralizado, inspira mayor confianza en las instituciones, sirve para mejorar los servicios y hacer más fácil la evaluación de resultados.
La próxima legislatura del Congreso de la Unión tendrá en sus manos la tarea de instrumentar la reforma en la administración pública. Los presupuestos participativos serán mecanismos que darán mayor poder de decisión al ciudadano, sólo si hay legisladores capaces de hacer los cambios legales que los forjen como instrumento de organización de la sociedad.
Con el respaldo del voto popular, María de los Ángeles La China Aguilera, será gestora de los ciudadanos del Distrito II, impulsora de cambios legales profundos y de la continuación del desarrollo con visión social en Aguascalientes.
Las y los candidatos a diputados federales del PRI saben que legislar en materia de gobierno abierto implica colocar en el centro de las decisiones al ciudadano, como usuario de los servicios públicos, como sujeto de la resolución de problemas comunitarios y del cambio social. Tienen la mejor preparación para impulsar a nivel federal la transparencia proactiva, la participación, la colaboración y la innovación en la administración pública. Está en nuestras manos elegir a los mejores representantes el próximo 7 de junio.
