Según quedó de manifiesto la semana pasada, el concepto gubernamental de sana administración del gasto público es otra versión más de la “ley del embudo”-todo para acá y nada para allá-, típica de la política a la que nos han acostumbrado. Al participar en The Real Estate Show 2015, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que los mexicanos deben “ajustarse a una nueva realidad” y adelantó que los recortes presupuestales para disminuir el gasto gubernamental se han diseñado para ser ejecutados por varios años. Indicó que el entorno internacional se caracteriza por tres fenómenos que hacen complejo el panorama para la economía mexicana: 1. La caída abrupta y permanente en el precio del petróleo; 2. La inminente elevación de las tasas de interés en EU; 3. La consecuente apreciación del dólar. Fenómenos que redundan en un bajo entorno de crecimiento global.
Para este año, dijo, se cuenta con coberturas petroleras que garantizan el pago a 79 dólares por barril, para 2016 el precio que percibirá el erario público será mucho menor. “El entorno internacional que enfrenta hoy México”, aseguró el Secretario de Hacienda, sin lugar a dudas representa un reto muy relevante “en el cual se combinan variables de forma desfavorable para nuestra economía”. Por lo que, “si de preservar la estabilidad de la economía se trata, tenemos que reaccionar ante este fenómeno con responsabilidad y entender que no estamos enfrentando una situación transitoria, sino algo de características permanentes, y por lo tanto reaccionar como se reacciona ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos”. Por tal motivo, recordando a los presentes que este año se hará una reducción al gasto por 124 mil millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del PIB, en 2016 será necesario hacer un ajuste adicional por 135 mil millones de pesos, con énfasis en el gasto corriente y bajo una metodología de presupuesto base cero.
Por otra parte, casi de manera simultánea en términos mediáticos, el periodista Jorge Ramos aprovechó la cena de gala de la revista TIME -publicación que lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo- para hablar del caso de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, despedidos unos meses después de revelar la existencia de la casa blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera valuada en siete millones de dólares, la cual está a nombre de un contratista del Gobierno Federal.
Para efectos del consumo interno, el responsable de las finanzas del gobierno mexicano se afana en convencer a la población de apretarse el cinturón, mientras que en el extranjero se difunden las noticias de sospecha de corrupción y malos manejos presupuestales por parte de importantes personajes del Gobierno Federal. Además de ello, aquí se calla que del erario público se pagaron 16 millones de dólares a la empresa China Railway Construction como “compensación” por la decisión unilateral del Ejecutivo mexicano, nunca explicada ni justificada, de cancelar, en noviembre pasado, el proyecto del tren México-Querétaro que le había sido asignado en licitación.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pide al pueblo “apretarse el cinturón” cuando éste nunca lo ha hecho. Y si bien no es responsable de la caída de precios internacionales del petróleo, sí es responsable de haber causado las condiciones por las que el pueblo mexicano no pueda sortear de otra manera, con productividad por ejemplo, una eventualidad como ésta.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país miembro de este club con más desigualdad en la distribución de la riqueza. Según Transparencia Internacional, es uno de los países más corruptos. Para la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), según se asienta en el pronunciamiento universitario sobre la vida, la justicia y la paz, México tiene uno de los mayores índices de impunidad. Según el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Informe PISA de la OCDE, es el último país en desarrollo escolar. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, es el país más peligroso del continente, aspecto que repercute en su productividad. Según el Fondo Monetario Internacional, es el país donde las personas trabajan más, pero dado el nivel de ingresos por persona, es donde rinde menos el trabajo, aspecto que se manifiesta por el alto “costo-país” debido a los altos precios de los energéticos, las comunicaciones, los transportes y los servicios empresariales en general.
Los mexicanos cumplimos con la obligación de pagar impuestos, en ocasiones por convicción y muchas otras veces por temor. Debemos habituarnos a exigir cuentas sobre el uso y destino del gasto público; asumirlo como un derecho constitucional.
Videgaray propone recortar gastos vía “presupuesto base cero” con criterios generados en los escritorios de servidores públicos hacendarios. ¿Qué pasaría si, en vez de ello, el pueblo exige una reducción del 50% en los sueldos y compensaciones de los cuatro niveles superiores de la burocracia, además de la eliminación de todos sus privilegios? Los legisladores deberían también reducir sus percepciones y hacer otro tanto con los empleados de mayor nivel jerárquico en el Poder Judicial. El costo de la corrupción, según estimaciones independientes, cuesta al erario público entre el 10% y el 20% del presupuesto. Con esto bastaría para enfrentar la crisis de la que habla el Secretario de Hacienda.
El gobierno es el que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Para muchos, no tiene, en estos momentos, la calidad moral para exigir a los mexicanos que hagan el sacrificio que el propio gobierno no hace. Por tanto sería éste el que, después del 7 de junio, tendría que ajustarse a una nueva realidad.
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