Omiso
Enrique F. Pasillas Pineda
En 2015, el INE ejercerá la enorme cifra de 18 mil 572 millones 422 mil 236 pesos del presupuesto público de la República, dividido como sigue: cinco mil 355 millones de pesos a los partidos políticos y 13 mil 216.8 millones al gasto operativo de la autoridad electoral (Excélsior, 18 de diciembre de 2014).
Cabe preguntarnos entonces, a la luz de estas estratosféricas cifras, si el sistema electoral que padecemos es y debería ser una prioridad social; o si a mayor gasto público, como el que se da elección tras elección, ha mejorado la calidad de la escuálida -siendo amables- democracia mexicana.
Cabe decir a propósito que si respondiésemos basándonos en la extendida opinión mayoritaria de los ciudadanos, y sobre todo de los mejor informados como muchos de los 123 mil y sumando que reclaman al INE su evidente actitud omisa a través de la plataforma Change.org que quite el registro al Verde; podemos decir categóricamente que no. Y así, los mexicanos corremos el inminente riesgo de tener el sistema de elecciones más caro y más inútil del mundo, habida cuenta de los insatisfactorios resultados de la democracia electoral mexicana; que alumbra regímenes ilegítimos y autoritarios con los resultados económicos más desiguales del mundo, que producen unos 55 millones de pobres o muy pobres, o que cobija entuertos como el Verde y oposiciones tan dóciles que en realidad no lo son, sobre todo desde que se inventó el denominado Pacto por México y sus conocidas secuelas.
Así parecen concluirlo diferentes estudios y sondeos de opinión recientes, que hablan del crónico déficit democrático y la desconfianza ciudadana en los que a duras penas sobrevive la República. De manera que son muy compartibles las reflexiones y aseveraciones de mis compañeros de Esfera Pública Jesús Medina y Gilberto Carlos Ornelas el pasado 20 de abril respecto a la pobre expectativa y mucha desconfianza que despierta el proceso electoral en curso entre los ciudadanos. Seguramente tiene mucho que ver que ver un sistema viciado, plagado de partidos corruptos y opacos como el que nos evidencia Aguilera Lespron en este mismo espacio de La Jornada Aguascalientes; y una democracia electoral que se le deshace entre las manos a los más conspicuos representantes y promotores del régimen.
Pero en el creciente panorama de ingobernabilidad y desconfianza ciudadana que tan bien describe Medina en su texto, falta por señalar una pieza fundamental en el proceso electoral en curso: el débil y omiso árbitro electoral, con sus 13 mil 216.8 millones de gasto operativo y su más que discreta actuación. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, seguramente es un académico y un hombre bien intencionado, pero su actuación al frente de un órgano como el INE es el perfecto ejemplo de que no bastan las buenas intenciones para regir decorosamente la vida institucional. Y mucho menos de un órgano como el antes IFE, lleno de retos enormes; en especial en un país con una democracia tan débil como la nuestra.
Pareciera el INE así ser el desconocido árbitro de un violento partido de futbol entre rivales sucios y malintencionados. El árbitro tiene, para imponer el orden y permitir el fair play o juego limpio; un nuevo reglamento corregido y aumentado y los medios para hacerlo valer, pero por alguna extraña razón no lo hace. El árbitro sabe que puede y debe usar en ciertas faltas graves de los jugadores la tarjeta amarilla y también la roja; y sabe muy bien en qué casos procede mostrarlas a los jugadores abusivos, violentos o rijosos. Gracias a su reiterada omisión como conductor del juego, éste acabará previsiblemente en una “cámara húngara”, sin un claro ganador, una tribuna agotada, dividida e inconforme, y un vencedor que carece de legitimidad. Pero no sólo el vencedor termina deslegitimado y desgastado por la contienda, sino también y sobre todo, el árbitro.
La crisis de confianza por la que atraviesan gobiernos, partidos y sus representantes alcanza también al INE, quien ha venido siendo cuestionado también por los “partidos de oposición”, señaladamente PAN y PRD, pues lo acusan de que sus decisiones favorecen al PRI y al Verde.
Entonces, este proceso electoral está debilitado de origen por la pésima actuación de sus actores principales: partidos políticos, candidatos y gobierno. Pero también por el mismo árbitro, incapaz de legitimarse siendo firme en nombre de la ciudadanía a la que dice representar, que renuncia a regir con autoridad y decisión el proceso a través de la imposición firme de las reglas del juego. Dicha omisión acaba por influir decisivamente en la participación electoral, donde algunos analistas pronostican que será históricamente baja, es decir, de no más del 60% de los potenciales votantes.
Ante las carretadas ingentes de dinero derrochadas por los partidos y candidatos en todo el país, y considerando la situación de ingobernabilidad y bajísima credibilidad pública por la que atraviesan la mayor parte de las instituciones de la República, casi parece esta suma un enorme e insalvable círculo vicioso que parece el preludio de la tormenta perfecta.
@efpasillas
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El INE administrador
Francisco Aguirre
Coincido con Enrique Pasillas cuando retrata el exorbitado recurso y su relación con la calidad democrática, y es que el Instituto Nacional Electoral ejercerá esa cifra descomunal de dinero para este proceso que, si bien inició el 7 de octubre del año pasado, hasta hace unas semanas principió a materializarse para los ciudadanos, quienes ven y escuchan múltiples mensajes propagandísticos de forma continua en esta lucha por conseguir el voto, en el mejor de los escenarios, o en anular y despreciar a los candidatos y la clase política, o hasta el supuesto “cohecho democrático” y múltiples argucias para intentar cargar la balanza para algún lado; así serán cosas de todos los días de aquí hasta el 7 de junio que el INE tendrá que atajar, remitir al Trife, organizar y/o desechar según sea el caso.
Si bien al INE se le reconoce como “árbitro”, también funciona como administrador de la elección, cosa que no se debate mucho. Un administrador que persigue y obedece los procedimientos que los mismos partidos se supone diseñaron, negociaron y acordaron. No obstante de todo eso, desde el inicio del proceso, ante la designación de los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) en algunos estados, nombre que se le otorgó de forma oficial a los nuevos institutos locales, el PRD y el PAN denunciaron en múltiples ocasiones la intención de algunos consejeros de querer favorecer al PRI.
Y es que si recordamos el ímpetu del Pacto por México, pereció, porque en esto todo es cuestión de percepción, que el PRI aceleró la reforma político electoral propuesta por el PAN a cambio de la aprobación de la reforma energética; sin embargo, lo que ha desconcertado es que uno de los móviles que impulsó dicha “nacionalización” del instituto electoral era “restarle” poder a los gobernadores de los estados en los institutos locales, y como segundo argumento, reducir así los costos de la organización de los comicios. Pero ¿qué pasaría si los órganos locales sucumben ante las negociaciones partidistas o antes los poderes centralistas de los estados?, ¿qué sucedería si esto se comprobara?, ¿sería entonces otro fracaso institucional del país?, ¿será que entonces no se puede legislar esa susodicha influencia de los gobernantes subnacionales?, ¿será que la legitimidad del organismo local y nacional no se puede otorgar por decreto?
Si esto pasara, la inmensa burocracia del gerente de las elecciones, el INE, casi manifestada en forma de un monstruo de cien pies, una cabeza y ningún diente, pone en riesgo el prestigio del organismo que se ha tardado mucho tiempo en construir. La oportunidad de la “verdadera ciudadanización” se perdió desde el diseño propio del ahora Instituto Nacional y a partir de la estructura de financiamiento e incentivos a los partidos políticos en el país. A pesar de eso al INE le sigue faltando demostrar las razones de su transformación, y es que ¿qué le podría pasar al manager electoral si en Guerrero no hay elecciones? o si el próximo proceso (que ya inició) para elegir al nuevo OPLE en Aguascalientes cae en alguna de estas suposiciones hechas preguntas, ¿en qué se podría traducir?, por ahora no queda muy claro; es más, la función pedagógica de los partidos políticos y del INE ha quedado diezmada, la expresión: “anular el voto también es ejercer mi libertad de votar” eleva su furor y a nadie parece preocuparle de fondo esos niveles de abstencionismo. Y si eso no es elemental para el director técnico ni para los jugadores electorales, ¿para quién tendría que serlo?
Hasta que las fuerzas políticas estén dispuestas a someterse a la gestión electoral con todas sus normas y procesos de forma estricta, y por supuesto no se debata ni se resuelva el problema del poder y del acceso a él en el país y en los estados, cualquier instituto, esquema o programa electoral seguirá siendo cuestionado, considerado insuficiente y con “limitaciones” para uno o para otro. La ambición de los dueños del poder es el verdadero problema, al gerente poco le queda, aunque también es válido exigirle. Exigirle pleno apego a la ley, sin tibiezas y sin lamentos. Carácter y eficacia. Más con lo mismo, no más con más, ni mucho menos, menos con más. Ser protagonista de la cultura de la legalidad, no bombero de ley. Al tiempo.
