Todo era de todos/ Todos eran todo/ Sólo había una palabra inmensa y sin revés/ Palabra como un sol/ Un día se rompió en fragmentos diminutos/ Son las palabras del lenguaje que hablamos/ Fragmentos que nunca se unirán/ Espejos rotos donde el mundo se mira destrozado. Fábula (Libertad bajo palabra). Los signos se borran: yo miro la claridad. Cuento de dos jardines (Ladera Este). Hablar/ Mientras los otros trabajan/ Es pulir huesos/ Aguzar/ Silenciosos/ Hasta la transparencia. Blanco. (Octavio Paz, Teatro de Signos / Transparencias. Selección y Montaje, Julián Ríos. Colección Espiral. Madrid.1974).
La vena y el vuelo poético de Octavio Paz hacen de los signos transparencias, de la palabra transparencia. Hablar es como devanar huesos, aguzarlos en silencio hasta hacerlos transparentes. Y en un salto abismal al otro sentido de la transparencia, el político, sondeamos un mar de diferencia. Aparte de fragmentario, el lenguaje político conjuga el verbo transparentar, para que según su modo, oculte y no revele sus contenidos, sobre todo los que comportan conflictos de interés y las declaraciones hacendarias.
Al menos así lo estamos constatando con el denodado esfuerzo que han mostrado tanto los legisladores del Congreso de la Unión como los nuestros del Congreso del Estado de Aguascalientes, a pesar de haber ya aprobado el gran proyecto anticorrupción y la consabida ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, que habrá de regir a todos los sujetos y entidades públicas. Pero los legisladores no están solos, porque desde el orden tripartito de Ejecutivo: Federal, estatal y municipal, también hay un empeño férreo en no publicar no tan sólo las normas y reglas que regulan sus diferentes instancias, sino que también retienen a discreción los estados de resultados producidos desde su gestión, de manera que las simplísimas columnas de ingresos y egresos se tornan muy opacas al no darlas a la luz pública; y dejan al silencio interpretativo de los ciudadanos aquello de rendir informes en tiempo y forma. Mil excusas procedimentales se interponen entre el derecho a la información que asiste constitucionalmente a los ciudadanos y los mecanismos burocráticos de producción y manifestación de los contenidos obligados por ley, para ser públicamente exhibidos.
No extraña pues que municipios, gobiernos de los estados y sujetos obligados de la Administración Pública Federal sean reacios, necios, tardos, aferrados al mañana que nunca llega, para dar a conocer, incluso en las páginas web destinadas para ello, la pura neta de sus procedimientos y resultados obtenidos. Estos deben ser consensuados por sus propios fiscalizadores. De manera que las fiscalizaciones madre de otras o ulteriores fiscalizaciones deben ser fiscalizadas concienzudamente antes de publicar sus recomendaciones y sus resultados al gran público que no es otro que la ciudadanía que conformamos tú, yo y los otros. Para seguir la narrativa de Octavio Paz, tendremos que, a base de pronunciar la palabra Transparencia, ir devanando los huesos duros de roer de la información gubernamental hasta hacerlos aguzados, tanto pero tanto que al final serán transparentes.
Una analogía imperdible de este procedimiento, lo pudimos observar con meridiana claridad, el pasado mes de septiembre de 2011, en que nuestro estado renovó el Consejo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ITEA. Para entonces teníamos ya instalada la renovación flamante de los dos órdenes locales de gobierno, bajo el lema: “Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana”, cuyo Congreso del Estado, la LX Legislatura, convocó solemnemente a: conformar la propuesta de ciudadanos a ser electos como Comisionados Propietarios y Suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia.
Los requisitos para aspirar a estas candidaturas fueron los siguientes: Solicitud de registro; Carta de aceptación por el interesado, de la propuesta debidamente firmada; Copia certificada de nacimiento de la persona propuesta; Copia certificada ante Notario Público de la credencial para votar o de identificación oficial de la persona propuesta; Constancia de residencia en el estado, expedido por la autoridad municipal; Constancia expedida por la autoridad competente, de no pertenecer al Estado Eclesiástico o no ser ministro de ningún culto, o en su caso, la solicitud de la constancia debidamente requisitada por la autoridad competente; Copia certificada ante notario público de los documentos que acrediten conocimientos y experiencia en la materia de transparencia y acceso a la información; Original de currículum vitae firmado; En su caso copia certificada ante notario público de los documentos que acompañen y avalen el currículum vitae; para el caso de presentarse propuesta por persona física o moral diferente al interesado, se deberá acompañar la documentación que identifique y acredite a quien propone. Además, el interesado deberá satisfacer los siguientes requisitos: No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política; No ser ni haber sido ministro de ningún culto religioso; No haber ocupado puesto de elección popular por lo menos tres años antes al momento de su designación; No desempeñar ni haber desempeñado cargo o empleo público alguno de cualquier naturaleza, cuando menos dos años antes al día de la designación; No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno.
Lo que deja cabal y transparente constancia de que la exhibición de información personal de los ciudadanos propuestos como candidatos al ITEA, sí fue exhaustiva, extensa, lata e intensiva. No faltaba más, para ser funcionarios de la transparencia había que pasar primero por el tamiz rigurosísimo de la ídem. Aunque los pactos secretos, acuerdos en cortito y deliberación ultrasecreta de la comisión dictaminadora del Congreso local vis a vis el consenso del palacio mayor de Gobierno del Estado quedaran incólumes, incluyendo la voz y el voto confidencial y de ultraconfianza de medios de comunicación masiva convidados a tan recelosa, escrupulosa y puntillosa nominación.
Para concluir los trámites exigidos se citó a los cerca de 53 interesados a un examen formal de conocimientos, principalmente de la Ley de Transparencia del Estado, en aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bajo estricta comisión dictaminadora designada de importantes legisperitos acreditados en la misma y a presentarse en una entrevista congresional ante la comisión legislativa nombrada ex profeso.
En el primero, califiqué de manera aprobatoria y creo que dentro de los puntajes avanzados; en la segunda, mi razonamiento pasó por la propuesta del urgente fortalecimiento estructural y funcional del instituto aludido, haciendo hincapié en la observación de que el consejo y equipo institucional local total cabían varias veces en la sola oficina-staff de la entonces comisionada presidente del IFAI, a nivel nacional, Jacqueline Peschard Mariscal. Mención que me mereció una comedida y giocondina sonrisa del cuerpo legislativo dictaminador y punto final.
Solventado lo cual, sabemos el resultado: se constituyó el nuevo Consejo del ITEA con tres consejeros titulares y sus respectivos suplentes. El alcance y resultados del ITEA fue el esperado, Aguascalientes descendió en materia de transparencia a nivel nacional a los últimos sitios de la tabla y se labora afanosamente por no descender más. No hace falta demostrar este aserto, pues basta ingresar a los informes anuales de resultados en la materia para una tal constatación. Optamos meridianamente por la opacidad y se está cumpliendo.
Es decir, contrario sensu a Octavio Paz, hicimos transparente la opacidad y, por lo que veo, no nos arrepentimos, pues hoy mismo se publica que ocho de los once municipios de la entidad no transparentan ni rinden cuentas de los resultados de su gestión, y la mayoría de los candidatos contendientes a una curul del Congreso de la Unión tampoco emiten sus tres acreditaciones pactadas de transparencia electoral, si mal no recuerdo: Declaración Patrimonial, Carta de Conflictos de Interés y Declaración como persona física ante el SAT. Lo que muestra a todas luces que nuestro hablar y actuar político, aparte de fragmentario, incita a ocultar la opacidad, y ¡es así como la hace transparente!
