Cuestan diputados locales medio millón de pesos al mes, aun así no rinden cuentas

• La información presupuestal es mínima: análisis de la Alianza para el Parlamento Abierto
• Tampoco tiene mecanismos para evitar conflictos de interés, es deficiente la participación ciudadana

De acuerdo al análisis elaborado por la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), en donde participa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y once organizaciones de la sociedad civil, el presupuesto del Congreso del Estado -que asciende a más de 170 millones de pesos- dividido en los 27 diputados que integran la Legislatura, arroja que los representantes cuestan más de medio millón de pesos al mes; además califica de preocupante que a pesar de ser posible conocer la información presupuestal, esto es de manera mínima lo que resulta en que no se rindan cuentas de manera plena sobre el ejercicio de los recursos y en consecuencia la evaluación de su desempeño se dificulte.

La APA busca que los 31 congresos locales, la Cámara de Diputados, de Senadores y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adopte diez principios, y de acuerdo al IMCO, señala “qué tan cercanos y transparentes son los congresos del país y si rinden cuentas a los ciudadanos o no, estos principios son: Derecho a la Información; Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; Información Parlamentaria; Información Presupuestal y Administrativa; Información sobre Legisladores y Servidores Públicos; Información Histórica; Datos Abiertos y no propietarios; Accesibilidad y Difusión; Conflictos de Interés y si Legislan a favor de Gobierno Abierto.

Es por eso que a partir de estos principios se analizaron 95 indicadores para evaluar su cumplimiento, en el caso de Aguascalientes, cuya población -según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta el 2010- es de un millón 184 mil 996 personas, el Legislativo cuenta con 27 diputados que integran 28 comisiones y tiene un presupuesto de 171 millones 144 mil pesos. Quiere decir que cada diputado al mes cuesta 528 mil 222.22 pesos, el costo mensual del Congreso per cápita es entonces de 12.035 pesos.

Esta información resulta relevante ya que uno de los objetivos del estudio del APA es lograr que haya más apertura en temas de transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros representantes, un boletín del IMCO emitido el pasado 13 de abril concluye que “Las instituciones legislativas del país no cumplen con los elementos mínimos en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información”.
Los organismos que integran la APA calificaron el grado de cumplimiento del decálogo, en donde se adoptaron cinco rangos: del cero al 20 por ciento se consideró como No cumple; del 20 al 40 por ciento como Muy Insatisfactorio; del 40 al 60 por ciento como Insatisfactorio; del 60 al 80 por ciento es Satisfactorio y más del por ciento es Muy Satisfactorio.

El Congreso de Aguascalientes obtuvo menos del 20 por ciento en cuatro de los principios, es decir que no los cumplió: Información Histórica, Datos Abiertos y no propietario, Conflictos de Interés y Legislan a favor del gobierno abierto. El análisis menciona que “es deficiente en cuanto a la participación ciudadana y rendición de cuentas, pues sólo hay regulación para la iniciativa ciudadana y la consulta popular, sin elemento ninguno para permitir la inclusión de la ciudadanía”; tampoco cuenta con información histórica disponible en línea que permita obtener datos de la pasada legislatura.

Calificó de preocupante el que “no existan instrumentos para regular el cabildeo, asegurar la ética parlamentaria y evitar los conflictos de interés… Tiene cero por ciento de cumplimiento sobre legislar a favor del gobierno abierto”.

Tres principios más fueron calificados como Muy Insatisfactorios: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Información presupuestal y administrativa, así como Información sobre legisladores y servidores. El documento especifica que “es posible acceder a la información presupuestal y administrativa (principio 4) de manera mínima (25%), por lo que no se rinden cuentas de manera plena sobre el ejercicio de los recursos y se dificulta la evaluación de su desempeño”, en cuanto a la información que provee acerca de los legisladores sólo cumplió el 29 por ciento.

En el caso de la Información Parlamentaria recibió un Insatisfactoriamente, al cumplir en un 47 por ciento con la publicación, la cual es “indispensable para conocer su funcionamiento y actividades principales. Aunque no logró obtener algún Muy Satisfactoriamente, en los principios de Derecho a la Información y Accesibilidad y difusión consiguió un Satisfactoriamente, de nuevo el informe explicó: “Las disposiciones normativas para el ejercicio del derecho de acceso a la información (principio 1) se cumplen en general (80%), pero hay que señalar que no cuenta con mecanismos para realizar solicitudes de información”.

Cabe señalar que aunque la página web del Congreso no cuenta con la posibilidad de enviar solicitudes de información directamente, estas se pueden hacer a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (Sisai). Respecto a los términos de accesibilidad y difusión, éstos son cumplidos en un 67 por ciento, aun así “no es posible conocer directamente el trabajo en comisiones”.

La revisión de los 95 indicadores se basó principalmente en los datos de los sitios web de cada institución legislativa, junto con el marco jurídico. En cuanto al proceso de definición de variables, levantamiento y revisión de datos, se realizó entre mayo y diciembre de 2014.

El panorama general que presenta este estudio es que a pesar de que el tema de la apertura y transparencia está en la agenda pública desde hace más de diez años, “actualmente existen congresos que no observan elementos mínimos en materia de transparencia y rendición de cuentas”. Las principales carencias tienen que ver con información detallada sobre el monto y uso del presupuesto, así como el desempeño legislativo individual.

No hay un marco normativo que evite el conflicto de interés, resalta que aunque la Cámara de Diputados y el Senado de la República son quienes obtuvieron los mejores grados de cumplimiento del decálogo, no alcanzan el 60 por ciento. “Si los dos mejores no tienen una calificación aprobatoria se dimensiona un estado crítico de los cuerpos legislativos del país”.