- Pese a que la discusión de la iniciativa se pospuso, la problemática es latente, aseguró Jorge Osorio Patiño
- El geógrafo de la UNAM habló de las lesivas repercusiones que tendría la privatización
- Intento de privatización facilitaría la incursión del fracking en el país: Osorio Patiño
A través de la realización de un foro organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado, Jorge Osorio Patiño, geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habló de la problemática que gira en torno a la reciente propuesta Ley General de Aguas, que entre sus muchos elementos ha sido criticada por ser considerada como un intento de privatización del servicio en todo el país.
En su ponencia El agua no se vende, recordó que el caso de la ciudad de Aguascalientes es un claro ejemplo de lo que se buscaría repetir a nivel nacional, aunque con un control mayor de la empresa privada hacia la distribución y cobro del líquido vital, ya que en el caso de la concesionaria la privatización ha sido parcial, contrario a lo que se espera garantizar en todo el país, con una privatización total. De esta manera recordó que desde 2012 los activistas han denunciado un intento por privatizar el servicio en México.
El también trabajador retirado del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) hizo mención a los grandes consorcios que buscan hacerse con el control del agua en el país, como es el caso de Proactiva y su filial francesa Veolia Environment, que mantienen una importante presencia en todo el mundo. Y a pesar de que aseguró que es necesario concientizar en el uso y cuidado del agua, consideró que la privatización no resulta una opción viable para ello.
El caso de la reciente propuesta Ley de Aguas, a la que también dijo, han llamado Ley Korenfeld, debido a que fue planteada por el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es asimilable al caso de la Reforma Energética, donde los actores políticos negaron que se trataba de un intento privatizador, sin embargo, modificaron el artículo 27 constitucional que habla de la rectoría del Estado sobre la explotación de los bienes de la nación.
De manera detallada, Osorio Patiño aseveró que la iniciativa desconoce y restringe el acceso al agua como derecho humano y constitucional. Además indicó que es un tema multidimensional, con elementos sociales, de equidad y género, salud, derechos humanos, libertades, ecológico, económico, político, de soberanía nacional y de seguridad nacional. Y agregó que la principal preocupación reside en la explotación que se dará con su privatización, pese a que exista un total abatimiento de los mantos en el país.
La calificó como una ley que se dio en la completa opacidad y advirtió que con ésta el Estado renuncia a su obligación de dotar a la población de agua; y afirmó que tiene una intención de mercantilizar los recursos naturales; la infraestructura que plantea forma parte de un plan de negocios del Gobierno Federal para beneficiar a empresas específicas; plantea la privatización del servicio; contiene puntos contrarios para garantizar el derecho al agua; creará grandes obras hidráulicas en beneficio de las empresas pero con recursos públicos; implicará un aumento en las tarifas; es discriminatoria e inequitativa; afectará a los sectores más vulnerables; atenta contra los derechos de las comunidades y pueblos indígenas; favorecerá el desalojo de comunidades; propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad; es proteccionista de las industrias; atenta contra el manejo sustentable del agua; beneficia al sector privado y los concesionarios; no establece límites a la iniciativa privada por contaminar el agua; contraviene la Ley de Ciencia y Tecnología; la ley se refiere al agua como si se tratara de un elemento comercializable; las tarifas del servicio serán reguladas por el mercado; y genera desequilibrio ambiental; por lo que habló de la necesidad de que la sociedad civil sea consultada al respecto.
A pesar de que la discusión de la iniciativa ha sido pospuesta, el geógrafo de la UNAM lamentó que el riesgo sea latente, y añadió que uno de los principales elementos por los cuales fue propuesta responde a un intento por facilitar las condiciones en el país para la implementación de la fracturación hidráulica (fracking), método con el cual se pretende realizar la extracción de gas en todo el país.
También criticó que México sea uno de los principales consumidores de agua embotellada, lo que, estableció, da cuenta del control y enriquecimiento de privados a costa del líquido fundamental. Además reconoció la existencia de la impunidad en torno a la contaminación del agua en el país, producto de la explotación minera de empresas extranjeras, por lo que sentenció, el panorama resulta difícil y demanda que la sociedad se movilice para manifestar su oposición ante dicha proposición.
