Marzo del 2015 puede llegar a recordarse como el mes en que el largo y tardío viaje de México hacia la apertura le pegó a un iceberg. Aparentemente bajo presión gubernamental, Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos por la radiodifusora MVS. Días después, emergió la noticia de que se habían restringido los archivos del servicio secreto en el Archivo General de la Nación, entre ellos los expedientes que pueden tratar de hasta dos mil izquierdistas desaparecidos durante la Guerra Sucia de los 60 y 70.
Lo que desencadenó la alarma fue una decisión -todavía no se sabe de quién o por qué- de aplicar de manera completa un embargo de 70 años a la colección de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Según la Ley Federal de Archivos de 2012, este plazo sólo está aplicable a archivos de carácter tanto “confidencial” como “sensible”. Esa última categoría fue diseñada sólo para expedientes que tratan de delincuencia juvenil, datos médicos y cosas así, según me cuenta una archivista experimentada. Los archivos meramente “confidenciales” tienen un embargo legal de 30 años, una restricción ya no aplicable a la DFS, desde que esta agencia se cerró en 1985. Con el cambio de política -un cambio no anunciado- los investigadores ni siquiera tienen acceso a las fichas de esta colección.
De hecho, a diferencia a lo que se ha reportado en algunos medios, el embargo no es absoluto. Primero, las mil y tantos Versiones Públicas de sujetos vigilados por el DFS (no sólo izquierdistas, sino “gente del sistema” como Jacobo Zabludovsky) aún están disponibles para la consulta. Segundo, los investigadores pueden pedir acceso con una solicitud al IFAI. Tercero, una persona enterada cuenta que el embargo fue ordenado por una agente del Cisen recién integrada al AGN; puede ser que las reglas se suavicen una vez que ésta se acomode a su nuevo puesto.
Sin embargo, otra posible explicación por el nuevo régimen es que el gabinete del presidente Peña Nieto está resentido, primero por el daño hecho al PRI por las muchas publicaciones basadas en investigación en la DFS -a partir de La charola de Sergio Aguayo en 2001- y segundo por los recientes escándalos que han tocado el mismo partido, revelados por Aristegui y el Wall Street Journal. Según esta tesis, que goza popularidad entre varios periodistas e historiadores, Peña Nieto opina que el derecho a la información se ha pasado de la raya.
Mientras tanto, reina la incertidumbre. Ángeles Magdaleno, investigadora veterana quien ayudó a Aguayo con La charola, dice que en el IFAI faltan historiadores adecuadamente entrenados para decidir lo que se debe proveer al público y lo que no. Otro obstáculo es que el IFAI tiene permitido veinte días hábiles para contestar una solicitud y puede tomar otros veinte si lo ve necesario, lo que implica que la respuesta puede tardar dos o tres meses. Magdaleno lanza un suspiro y añade: “¿Qué debería yo estudiar ahora, el virreinato?”
La nueva política también está preocupante, por lo que revela sobre el liderazgo en el Palacio de Lecumberri. Desde 2013, el AGN es dominio de la doctora Mercedes de Vega. Durante los doce años anteriores, De Vega dirigió el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde gozó una buena reputación. Una vez al timón de la AGN, persiguió la muy precisa construcción de un anexo para preservar todos los documentos en un ambiente controlado, proyecto iniciado por su predecesor, doctora Aurora Gómez, ahora del Colegio de México.
Pero de otra manera, el ejercicio de la doctora De Vega ha sido desastroso, concuerdan varios veteranos del AGN. Bajo la directora general hay cinco directores y una docena de jefes departamentales. A su llegada, De Vega despidió a todos los anteriores, y luego removió a la mayoría de los últimos. Claro, una conocida debilidad de la burocracia mexicana es su vulnerabilidad a los caprichos de los oficiales designadas por los presidentes; llegan cada seis años como señores feudales y reemplazan al personal experimentado con “su gente”. Pero Aurora Gómez fue contra corriente, removiendo solamente a dos de los directores, y sólo después de un par de años, así asegurando una transición tranquila.
La eficiencia del AGN como custodio de la historia documental de México ha sido largamente obstaculizada por una falta de personal adiestrado y una falta de continuidad. El archivo de la DFS ha sufrido interrupciones parecidas. Durante diez años fue supervisado por un agente veterano del Cisen, Vicente Capello, poseedor de un conocimiento enciclopédico de la colección, algo de altísimo valor dada la falta de un catálogo. Cuando Capello murió en 2011, su puesto fue ocupado por un bien entrenado archivista del AGN, pero él también ha sido expulsado por De Vega.
Exdirectivos del AGN temen que, dada la nueva injerencia del Cisen -o del gabinete de Peña Nieto- con fines de bloquear los archivos de la Guerra Sucia y otros episodios que puedan avergonzar al PRI, De Vega es demasiado pasiva para poder defender el derecho a la información. Dice una: “Mercedes está demasiado ansiosa de complacer a gobernación”.
La riqueza de cualquier archivo depende tanto en su personal como en sus documentos. Cuando un archivo sea tan grande y tan caóticamente catalogado como el AGN, el conocimiento y la experiencia de sus empleados veteranos se vuelvan aún más valiosos. ¿Será que el sucesor de Mercedes de Vega tenga la bondad de recontratar a algunos de los despedidos de los últimos dieciocho meses? Si no, gran parte del tesoro del Archivo Nacional ha sido perdido.
@APaxman
* Historiador, CIDE Región Centro
