En la sesión de trabajo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 18 de febrero se constató de manera abierta y contundente, la lamentable tendencia que están mostrando una mayoría de consejeros hacia la protección al Partido Verde Ecologista de México, en la violación de las disposiciones legales para la promoción y propaganda. El elemento indicador de la tendencia de los consejeros e iniciador de la movilización y manifestación de siete representantes de partidos fue la decisión de postergar la discusión de dos puntos de acuerdo, que tenían el propósito de garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, y que los programas sociales no se utilicen con fines partidistas (LJ, 19 de febrero).
Los representantes del PAN, PRD, Morena, MC, PT, ES y PH -continuaron en la sesión el PRI, PNA y el PVEM-, denunciaron la existencia en el INE de un bloque “al servicio del PRI-Gobierno”. Además, cuestionaron la permanencia de Alfredo Cristalinas en la Unidad de Fiscalización del Instituto, ya que fue uno de los responsables de haber librado al PRI y a su candidato presidencial, Enrique Peña, de las violaciones a las normas de financiamiento de campaña.
A través de los medios de información hemos conocido de manera amplia las acusaciones que los partidos políticos han hecho al Verde; las más destacadas han sido la campaña nacional de propaganda del gobernador de Chiapas, los cineminutos en las empresas cinematográficas, la distribución de lentes, las cartas dirigidas a ciudadanos reconociéndolos como simpatizantes de su partido y el uso publicitario de los programas sociales.
En el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 20 de enero de 2004, se publicó la Ley General de Desarrollo Social y estableció en su Artículo 28 que “La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: ‘Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social’”. Posteriormente se cambió la segunda parte diciendo “Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, que es lo que hoy escuchamos en los promocionales.
La leyenda, que fue aprobada por los legisladores de los partidos políticos en 2004, fue la determinación de eliminar las prácticas de los gobiernos, de orientar los programas para el beneficio electoral de sus partidos políticos. El año anterior, 2003, se habían celebrado las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados; los nuevos legisladores tomaron la decisión de elevar a rango de ley la prohibición expresa, siendo la legislación un paso importante en la transición y alternancia políticas.
Sin embargo, tal reforma de ley tuvo también otro significado: al no contar con la convicción política de todos los gobernantes, y considerando la forma de ser de nuestra cultura democrática, la ubicación en la ley de la prohibición del uso partidista de los programas de gobierno -que no sólo los sociales, porque también se hace con otros-, facilitó, de esta manera, otros efectos.
El primer efecto para los gobernantes y militantes partidistas sin ética política fue el poder contar con un argumento legal para prometer y asegurar a los ciudadanos que no utilizan los programas para beneficio de sus partidos; el segundo efecto es, que teniendo ya la cobertura propagandística de que la ley les prohíbe desviar recursos de los programas, entonces, sí poder hacerlo ‘disimuladamente’, ya que la gente se va a quedar con el primer efecto propagandístico, sin que puedan hacer recriminaciones y denuncias. Es así como podemos comprobar que la desconfianza política que se tienen entre sí los partidos, les es útil para poder emplear y manipular los programas de gobierno, para beneficio de su propio partido y con toda impunidad.
Así podemos escuchar un promocional del PRI que dice “Orgullo priista, siempre hemos estado del lado de los más necesitados: para recibir atención médica gratuita creamos el Seguro Social; porque las familias merecían mejores viviendas, nació el Infonavit; y para que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro, construimos Ciudad Universitaria, el Poli y cientos de universidades y tecnológicos en todo el país. Hoy, en nuestro 86 aniversario, seguimos transformando a México. Juntos, nadie nos para”. El PAN también estuvo -indebidamente- promocionando en un momento al gobernador del estado de Puebla; el PRD dice en otro, que “digan lo que digan…” tienen programas de gobierno para adultos mayores y de salud.
Desde luego que nos encontramos ante un problema de ley, como es el publicitar lo que un partido político ha logrado como gobierno. El fondo, considero, no sería conocer lo que han hecho los gobiernos; el fondo sigue siendo el mismo, de la ética política para tener la convicción de no mezclar recursos públicos con sus candidatos y partidos -sin necesidad de una ley- (La prohibición lleva en la ley once años, y parece ser que a los partidos políticos, sus gobernantes y legisladores, todavía no les da rubor de que se siga advirtiendo a los ciudadanos de que pueden ser delincuentes, por lo que tenemos que cuidarnos de ellos y vigilarles las manos).
La pregunta en este momento es ¿por qué el PVEM se siente tan fuerte como para desafiar a las autoridades con la violación reiterada a la ley? Una posible respuesta va en varias líneas: el PRI lo cubre y lo tiene como experiencia y punta de lanza; el PRI está logrando que determinadas instituciones estén a su favor (el último caso es la colocación de Eduardo Medina como ministro de la SCJN); el PRI está estudiando el terreno para apuntalar la regresión democrática, que es como se siente más cómodo para ejercer el poder.
Después de aquella sesión del Consejo General del INE, seguramente por la presión social y política, está realizando algunos cambios; los ciudadanos tendremos que observar.
