Empoderar a los ciudadanos, primera necesidad de la Reforma Electoral
Gilberto Carlos Ornelas:
En los próximos días se estará aprobando en la Legislatura del Estado la última parte de la más reciente reforma política electoral que surgió del acuerdo entre los principales partidos nacionales, concretada luego en la legislación federal. En una primera fase en Aguascalientes, en el mes de julio de 2014, se modificó el texto constitucional local en cuanto a la integración de poderes y ayuntamientos, paridad de género, reelección y los rasgos principales del sistema electoral. Quedó pendiente la elaboración del nuevo Código Electoral para el Estado y la reforma a la Ley de Participación Ciudadana y otras. Aunque es cierto que las coordenadas de la reforma electoral están definidas en el marco federal y en la constitución local, también es cierto que en los ordenamientos pendientes, nuestros diputados tendrán la disyuntiva general de optar por ampliar las bases ciudadanas de nuestro sistema político o bien reforzar los mecanismos de control, restricción y opacidad que desde hace años vienen empobreciendo la convivencia democrática de nuestro estado.
Hubiera podido haberse aprovechado mejor el consenso de voluntades partidistas en la reforma constitucional, pero las condiciones y limitaciones en la integración y debate de la legislatura local se reflejaron en la unanimidad de aquella coyuntura. No se redujo el número de diputados, tampoco se eliminaron los mecanismos de sobrerrepresentación en el Congreso y Ayuntamientos. Se aprobó inexplicablemente, aún con el voto de los diputados cuyos partidos lo impugnaron ante la SCJN, el incremento del umbral mínimo de los partidos políticos a un tres por ciento de la votación y se ratificó la apertura a las Candidaturas Independientes que habían sido incorporadas desde la reforma de 2013. No se incluyó la figura de la Consulta Popular aunque se redujo de manera mínima, de 2.5 a 2.0 el porcentaje requerido para promover la Iniciativa Popular, el Plebiscito y Referéndum, aún sin otorgarle a sus resultados su carácter vinculatorio. Se incluyó la Revocación de Mandato y el Voto de Aguascalentenses en el extranjero para la elección de gobernador, sin precisar aún sus mecanismos de aplicación.
De forma general habrá que observar que en la elaboración del nuevo Código Electoral, se lleve a cabo la implementación adecuada y lo más democrática posible de los ordenamientos generales y específicos ya establecidos en la Constitución, en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe) y en la Ley General de Partidos Políticos y de ninguna manera quedar por debajo de las normas nacionales. Entre los principales temas a resolver está la necesidad de concretar un sistema de fiscalización eficiente, la operación transparente del sistema electoral local, la accesibilidad a los mecanismos de democracia participativa, las alianzas y coaliciones y el tema de los partidos políticos locales y las candidaturas independientes.
Si en el marco nacional ha habido significativos avances, la legislación local no debe regatear que la fiscalización de los dineros de partidos y campañas se realice con inmediatez para que la revisión final se lleve a cabo oportunamente y se pueda aplicar la sanción de nulidad en caso de violación a las reglas y topes de gastos de campaña.
En cuanto a las formas de democracia participativa directa, sería deseable que nuestros representantes populares, tengan presente que de lo que se trata es alentar el empoderamiento ciudadano, no obstaculizarlo. Por eso debe garantizar que la Revocación de Mandato, el Referéndum, el Plebiscito y la Iniciativa Popular no queden como retórica legal, sino que estén al alcance de la ciudadanía y en ese sentido establecer procedimientos realizables y además dotar de carácter vinculatorio a los resultados de esos ejercicios ciudadanos cuando se pongan en práctica.
En la reforma constitucional de octubre pasado, el legislador local resaltó la importancia de haber incorporado la figura de la Revocación de Mandato para robustecer la soberanía popular que, así como elige también podría destituir a los depositarios del poder público. El Congreso del Estado está ahora ante el imperativo de que ese “notable avance” se implemente adecuada y operativamente para que no quede como enunciado estéril, letra muerta o pirotecnia legislativa para justificar acuerdos de sustento precario.
En lo que respecta a las alianzas electorales hay que eliminar las trabas a la competencia; la ley debe permitir alianzas parciales en municipios y distritos o totales en el territorio estatal e incluso abrir la posibilidad de que un ciudadano pueda ser, con toda libertad, candidato común de dos o más partidos políticos.
El voto de los ciudadanos aguascalentenses en el extranjero es un derecho que debe hacerse realidad a más tardar en el 2018 y participar al menos en la elección de gobernador. Para ello, el legislador no debe quedarse en los mecanismos tradicionales. El nuevo Código debe incorporar los procedimientos informáticos para que el derecho a votar en el extranjero no esté limitado por las dificultades territoriales. De esa manera, nuestros paisanos que tuvieron que dejar su tierra podrán fortalecer la democracia de su estado.
En el tema de los partidos estatales Aguascalientes tiene un grave rezago pues es la única entidad federativa del país que no ha permitido la participación de expresiones políticas electorales de carácter local. Nuestros legisladores y, sobre todo los partidos que representan, ya deben superar el verdadero móvil de ese atraso político y que no es otro que el temor a incrementar la competencia electoral. La vida democrática del estado se fortalecerá sustancialmente si termina esa restricción que obliga a que los aguascalentenses tengan que optar únicamente por los partidos políticos nacionales, varios de los cuales se conducen con lógicas absurdamente centralistas. El viejo argumento de que los partidos políticos locales incrementarían el gasto electoral, es totalmente falso pues sólo habría que reajustar el mismo presupuesto.
En el caso de las candidaturas independientes, al menos habrá que replicar el procedimiento establecido en la Legipe para que se registre a los ciudadanos que reúnan los requisitos para ser candidatos y dejar atrás la norma local vigente que restringe a que en cada tipo de elección pueda competir solo un candidato independiente dejando fuera injustamente a aquellos aspirantes ciudadanos que también cumplieran con los requisitos legales.
Siempre es conveniente que, por encima de intereses de grupo o partido, sea la sensatez política y el interés general lo que oriente a los representantes populares. Si la actual crisis de las instituciones del país es, principalmente un problema de gobernanza, comencemos por reconstruir los mecanismos con que las instituciones y las personas manejan sus asuntos y relaciones. En lo político-electoral eso sólo es posible con la mayor participación de los ciudadanos en la integración del poder público.
Esperemos que a la hora de elaborar la última parte de la reforma electoral local, el criterio rector de las deliberaciones sea el ampliar la base política y ciudadana de la toma de decisiones. El gran riesgo es que se termine aprobando una reforma rutinaria para afianzar los mecanismos de control de parte de las cúpulas de los partidos y del gobierno, sería una reforma gatopardista para que todo siga igual. Sería una reforma autoritaria, justamente lo contrario a lo que necesita nuestro estado.
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Ciudadanizar a los legisladores para empoderar a la ciudadanía
Fernando Aguilera Lespron:
Don Gilberto Carlos Ornelas, en la reflexión que nos comparte en esta Esfera Pública respecto a la cercana modificación al Código Electoral local, recapitula las reformas no sólo contenidas en el ámbito federal, sino que aborda los temas electorales y de participación ciudadana desde su libertario punto de vista, que sin duda le es útil a los ciudadanos aguascalentenses.
El mayor problema que puede enfrentar un avance en la Reforma Electoral -y los demás temas propuestos por Carlos Ornelas- reside en la responsabilidad que asuman quienes integran la legislatura local, que lejos de ser representantes populares abanderan los intereses de la partidocracia, de sus grupos políticos y los individuales; lejos de privilegiar a los de la ciudadanía a la que se deben, han olvidado su condición de también formar parte del pueblo, sirviéndose de ser parte de la clase política.
No coincido con la disminución de curules, pero sí en los problemas que acarrea la sobrerrepresentación al momento de formar mayorías, que lejos de ponderar la negociación y la toma de acuerdos, se convierten en verdaderas y aplanadoras mayorías legislativas al sumar a los diputados que forman parte de las llamadas minorías a cambio de alguna prebenda o de avalar iniciativas de ley que muchas veces carecen de trascendencia política y social. Tal como ya sucedió con el umbral mínimo del tres por ciento de la votación para los partidos políticos. Siendo parte del ejercicio del poder, los diputados de minoría han llegado a traicionar el origen partidista sólo para disfrutar en lo individual de los privilegios que los partidos políticos más grandes les comparten.
Carlos Ornelas acierta al señalar que los primeros avances que se han dado en el tema electoral de Aguascalientes han sido no sólo insuficientes, sino pura retórica jurídica que la convierte en inaplicable, tanto por la ausencia de la reglamentación como por los absurdos requisitos que se incluyen en ella; tal es el caso de los mecanismos de participación ciudadana, tan necesarios para abonar al robustecimiento de nuestra incipiente democracia.
La importancia de la revocación de mandato y su reglamentación no serán exigidas por los diputados locales y los jefes políticos de los dos partidos que se han alternado en el Ejecutivo estatal, ya que aunado a otras herramientas democráticas, como son la Transparencia y la Rendición de Cuentas, pondrían en riesgo la existencia de gobiernos mediocres y ocurrentes.
Qué decir de los partidos políticos locales, que son una figura que abonaría a la expresión de aquellos ciudadanos que no sienten representación en los partidos nacionales (¿alguien realmente se siente representado por alguno?) y engrosaría a la propuesta aún más puntual de las necesidades la población de Aguascalientes. El miedo que tienen las dirigencias estatales de los partidos políticos nacionales es en cuanto a que las prerrogativas que utilizan para su buen vivir se vean afectadas por su distribución entre más actores políticos, no porque representen una elevación al gasto que perjudique al erario.
En cuanto al voto de ciudadanos aguascalentenses que habitan en el extranjero (en su mayoría por falta de oportunidades y de bienestar en su tierra, de lo que el estado es responsable), la soberanía estatal deberá cuidar que los mecanismos que se deban utilizar para asegurarles su derecho ya concedido en la letra no sean sólo eficaces, sino que alienten el interés de quienes ejercerán ese voto y que el proceso sea redituable electoral y económicamente.
En ese mismo sentido, la esperanza de que el sistema electoral sea transparente mediante la fiscalización de los entes políticos y sus campañas electorales, va en contra de la esencia del político mexicano y su ego que cree que el ciudadano de a pie no necesitas saber cómo y con qué cuento se hacen las cosas públicas, menos hablar de gobernanza, ¿para qué si para eso están ellos? Que se preocupe el ciudadano sólo de ver que su diputado regrese cada diciembre a hacerle una posada, enero a “regalarle” una rosca, en abril a entregar un juguete a un niño perteneciente a una familia en situación de pobreza que su “representante” compró con recursos del erario. ¿Cómo creer en la posibilidad de que incluyan eficientes sistemas de transparencia y rendición de cuentas si se molestan cuando se les pregunta por qué tuvieron que ir a la privacidad de un hotel de cinco estrellas a discutir la mentada reforma electoral cuando pudieron hacerlo en el recinto oficial?
¿Cómo ciudadanizamos a los políticos para que sean sensibles a la importancia de su labor y su responsabilidad ante la sociedad?
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