El financiamiento público de la política / Borrador de futuro

Nuestra Constitución Política señala en su Artículo 41 que los partidos políticos y su correspondiente institucionalidad electoral son entidades de interés público. En efecto, la Constitución demanda no permitir que la política sea manejada por los poderes económicos (grandes empresas, organizaciones criminales o familias privilegiadas). Al permitirlo perdemos ciudadanía, perdemos años avanzados en nuestro proceso democrático. Por ello el financiamiento público del sistema electoral y de partidos resulta indispensable.

Como se viene manifestando desde la segunda mitad del año pasado, sucesos como los de Ayotzinapa, la pornográfica compra de casas de alto valor económico por parte de autoridades de gobierno y la fractura de la institucionalidad en todas las instancias gubernamentales, ha originado un debate sobre la legitimidad del financiamiento con recursos públicos al sistema electoral y de partidos políticos. Resultaría lógico preguntarse para qué financiar con nuestros impuestos la política: ¿Para tener más Abarcas? ¿Para más casas blancas? ¿Propiedades en Dubái? No, para nada de esas ofensas se financia la política. Se financia para lograr que la ciudadanía participe, critique, delibere. Claramente no lo hemos logrado, pero considero que no se debe claudicar en el esfuerzo.

Veamos algunas cifras.

Para las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en el presente año, el Instituto Nacional Electoral (INE) presupuestó alrededor de 18 mil 572 millones de pesos: 13 mil 217 millones para la organización de elecciones y fomento a la participación ciudadana y cinco mil 356 millones para el financiamiento al sistema de partidos. A simple vista los montos son altos.

Ahora bien, cuando se debate sobre el costo de fortalecer la democracia debemos siempre tener en cuenta que este proceso no inicia y termina en las urnas. Para nada. Esto sólo es un complemento de un conjunto de instituciones que garantizan, o en su defecto limitan, la capacidad de los ciudadanos de desenvolverse en una sociedad cohesionada donde impere la igualdad de derechos y obligaciones. Así pues, si comparamos el presupuesto para el proceso electoral de este año con otras cifras que evidencian falencias institucionales y el beneficio de unos cuantos a costa de la mayoría, podríamos dimensionar de mejor forma el uso de los recursos públicos y defender el financiamiento de la política.

Tabla 1. Cifras presupuestales

Primero, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, el presupuesto total del INE representa apenas el 0.51 por ciento: de lo anterior, 0.36 por ciento es de organización electoral y 0.15 por ciento de financiamiento al sistema de partidos. Así pues, en aras de profundizar en el tema, discutamos otras comparaciones que podrían resultar incómodas.

1. Recordemos que a mediados del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le condonó más de 40 mil millones de pesos a gobernadores y alcaldes, irresponsables que cobraron el Impuestos Sobre la Renta a servidores públicos y nunca lo pagaron a la federación. Con apenas el 46 por ciento de este acto de opacidad y desvergüenza se podría cubrir el presupuesto total del INE: de lo cual, el 33 por ciento serviría para organizar las elecciones y el 13 por ciento para financiar a los partidos políticos.
2. En 2012 el presidente Calderón emitió un decreto cuyo efecto no era otro que profundizar la segregación del sistema educativo. Este decreto continúa en cierta forma y consiste en un beneficio fiscal para aquellas familias que elijan mandar a sus hijos a escuelas privadas. Al estimar los montos acumulados en los presupuestos de gastos fiscales publicados por la Secretaría de Hacienda, se han perdido más de 17 mil millones de pesos por esta medida inequitativa. Si lo comparamos con el financiamiento electoral, vemos que el monto perdido es similar al presupuesto del INE; así, fácilmente con el 75 por ciento de estos recursos perdidos se podría financiar de igual forma la organización electoral, o tan sólo con el 30 por ciento sería suficiente para financiar a los partidos políticos.
3. Por último, el Estado sigue financiando la gasolina y el diésel del 40 por ciento más acomodado de la población, con cerca de 91 mil 200 millones de pesos. El presupuesto del INE apenas alcanza el 20.4 por ciento de este monto: de igual forma, el 14.5 por ciento podría financiar la organización de las elecciones, mientras que con el seis por ciento se financiaría a los partidos políticos.

A modo de conclusión, estas comparaciones permiten dimensionar el uso de recursos públicos en aspectos que no precisamente fortalecen la democracia; por el contrario, profundizan la desigualdad y exacerban el descontento ciudadano. A lado de un mal uso de los recursos públicos, el financiamiento de la política parece razonable, corresponde a las autoridades y partidos legitimarlo.

Twitter: @ruelas_ignacio

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