El modelo constitucional vigente para el financiamiento público representa un freno de mano para que los candidatos y los partidos se abstengan de caer en la tentación de comprometer su honorabilidad ante el crimen organizado. El objeto de la existencia de los partidos políticos de conformidad con la Constitución consiste en la promoción de la ciudadanía en la vida democrática nacional, esto significa que tienen el deber de realizar la mayor promoción para que los ciudadanos acudan a expresar su punto de vista y lo concreten a través del voto. Sin embargo, esta obligación ha dejado mucho que desear. Para que los partidos alcancen ese objeto, el Estado mexicano, a través del Instituto Nacional Electoral, destinará en el año de 2015 un financiamiento público que alcanza la suma de 5 mil 356 millones de pesos para que, como lo afirma el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dichos institutos políticos no tengan la tentación de “aceptar dinero proveniente de actividades ilícitas”, como ejemplo, el narcotráfico.
El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes tomó un acuerdo local para dotar a los partidos de un Financiamiento Estatal que asciende a la suma de 39 millones 472 mil 45 pesos con 71 centavos. En esta distribución el PRI obtiene 700 mil pesos más que el PAN, y juntos estos dos partidos reciben 51% del financiamiento público estatal para el año 2015, cuando en Aguascalientes no hay elección local.
Sostengo que para promover la participación de los ciudadanos en las elecciones, nuestro sistema político no requiere de mayores recursos financieros, sino de campañas políticas más eficaces. Nuestro sistema electoral demanda más identificación con el electorado, mayor compromiso de los partidos e instituciones electorales, mayor motivación y entusiasmo en los mensajes, y por supuesto un eficiente sistema de rendición de cuentas.
Me parece absolutamente injustificado que para los comicios intermedios los partidos reciban mayores recursos económicos que para los comicios presidenciales, o para cuando se elige gobernador. El actual modelo de cálculo de financiamiento federal y estatal me parece rotundamente incongruente, más aún cuando, a la postre y de manera recurrente, el índice de participación electoral (IPC), en elecciones intermedias, resulta ser mucho menor que la votación emitida en los comicios presidenciales o de gobernador.
Resulta realmente incongruente observar que a mayor cantidad de financiamiento público, los partidos obtienen menos votos. Por ejemplo, durante el periodo de alternancia política en Aguascalientes de 1995 a 2013, el PAN ha recibido un poco más de 74 millones de pesos y ha perdido miles de votantes; el PRI obtuvo alrededor de 69 millones y su votación absoluta no ha crecido prácticamente nada en todo el periodo; el PRD se gastó 22 millones de pesos y sus simpatizantes cada día son menos; seguido del PT que ha gastado 17 millones y no registra incremento en sus votos; el Partido Verde agraciado con 16 millones ha visto casi desaparecida su influencia entre los electores; el Movimiento Ciudadano, que no ha crecido su votación a pesar de los 12 millones recibidos; y finalmente, el PANAL, parece ser el único partido que ha sabido cómo invertir sus 8 millones de pesos para incrementar su votación.
La participación Ciudadana en Aguascalientes sigue a la baja. Para los comicios intermedios de 2001 se registró el 46.6% de participación ciudadana, mientras que para las intermedias de 2007 se contó sólo el 45.8%, y en el 2013 apenas el 45.9% de participación ciudadana. La falla salta inmediatamente a la vista. Resulta realmente irónico, el observar como durante los comicios de 2001, 2007 y 2013, se registran los más bajos índices de participación ciudadana, justo y cuando también han sido los comicios donde los partidos políticos han recibido la mayor cantidad de financiamiento público durante toda la etapa de alternancia política. ¿Coincidencias?
Al paso que vamos, suministrar más dinero al INE y los OPLE’s, y a los partidos políticos, equivale a sepultar cada vez más la confianza del electorado en las elecciones.
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