La corrupción política es uno de los grandes males que aqueja a nuestro país, consiste en aprovechar el poder público para obtener ventajas ilegítimas. Este flagelo puede ser contrarrestado eficazmente con la práctica de transparencia, cuyo principal instrumento es la rendición de cuentas.
De ahí la importancia de la labor que realiza la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura, al fiscalizar las cuentas públicas de los once municipios, dependencias de Gobierno del Estado y organismos autónomos que ejercen recursos de la sociedad. Mi reconocimiento a los integrantes de la mencionada comisión por la realización de la pesada y fructífera labor correspondiente al año 2013, habiendo emitido dictámenes para el conocimiento de todos los diputados, en donde se han señalado las fallas y se ha pedido que sean solventadas.
Nuestro marco jurídico nos obliga a aprobar o desechar los dictámenes en cuestión, y para ello, se contempla que la Comisión emita sus observaciones, previo conocimiento de todos los legisladores de lo que se encuentra mal y de supuestas irregularidades en el manejo de los recursos, sin que por ningún motivo se oculte información a nadie, al momento de aprobar estos dictámenes de manera automática se deja el tiempo necesario para que se pueda comprobar o corregir la información respecto a los gastos, transacciones y pagos que no son claros; y es ahí en donde tenemos que estar al pendiente de que se cumpla lo que les marca la Comisión de Vigilancia y el propio Órgano Fiscalizador, de lo contrario, deberemos dar parte a las autoridades competentes y de esa manera dejar en manos del Poder Judicial para que se castigue a quien incumpla con esta obligación.
¿Cuántos exalcaldes están en prisión actualmente por el ejercicio indebido del poder al no ejercer correctamente los recursos que les fueron entregados en sus administraciones?, ¿cuántos exfuncionarios de la pasada administración del Poder Ejecutivo y del municipio capitalino están siendo procesados por el manejo irregular de los finanzas publicas por peculado, por abuso de confianza o por el uso indebido del poder en acciones de compra-venta de terrenos, algunos con amparos, otros bajo fianza y otros más, protegidos por el fuero del que gozan; ¿cuántos exfuncionarios están en esta situación?, hagamos memoria, ¿no se les pidió a estos servidores públicos que aclararan gastos o corrigieran errores señalados en su momento? y quienes no lo hicieron hoy pagan las consecuencias. Estoy seguro que si no se hubiera aprobado los dictámenes en su momento no se habría contado con los elementos necesarios para dar parte al Ministerio Publico, y no duden que hoy, esas malas acciones estarían sin conocerse y sin castigo, por haber dejado pasar las cuantas publicas mandándolas al archivo.
En el Congreso se han presentado los dictámenes, entregando los elemento y las herramientas para que organismos, dependencias y municipios observados hagan lo conducente y reintegren de ser necesario los recursos que no supieron ejercer o que no supieron justificar aún actuando de buna fe y de buena voluntad, pero con un marcado desconocimiento.
Los diputados debemos informar objetivamente a nuestros representados para que no suceda lo que en el caso del Instituto de Educación, que se dejó la sensación de que se malversaron o que tienen que reintegrarse poco más de 29 millones de pesos que podrían haber sido pagados a presuntos “aviadores”, o erogados en obras mal realizadas.
Por mi parte, y por respeto a los ciudadanos, nunca solaparé el mal uso de los recursos públicos, estaré votando los dictámenes en espera de que se aclaren las observaciones, de lo contrario, seré el primero en exigir que se cumpla con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y sean castigados conforme a derecho, a quien se demuestre que hizo mal uso del dinero entregado para trabajar en favor de la población de nuestro querido Aguascalientes.
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