Ante los gravísimos hechos de Ayotzinapa, el duelo social es profundo y necesario. Así que sobre todo, solidaridad y fuerza para los padres, madres, familias y amigos de los alumnos normalistas sometidos a desaparición forzada, que como todos sabemos, es un crimen de lesa humanidad. Así pues, las víctimas y sus familiares no están solos. Y protestar pacíficamente, sin violencia y sin vulnerar los derechos de terceros es un derecho fundamental y una garantía constitucional de todos los mexicanos. Hacerlo también será importantísimo en los días y meses que vendrán, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Nada menos es aceptable.
Es verdad que infaustamente y como diversas voces han sostenido durante los pasados 50 días, no son solo 43, sino muchas, muchas más las personas cuyo paradero se desconoce. Al respecto reconoce la ONU que como todos sabemos, México enfrenta una “situación crítica”, según declaró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, (La Jornada del 30 de agosto de 2014). 30, 619 casos de desaparición forzada solo de 2011 a la fecha. De ellos, tan solo 1,541 fueron encontrados sin vida. Del resto, se desconoce su paradero, según la misma nota. Pero son también muchos los secuestrados y asesinados a lo largo y ancho de México durante las pasadas décadas de “guerras” contra el narcotráfico, entre los cárteles y los siempre minimizados “daños colaterales” que cuestan vidas inocentes. Y faltaría hablar también de los miles de desplazados de sus lugares de origen y residencia por la violencia sistémica desatada en el país.
Es evidente entonces que la gravedad de las violaciones de los derechos humanos cometidos tanto en Iguala como en Tlatlaya, San Fernando, Monterrey, Hermosillo o Allende, por citar sólo algunos de los casos más graves, reclaman responsabilidades y responsables con nombres y apellidos que deben ser perseguidos y procesados judicialmente conforme a la gravedad de sus actos. La impunidad no puede ser tolerada en ningún caso, pero mucho menos en estos.
En el caso particular de Iguala, desde luego que no basta con la reciente detención del narco-presidente municipal y familia. Por principio de cuentas, el Gobernador con licencia, el comandante de la policía federal y el de la zona militar deben ser investigados por acción y/o omisión grave en su deber.
Después, es claro que la responsabilidad sube hasta por lo menos tres o 4 secretarías de estado involucradas directamente en la atención de estos asuntos, y que han demostrado sobradamente su impericia, imprudencia y su falta de sensibilidad social y política. El C. Presidente de la República puede y debe demostrar que está dispuesto a rectificar y hacer los cambios necesarios y urgentes que las circunstancias le reclaman. Hacerlos ya, a la brevedad, implica aceptar de inmediato las renuncias de esos secretarios que nunca estuvieron a la altura.
Luego, habrá que instituir una comisión de la verdad u organismo análogo con la participación de la sociedad civil y de expertos imparciales. Hay en el foro internacional otras experiencias útiles para México, pues se requiere que de manera independiente se establezcan la verdad histórica y legal sobre los hechos de Iguala y de todos los casos análogos a lo largo y ancho del país. Esto resultara fundamental para lograr el restablecimiento de la convivencia pacífica en el país. Urge hacer justicia y reivindicar a todas las víctimas con nombres y apellidos. Y esto tiene que ser una clara política de estado.
También urge la consolidación, inexplicablemente paralizada hasta el momento, de la comisión nacional anticorrupción ya pactada con los partidos del pacto, misma a la que se encargará realizar un verdadero trabajo de limpieza. No hay otra alternativa ante la grave crisis institucional. La corrupción endémica no es algo genético ni inevitable. Acá es justo decir que como bien señalaba Cuauhtémoc Cárdenas en el caso concreto del PRD, pero perfectamente extensible al resto de los partidos, estos juegan como parte del problema y no de la solución, y que tienen un papel cada vez menos relevante en la gestión de las justas reivindicaciones sociales. Cuál es su razón de existir entonces? Para qué financiarlos con sumas millonarias del erario público? hay que discutirlo y resolverlo públicamente también. Y es urgente que todos los servidores públicos, sin importar su rango o jerarquía, rindan cuentas claras de sus haberes. Aquí no hay “complots”, no son “anarco- guerrilleros” ni es AMLO. Hay un país herido y una sociedad agraviada. Mejor será reconocerlo en beneficio de todos, especialmente de los más afectados.
A mediano plazo, habrá que ir pensando en la refundación de la república a través de una nueva carta fundamental a casi 100 años de vigencia de la hoy desfigurada Constitución de 1917. Desde luego que ésta no es una idea nueva ni original, pero sí necesaria y urgente. Convocar a un Congreso constituyente en 2017 sería una buena manera de honrar a los héroes populares de nuestra Revolución ya centenaria, más allá de los típicos tópicos y los lugares comunes.
Así pues, Ayotzinapa no se agota en la tragedia, sino que por el contrario, es referente, punto de partida y semilla de esperanza para todos los mexicanos bien nacidos.
@efpasillas
