Ante el crecimiento sin precedente de manifestaciones públicas de descontento e inquietud social, los medios de comunicación internacionales muestran preocupación sobre el futuro de México. Más por el riesgo que significa para sus negocios en nuestro país que por la expectativa y condiciones de vida de los mexicanos.
En medios internacionales de gran influencia se han publicado artículos donde se llama la atención respecto a la oleada de protestas derivadas del hartazgo popular por el aumento de la violencia y conminan al gobierno mexicano a actuar para combatir el crimen y la corrupción. En opinión de la revista británica The Economist, para la modernización y desarrollo del país no bastan las reformas en materia energética, laboral, telecomunicaciones y otras impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, si no imperan la ley y el orden.
Nuevamente esta semana Francisco Goldman desde la revista norteamericana The New Yorker toca fibras sensibles al señalar -con sustento en lo que afirma el sacerdote y activista en derechos humanos Alejandro Solalinde- que la tibia actuación de Peña Nieto respecto a los dramáticamente lamentables sucesos de Ayotzinapa, envió un mensaje de “impunidad masiva” hacia el crimen organizado y los cárteles de la droga.
Sensible, a su manera, a las demandas de acción provenientes del extranjero, el pasado fin de semana Enrique Peña Nieto advirtió que aunque el gobierno ofrece mantener una actitud hacia el diálogo, acercamiento y apertura, “el Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza cuando se ha agotado cualquier otro mecanismos para restablecer el orden”.
La sensibilidad presidencial, sin embargo, no abarcó la comprensión sobre el complejo origen del descontento popular que se incrementa rápidamente desde que se dio a conocer la noticia de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Este hecho, ciertamente, ha sido el detonante de varios actos de repudio a las autoridades locales y el pretexto para que algunos, aprovechando la revuelta y la confusión, hayan incurrido en actos vandálicos a todas luces repudiables. Pero, al contrario de lo que expresó convencido el Presidente, no es esto lo que alimentó el crecimiento de las manifestaciones de rechazo hacia todo lo que huela a gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.
El Presidente mandó acuse de recibido a quienes enviaron el mensaje de poner en orden la casa, pero no ha escuchado las demandas que desde ésta se le hacen. La simple mención de la facultad del gobierno para usar la fuerza, puede ser un error de terribles consecuencias al estar confundiendo el verdadero origen del clamor popular en las protestas.
No es por un solo hecho, dramáticamente estremecedor y condenable, circunscrito a un sector de la población y al estado de Guerrero, sino de una creciente manifestación nacional de rechazo, un ¡ya basta! de corrupción, impunidad, abusos de autoridad, y colusión de gobernantes con criminales.
La advertencia presidencial, según el analista político Lorenzo Meyer, buscará pronto pretexto -o incluso podría provocarlo- para mandar la señal que aún hay quien manda aquí.
El uso de la fuerza, sin embargo, tiene los efectos deseados sólo en dos casos: cuando se cuenta con gran capacidad y poder para acallar cualquier disidencia o cuando se tiene el poder proveniente de la autoridad moral.
La facultad del gobierno para imponer el orden con la fuerza ha sido prerrogativa de los presidentes mexicanos desde que se institucionalizó la Revolución. Por décadas el régimen postrevolucionario acumuló experiencia y capacidad para investigar, descubrir y combatir la disidencia. La inversión que tanto el ejército como las instancias civiles del gobierno han realizado en equipo para lo que llaman inteligencia, así como en armamento, permite suponer que pueden mantener vigilado hasta el último rincón del país. Con personal entrenado, con equipamiento altamente sofisticado y con la tecnología más avanzada, el gobierno ha tenido -desde hace tiempo- y tiene indudablemente una tremenda capacidad para poner orden.
Lo extraño es que teniendo tal capacidad se le hayan “colado” munícipes vinculados al narco, perdido más de 22,000 personas (aunque algunas organizaciones de derechos humanos ubican las desapariciones en más de 80,000), multiplicado la capacidad económica de los cárteles del narco, se les hayan escapado grandes capos de la cárcel y perdido los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pero también el gobierno ha fallado en el ámbito económico. A los altamente calificados economistas gubernamentales, les ha sido imposible atender las necesidades de la sociedad y resolver sus problemas. Desde 1982 cuando se instauró en México el aún preponderante modelo económico neoliberal, se inició el progresivo deterioro económico del país, la pérdida del patrimonio de millones de mexicanos, la reducción de sus ingresos y la depredación de los recursos naturales a manos de voraces monopolios nacionales y extranjeros.
Actualmente el 80% de la población mexicana, 96.5 millones de personas, dependen económicamente de personas desocupadas o que perciben ingresos inferiores al nivel mínimo de subsistencia -$192 diarios-. Cualquier analista económico puede prever que la población, además de estar harta de la violencia e impunidad de los cárteles de la droga y corrupción de la clase gobernante ligada al crimen, no está para soportar serenamente los aumentos programados en el precio de los energéticos, ni para ver cómo la Primera Dama compra a plazos una casa de siete millones de dólares en terrenos propiedad de una de las constructoras preferidas de su esposo.
Quien esté libre de culpa podrá arrojar la primera piedra. Pero mejor que lo piense dos o más veces porque, según está visto, la sociedad mexicana se ha propuesto no seguir el juego de la violencia y sí, en cambio, estar alerta ante cualquier provocación que podría provenir de quien aceche el momento para imponer el orden a la fuerza.
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