- Los cambios son graduales, nada cambia de la noche a la mañana: Madrazo Lajous
- Es viable y sano esta figura jurídica pero no suficiente para respetar los derechos constitucionales
Ahora que se ha puesto en debate el tema de los matrimonios igualitarios y sociedades en convivencia en Aguascalientes, específicamente en el Congreso local, el investigador titular y director del programa de Derechos de la Salud, en la división de derechos sexuales y reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, compartió su punto de vista desde su experiencia en el Distrito Federal, donde el trabajo gradual fue exitoso.
El nacimiento de la sociedad de convivencia fue en un inicio una especie de eufemismo para nombrar la institución que diera derechos y protección jurídica las parejas homosexuales sin que “ofendiera” a la figura tradicional del matrimonio, sin embargo, en la práctica operaron de distinta manera, comentó.
En esta figura no se requería que la pareja tuviera una relaciona amorosa o sexual, sino que fueran dos personas, por ejemplo, dos amigos o una tía y sobrina, que forman una sociedad en convivencia para un mutuo apoyo pero sin una relación de pareja, “eso le da una faceta distinta con independencia de que se establezcan los matrimonios igualitarios”, es por ello que desde su perspectiva, es muy positivo que se coloque una figura en la cual se reconozca que hay distintas formas de solidaridad que no son las amorosas ni sexuales.
“Si yo hubiera tenido la opción de unirme a quien hoy es mi esposa vía sociedades en convivencia, como abogado yo hubiera optado por esta figura antes que el matrimonio, porque la regulación en el Distrito Federal es mucho más moderna y sencilla”, son, entonces, dos cosas que pueden cumplir funciones diferentes aunque parecieran ser lo mismo.
Lo que ya se dejó en claro con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no basta con sociedades en convivencia, pues limitar el matrimonio por motivos de orientación sexual es un acto discriminatorio, por lo tanto debe existir una figura que sea accesible a cualquier pareja con independencia a su orientación sexual. “No basta con introducir la sociedad en convivencia, aunque éstas abren las alternativas, no basta, porque la ley sigue siendo discriminatoria al no dividir los criterios”.
En su experiencia con el Distrito Federal, todas las entidades ya deberían estar debatiendo el tema en sus Congresos, las leyes tiene que lidiar con los cambios sociales y de igual manera, la ley puede producir esos cambios en la sociedad, “la pregunta que los legisladores tienen no sólo es jurídica, sino también política”, en el caso de la primera es sencilla la respuesta: no pueden no abrir el matrimonio para las parejas homosexuales, porque la SCJN estableció que es un derecho fundamental de protección a las familia que existen en el país y no las que idealmente quisiera la Iglesia católica, “como sí existen familias homosexuales en México, lo quieran o no, deben cumplir ese mandato constitucional de proteger a las familias”.
En el DF la vía para este respeto fue la jurídica, pero en el resto ha tenido que ser por la de juicios de amparo, ahí es donde caería el legislador en su derecho a decir que se quede en sociedades en convivencia, pues siente que es demasiada presión política los matrimonios igualitarios, aunque eso no quitará la opción a las parejas que busquen como tal el matrimonio por el amparo, “caeríamos en preguntarles qué tan cansado o qué tanto se quiere obstaculizar a las parejas que quieren contraer matrimonio”.
La idea de hacer esta transformación jurídica de forma gradual es viable para que la sociedad se vaya ajustando a esta idea, en el DF primero fueron las sociedades en convivencia y después el matrimonio entre personas del mismo sexo; “es que los cambios son graduales, tampoco hay que ponerse rígidos porque nada cambia de la noche a la mañana”, pero por más que los diputados pretendan ser graduales, Madrazo Lajous aclaró que al final el estado de Aguascalientes en su totalidad tiene que reconocer los matrimonios igualitarios por mandato constitucional, “jurídicamente no cabe la menor duda de que el matrimonio no puede discriminar y mucho menos por orientación sexual”.
Esta semana el coordinador de la bancada mixta PRI-PVEM, Jorge Varona Rodríguez, expresó que además de buscar el consenso al interior del Congreso, se deberá buscarlo también en la sociedad; en opinión del investigador jamás habrá consenso en la población y menos en temas tan controversiales como éste, por lo que los diputados no pueden esperar a que todos digan sí para poder hacerlo.
“Son procesos que se van dando, por ejemplo cuando se aprobó la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras dos semanas, la mayoría de la población estaba en contra, era algo así como 70 en contra y 30 a favor, a los dos años que se dio esto la cantidad se revirtió. Eso quiere decir que el legislador actuó como vanguardia y provocó un cambio social sustantivo”, siendo uno de los papeles que debe hacer el legislador.
Es importante que se tenga un diálogo fuera del Congreso pero no que se espere un consenso para poder determinar una solución, pues el debate jamás terminaría, además de enfatizar que no se puede esperar a los consensos para hacer respetar los derechos de un ciudadano. En el proceso de deliberación es necesario un buen cúmulo de información, escuchar todas las voces y razones mutuas pero sobre todo, tener claro que los derechos deben respetarse.
Aunque desconoció a detalle el marco legal de Aguascalientes, Madrazo Lajous reconoció que el marco legal en general en todo el país tiene mucho que actualizarse, tanto en diversidad sexual como en cuestiones de perspectiva de género y derechos humanos, “en general todos estamos muy atrasados, pero eso de que en Aguascalientes ya se esté discutiendo el tema de manera legal es un avance sorprendente”, más de lo que como investigador hubiera imaginado hace cinco o diez años.
Finalmente, dijo estar abierto para un análisis a profundidad junto con los legisladores tanto a título personal como al institucional, sin tomar una postura específica, sino a modo de ayudar a los legisladores a entablar un arreglo más apegado a los derechos, así como sucedió cuando se estaba discutiendo la personalidad jurídica del no nacido, “yo considero que tanto por razones técnicas jurídicas como sociales, es un error establecer la personalidad prenatal pero eso era lo que quería el legislativo, entonces participé y los asesoré en el sentido de que aprobaran una reforma lo mejor diseñada posible”, aunque ésta no formara parte de la postura del investigador.
