Para nadie es ajeno el “tsunami mediático” que existe en la prensa internacional respecto del fracaso y crisis de inseguridad y ausencia del Estado de Derecho en nuestro país, el más reciente ejemplo es el editorial publicado por el New York Times esta misma semana, llamados a “Pactos contra la Impunidad y la Responsabilidad Legal”, como el realizado por el senador Miguel Romo Medina, nacen muertos ante la propia inconsistencia e incongruencia del aparato de comunicación estatal que utiliza el llamado Canal 6 y sus repetidoras radiofónicas, con una clarísima irresponsabilidad legal al abstenerse de difundir información de los municipios y del mismísimo Congreso del Estado, si no hay consistencia en acciones o intenciones de representantes populares respecto de sus gobiernos se carecerá en todo momento de credibilidad, y lo que puede ser una buena intención, sin duda se desvanece hasta convertirse en el mas estéril y demagógico monólogo, cosa parecida al síndrome que lamentablemente le abona al comparativo y referido fenómeno ambiental.
El Estado tiene la obligación fundamental de garantizar la seguridad pública en todo el territorio, salvaguardando la integridad y los derechos de los ciudadanos, preservando la legalidad; y ¿cómo hacerlo?, ¿cómo encontrar un modelo que lo permitiera lograr?, hace algunos años, con la complejidad que representaba el proponer alternativas de solución para cumplir con esta obligación legal irrenunciable, se estableció el esquema denominado Mando Único Policial, que básicamente consiste en homologar a todas las policías, para que posteriormente se obedezca a un mando único.
El Mando Único Policial fue instaurado en Aguascalientes convirtiéndose en la primera entidad con este modelo a nivel nacional que avizoraba grandes expectativas. En ese entonces, el gobierno del estado encontró la amplia disposición de los once ayuntamientos del estado suscribiendo en octubre del año 2010 un Convenio de Colaboración que aún sigue vigente, pasando por diversas modificaciones en las recientes Legislaturas parlamentarias dando forma y fondo al Decreto 410 promulgado originalmente por el Ejecutivo del estado desde junio del 2010.
Sin embargo, el contexto poblacional, aunado con los factores socioeconómicos políticos y culturales de nuestro entorno, han dado pauta a reflexionar sobre la apremiante necesidad de replantear las condiciones del Convenio de Colaboración suscrito hace cuatro años y, al que las dos anteriores administraciones municipales dieron su voto de confianza, refrendando sin reserva alguna, el otorgamiento de la facultad rectora al gobierno del estado.
No es el propósito politizar o enarbolar este delicado tema con otras pretensiones mezquinas, sino reconocer las debilidades y amenazas que se mueven en torno a nuestro sistema de prevención del delito y que el Estado reconozca que la delincuencia ha sido un creciente flagelo constante y sistemático que día a día se nos presenta con un alarmante índice de robo a casa-habitación, así como a comercios, el incremento de tráfico y consumo de estupefacientes al menudeo que derivan altos índices de violencia e incontrolable aumento de suicidios.
Hoy, los efectos provocados por la actividad delictiva son mucho más severos que hace una década, y esta situación demanda un ataque frontal y sistemático, donde haya acciones y políticas públicas en una amplia corresponsabilidad de los ayuntamientos en pleno y legítimo uso de sus facultades constitucionales, las cuales otorguen, amplio margen en la toma de decisiones desde su respectivo ámbito de competencia.
En la actual administración municipal decidimos emprender acciones que contribuyeran significativamente a la prevención y abatimiento de la delincuencia, pues desde un inicio concientizamos que la seguridad pública, independientemente de las condiciones legales, socioeconómicas, educativas y de empleo, constituía un gran reto como servidores públicos y una gran oportunidad para trabajar acciones en beneficio de la ciudadanía.
El 23 de julio, la presidencia municipal de Aguascalientes llevó a cabo la presentación del “Plan Integral de Prevención del Delito”. Un ambicioso esquema apoyado con recursos superiores a 16 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), con el objetivo de consolidar a Aguascalientes como una comunidad saludable en todos los ámbitos, mediante métodos y programas específicos de prevención y atención integral a la violencia familiar y escolar en una primera etapa en 18 colonias con elevados índices de violencia.
De igual forma, mediante el programa Acciones por tu Colonia, se conformó una estrategia integral de desarrollo de competencias para brindar a la ciudadanía herramientas que prevengan y resuelvan conflictos, fortaleciendo las relaciones personales y atendiendo problemas que pudieran desencadenar en violencia.
Con el programa implementado del Seguro contra robo a casa-habitación se alentó en gran medida la participación ciudadana fomentando la cultura de la denuncia, sin embargo, se ha desalentado por la lenta respuesta en la resolución de sus casos por parte del Ministerio Público.
Si bien todo esfuerzo en materia de seguridad no es suficiente, es momento de replantear sin duda el esquema del Mando Único, una policía de cercanía con el ciudadano podría generar mejores resultados, habrá que revisarlo. En Aguascalientes, como en todo México, los ciudadanos queremos un país tranquilo, un país en orden, un país con todas las condiciones favorables para poder lograr la cristalización de nuestros sueños y de nuestros anhelos.
Soy un convencido de que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo integral para fortalecer la cohesión social y comunitaria disminuyendo esa percepción de inseguridad en nuestro entorno, pero también, debemos reconocer la falta de viabilidad y pertinente de las acciones gubernamentales que ameritan ser redireccionadas y replanteadas anteponiendo el interés y participación ciudadana por encima de intereses políticos o personales.
Con voluntad y responsabilidad política es factible y posible que nuestros jóvenes y la sociedad en general, sean sujetos de atención y agentes de cambio incorporados en una alianza estratégica que derive, en principio de cuentas, en una planeación y posteriormente en la implementación de las acciones institucionales que al final de este esfuerzo signifiquen en un hecho real, el fortalecimiento de nuestro tejido social, que sea tan sólido que impacte en el rechazo y consecuente expulsión de la inseguridad en las calles y colonias. La participación de todos quienes construimos la ciudadanía del presente y del futuro es indispensable. Hoy vale la pena resaltar el vigor y firmeza de Felipe Calderón en la lucha frontal y abierta contra la delincuencia y el narcotráfico, los once largos y criminales días de omisiones que provocaron el cansancio de Jesús Murillo Karam no pueden volver a ocurrir, este México ya no los aguantaría.
