Pregunta Fernando Goldman desde la revista The New Yorker si la desaparición de los 43 estudiantes podría desencadenar una revolución (http://www.newyorker.com/news/news-desk/crisis-mexico-forty-three-missing-students-spark-revolution). Aunque el periodista toca el tema desde una perspectiva que comparten ya varios compatriotas, por el momento no es aún visible la sociedad organizada que pueda aprovechar este dinamismo social movido por la ira, hartazgo y desesperación para incidir en el cambio de nuestras instituciones.
Con todo y las movilizaciones, marchas y plantones de miles de personas en todo el país, el grueso de la población permanece aún impávida, sin proyecto, ante los sucesos. Son los reportes de los medios independientes de comunicación, la prensa extranjera y el movimiento en las redes sociales de México lo que ha motivado la emisión de importantes declaraciones desde la ONU hasta el Vaticano. La posición desde estas importantísimas instancias a nivel global, así como de otros líderes sociales, organizaciones y gobiernos, ha sido en el sentido de reclamar la aplicación en nuestro país del más elemental sentido común humanitario y de respeto a los derechos humanos.
Pero el asunto es que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas no es un asunto aislado, ni es el primer atentado contra los derechos humanos y libertades civiles que sucede. ¿Qué opinión le mereció a The New Yorker la desaparición de casi 27,000 personas en el sexenio anterior (según informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en junio del año pasado), la represión de estudiantes en diciembre del 2012, la imposición de medidas gubernamentales que atentan contra la salud económica de millones de familias, el descubrimiento de centenares de cuerpos en fosas clandestinas…?
Lo que se ve moverse en nuestro país es la superficie de un océano de agravios a la integridad económica, social, cultural y ambiental de nuestro pueblo.
El agravio a la sociedad es institucional y resultado de un perenne desdén a los derechos civiles. Muestra de ello es el reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarándola improcedente e inconstitucional, a la consulta popular respecto a reforma petrolera. La SCJN, defendiendo la ley, no ha estado del lado de la justicia desde hace ya varios años. Por ejemplo, desde que en el año 1997 cuando declaró procedente lo que era improcedente en los juicios que los acreedores hipotecarios promovieron en su defensa contra la banca. En aquel entonces, habiendo demostrado la existencia de vicios de origen en los contratos, por imposibilidad de realización del objeto (con la capitalización de intereses exorbitantes que causó la crisis del 95 el valor del crédito se disparaba a varias veces el valor de la casa financiada) o por ocultamiento (la banca contaba con estudios que preveían el aumento de los intereses), la SCJN apoyó a una banca que, de México tuvo el primer lugar en generación de utilidades de todo el mundo, en años subsiguientes.
Apoyándose en el artículo 35 de la Constitución, los magistrados de la SCJN, en su mayoría, argumentaron que no pueden ser objeto de consulta popular, entre otros asuntos, los ingresos y gastos del Estado. Guardando diferencias y resaltando similitudes, si la Reforma Energética reportase a la nación un ingreso por la venta y otorgamiento de concesiones de explotación del territorio nacional a extranjeros, sería como el ingreso que generó al General Santa Anna con la venta de los estados de Texas y Nuevo México. Luego, sería improcedente cuestionar el cercenamiento del territorio nacional simplemente porque le restaría esos ingresos al gobierno.
Las vejaciones y agravios a la economía popular, además de las que atentan contra la vida, han acumulado malestar. La precariedad económica de cien millones de personas que viven con ingresos inferiores al mínimo aceptable para una vida digna, está subyacente en la ira social que se percibe hasta ahora en el extranjero.
Las manifestaciones de descontento de estos días no son las primeras. Las anteriores se han cooptado, acallado o se han enterrado en más de un sentido. El autoritarismo desde las instancias gubernamentales (algunos llaman autoritarismo de estado) ha cambiado desde 1928, pero nunca ha estado ausente. La respuesta social, desde la creación de cumbres ciudadanas hasta el surgimiento de autodefensas, no ha logrado traspasar el umbral de la coyuntura. Con cortinas de humo, cambios administrativos que nada cambian, compra de voluntades o agotamiento, las manifestaciones se han apagado sin haber cambiado las estructuras de corrupción, antes éstas se han extendido y apoderado de más cotos de poder.
México no está al borde de una revolución al estilo tradicional. Las raíces del poder corrupto y corruptor, fortalecido con el dinero del crimen organizado, no lo va a permitir.
México necesita un cambio en las conciencias individuales que permitan evolucionar la conciencia colectiva; donde se desarticule la corrupción.
Iniciativas re-evolucionarias han surgido ya desde diversos rincones, ámbitos y niveles de la sociedad. Una reciente, es la iniciativa de crear una nueva Constitución desde la participación ciudadana, la Constituyente Ciudadana. Muestra de que esta iniciativa cívica ha dolido al monstruo de mil tentáculos es la “caída” de su página http://constituyenteciudadana.org/ desde la semana pasada, aunque sigue en línea su página de FB (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005258537758).
Goldman tiene razón, sin embargo, en la apreciación de que es ahora o nunca para aprovechar el dinamismo desencadenado por el crimen de Ayotzinapa. Ahora, cuando se perfilan acciones de propuesta e incluso de desobediencia civil, activa y pacífica, para transformar de raíz el sistema de justicia que protege la impunidad y extiende la corrupción. En una movilización violenta los que más posibilidades tienen de ganar son los violentos. Lo que toca es estimular la evolución de las conciencias para la transformación profunda sin ira y con libertad.
Twitter: @jlgutierrez
