En la vida de las sociedades, surgen momentos que llevan a los ciudadanos a reflexionar sobre la forma de vida que están llevando; son ocasiones causadas por determinados acontecimientos, que hacen que las personas se pregunten por qué están sucediendo. La aparición de estos momentos significa para esas sociedades, la oportunidad de cambiar y transformar, los esquemas de valores y principios que están animando las acciones y los resultados que se están presentando.
Considero que la sociedad mexicana está llegando en su desarrollo, a un momento de esta naturaleza; indudablemente, existen muchos actores que están incidiendo tanto en el avance del proceso de toma de conciencia de los valores y principios que están siendo hegemónicos en la vida cotidiana, como también actores que ven en ese proceso de concientización, una amenaza a sus intereses, por lo buscan su inhibición.
Cada vez más organizaciones y grupos de la sociedad mexicana, están considerando los acontecimientos de Iguala, Guerrero, y de Tlatlaya, Estado de México, como la ocasión para darse cuenta y conocer cuáles están siendo los valores y principios que están moviendo a muchos gobernantes en sus acciones. Si bien no todas esas organizaciones y grupos están reaccionando con movilizaciones, siendo los jóvenes de las instituciones de enseñanza superior los que sí lo están haciendo, sí están exponiendo sus propias opiniones acerca de lo que piensan de esos hechos.
Para llegar a un conocimiento y una explicación, que nos ayude a entender el porqué se siguen presentando hechos como los mencionados, -sin que se dé su disminución-, es oportuno considerar el término de “pacto de impunidad”, que ha venido utilizando Edgardo Buscaglia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, AC, y también profesor e investigador en diversas universidades sobre asuntos de crimen organizado, política y gobierno. Es un término que comienza a utilizarse con más frecuencia en México, como lo hizo Carlos Navarrete, recién elegido dirigente nacional del PRD, para tratar de explicar el contexto político en que están sucediendo asesinatos y desapariciones, como la de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Para exponer los elementos básicos que explican el concepto de “pacto de impunidad” que se da entre políticos, en nuestro contexto presumiblemente, de políticos mexicanos, recurro a la entrevista que le hizo la Deutsche Welle, Cadena Internacional Alemana de Medios de Comunicación, el pasado 17 de octubre; en esa entrevista, Buscaglia señala como elementos del “pacto de impunidad” los siguientes: la corrupción política se presenta principalmente en tres formas, que son el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, y la malversación y el desvío de fondos; la vinculación con grupos criminales y sus empresas, que están legalmente constituidas; y el otorgamiento de contratos de gobierno a familiares y amigos.
En este punto de la reflexión, cabe mencionar que en el espíritu en el que se maneja el pacto de impunidad en nuestro país, existe un elemento clave, que nos abre una perspectiva para entender muchas acciones que llevan a cabo estos gobernantes; este elemento es “te doy, para que te calles”. El significado, por lo tanto, del “dar”, es involucrar de manera directa a otro político-gobernante -ya sea parte del gabinete de gobierno, o legislador, o miembro de un partido político, etcétera-, o a una persona de la sociedad civil -ya sea dirigente empresarial, o social, etcétera-, para que, al compartir el beneficio ilícito, prevalezca el silencio y la desinformación. De esta manera, aunque algunas cosas trascendieran, los involucrados estarían obligados a guardar silencio acerca de la irregularidad, bajo el riesgo de que, al no hacerlo, el poder del gobernante corruptor actúe, deslindándose como estrategia política, para dejarlo solo con la responsabilidad de la irregularidad.
En este esquema, ¿en qué consiste “el dar”?; significa otorgar contratos públicos de construcción, de compras, o de servicios de manera irregular; hacer determinados “favores” que se convierten en privilegios y excepciones; realizar “obsequios” a los ciudadanos, en lugar de acciones de programas de gobierno; dar “apoyos especiales” envolviéndolos en gastos sociales; “compartir negocios” desde las posiciones de gobierno, etcétera.
Bajo estos supuestos de acción del pacto de impunidad entre políticos, el manejo de la opinión se vuelve fundamental: por un lado, la desinformación y la ausencia de información son altamente necesarias; por otro lado, se utiliza el discurso político para dejar en claro a la sociedad que en esos gobiernos se cumple con la ley, se persigue y se castiga la corrupción, se anuncia la plena disposición para la transparencia y la rendición de cuentas, y que no se permitirá ninguna violación a la ley.
¿Cómo se puede detectar la existencia del pacto de impunidad de políticos? Para los ciudadanos resulta, prácticamente difícil, el poder tener información para probar y demostrar la existencia del pacto; los ciudadanos podemos “percibirlo” a través de algunas señales que se observan en el escenario de la política y el gobierno. Tomemos una muestra, que es notablemente significativa, como es la fiscalización de las cuentas públicas por el Congreso del Estado: cuando las fechas de presentación de información se pasan por alto, o se reservan los resultados, al grado que ni los legisladores de oposición tienen acceso a ellos, los cuestionamientos de irregularidades son respondidas diciendo, solamente, que ya fueron solventadas, etcétera, aparece la sombra del pacto.
Es claro, entonces, el grado de dificultad que tienen los ciudadanos, desde la periferia de la información, para poder reunir datos con los que se pueda demostrar el “pacto de impunidad”; agreguemos otro elemento de la dificultad, que es la falta de investigación y seguimiento de los medios de comunicación, de las irregularidades que llegan a trascender hasta la opinión pública y la sociedad.
La gravedad del “pacto de impunidad” es delicada, por las consecuencias de violencia que está teniendo para la sociedad; motivo por el que los ciudadanos debemos buscar mecanismos para lograr el cambio de actitud en los gobernantes.
