Pongamos el caso, entre muchos otros posibles, del Golfo de California, que es una región conocida y reconocida por su gran importancia ecológica y económica. Por esta razón, diversos sectores en México intentan capitalizar su gran belleza natural para atraer turistas, pero la proliferación de desarrollos turísticos de gran escala pone en serio riesgo el equilibrio ambiental de esa región, sin duda un caso paradigmático en México.
La Evaluación de Impacto Ambiental, EIA por sus siglas, es un procedimiento en el que las autoridades en materia ambiental examinan los impactos que un proyecto o actividad económica tendrá en el ambiente, así como las medidas de mitigación y compensación de esos impactos planteadas al respecto por el particular o institución pública que solicita autorización. Esta revisión administrativa y técnica se realiza con base en la información (la mayor y la mejor disponible) proporcionada por la persona o empresa que propone el proyecto o actividad económica en cuestión, y es siempre el paso previo a la concesión de un permiso ambiental.
Pero dicha herramienta del derecho ambiental y del derecho administrativo no siempre, o en el caso de México casi nunca, es empleada de forma seria y adecuada. Ejemplos, por desgracia sobran. Así ocurrió con un mega resort que se construyó cerca de El Mogote, en La Paz, Baja California Sur; y con otros tres proyectos similares, situados también en el Golfo de California, que obtuvieron sendos permisos ambientales pese a que incumplían la legislación vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros frágiles.
Fue así que tras la construcción de varios edificios, El Mogote ya no es el mismo. Casi la totalidad de sus manglares murieron, según informes de ONG que trabajan en la región. Daños irreversibles al entorno natural como los ocasionados en El Mogote pueden evitarse o minimizarse.
Y es el mismo riesgo que se corre en una zona cercana denominada Cabo Pulmo, conocido internacionalmente por ser una zona virgen de alto valor biológico para el medio ambiente y al que los privados nacionales y extranjeros le tienen echado el ojo desde hace tiempo con un mega proyecto de 3 mil 800 hectáreas que ahora se llama Cabo Cortés, y del que se presume una potente inversión extranjera. Huelga decir que si a estas alturas no se ha depredado también esa zona con dicho mega proyecto turístico u otros parecidos, es gracias a la decidida defensa que la sociedad civil bajacaliforniana ha hecho del entorno del Cabo Pulmo, y en el que también han intervenido organizaciones internacionales como Green Peace, entre otras.
Desafortunadamente, en México la EIA es vista como un mero trámite más que hay que agotar y por el que a veces hay que sobornar autoridades y funcionarios corruptos; y no como una evaluación ambiental seria. Esto sucede en parte porque la legislación aplicable no es clara y porque no contiene criterios específicos de aplicación. Ello hace que no siempre se prevengan daños al entorno natural, lo que pide a gritos una reforma legislativa urgente para eliminar los huecos y vacíos legales en el tema.
Por ejemplo, es práctica habitual que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actuando de manera del todo discrecional, solicite información y estudios adicionales sobre los impactos ambientales de un proyecto luego de autorizarlo y no antes. Otro caso de ejemplo es la llamada hidroeléctrica Las Cruces, un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad en el río San Pedro Mezquital, Nayarit.
Su construcción fue autorizada por la Semarnat a pesar de la ausencia de un estudio de impacto ambiental adecuado sobre las consecuencias negativas que el proyecto tendrá en el río y en las Marismas Nacionales, importante sistema de manglares que depende de dicho caudal. Así, la falta de información sobre esos efectos impide contar con medidas adecuadas que los mitiguen.
Porque las medidas de mitigación y compensación de daños ambientales ordenadas por las autoridades ambientales deben tener en cuenta los impactos acumulativos y residuales de un proyecto y la totalidad del mismo. Además, después de aplicarse las medidas de compensación, todavía quedan impactos residuales que deben ser atendidos siempre, y en todo caso intentando prevenir más que remediar el daño ambiental.
La competencia legal en materia ambiental en México es concurrente a todos los niveles de autoridad pública y gobierno. Es por tanto fundamental que los gobiernos, sin importar su signo político y color partidario hagan un uso efectivo de la Evaluación de Impacto Ambiental y fortalezcan dicha herramienta en beneficio del derecho fundamental al medio ambiente sano de toda la población. De ese modo, las autoridades tomarán mejores decisiones para el ambiente y contribuirán a un desarrollo verdaderamente sostenible en todas las regiones de México. Si no lo hacen, existen diversas herramientas jurídicas disponibles para obligar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones en materia medioambiental.
@efpasillas
