- La diputación estatal no se practica un estudio fiscal desde 2010
- Se argumenta no caer dentro de la muestra del Órgano Superior de Fiscalización
La Jornada Aguascalientes consultó las páginas oficiales de 10 congresos estatales. A diferencia del aguascalentense todos dieron muestras de auditorías recientes.
En Zacatecas la legislatura saliente dejó auditadas las cuentas públicas del 7 de septiembre de 2010 al 7 de septiembre de 2013. Los integrantes de aquella Comisión de Vigilancia incluso enviaron a la Auditoría Superior de la Federación una carpeta con las reglas que darían forma a tal proceso.
“Observación número 1.- De la revisión al capítulo 2000 y 3000 del presupuesto ejercido por el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se identificaron seis erogaciones sin documentación comprobatoria, como lo son facturas, apoyos económicos que no tienen solicitud o firma de autorización, entre otros, correspondiente a un importe de 68 mil pesos”.
A principios de la semana entrante el Legislativo de Aguascalientes cumplirá cuatro años sin una sola auditoría. Argumentan que no le ha tocado caer dentro de la muestra que elabora el Órgano Superior de Fiscalización para evaluar el ejercicio fiscal de distintas dependencias, sujetos autónomos y descentralizados.
La diputación potosina, a expirar en 2015, publica un reporte financiero trimestral. Además tiene un informe de la cuenta pública de 2013. En él consta la existencia de pasivos por 10 millones 496 mil 784 pesos.
Estudio correspondiente a 2013, la saliente legislatura de Guanajuato realizó una auditoría al denominado Órgano de Fiscalización Superior. Sin embargo sus 36 páginas indican que no se emitió una sola observación al manejo del presupuesto.
“En nuestra opinión, los procesos de recepción, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos financieros… atienden a los objetivos y prioridades de los planes y programas, observando principios de racionalidad, austeridad y disciplina”.
Desde 2010 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene antecedentes de auditorías financieras, administrativas y al desempeño.
Su portal indica que la Contraloría Interna está “en proceso” de emitir recomendaciones a la administración de servicios de apoyo a eventos, a los procedimientos de adquisiciones, al capítulo de servicios personales, al inventario de bienes inmuebles y al sistema de protección de datos.
En Sonora también hubo auditoría en 2013. El auditor mayor notificó las observaciones a la mesa directiva de la última diputación el 6 de marzo.
Se detectaron violaciones a la Constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Ley de Contabilidad Gubernamental, al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Fiscalización.
Posteriormente se dio la orden de “proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática”.
Inclusive el convulsionado Congreso de Guerrero afirma la realización de auditorías. Su portal indica que la publicación de los resultados del último procedimiento se realizará próximamente.
La diputación queretana hoy exhibe el informe de la fiscalización superior practicada a las erogaciones del 26 de septiembre al 31 de diciembre de 2012. El escrutador determinó catorce observaciones, en su mayoría imputables a los responsables de Servicios Administrativos y Recursos Humanos.
Algunas de ellas se efectuaron “en virtud de haber omitido otorgar de manera correcta la indemnización respectiva a 25 trabajadores, toda vez que la fiscalizada dejó de pagarles un monto total de 727 mil 989.88 pesos y en virtud de haber omitido registrar como bienes muebles de la fiscalizada, la adquisición de 23 equipos móviles de telefonía, por un monto total de 81 mil 472.32 pesos, toda vez dichos teléfonos exceden en valor unitario los 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, tal y como lo disponen las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio”.
En Colima “no se ha generado” una auditoría a la cuenta pública de 2013; no obstante hay registros de las de 2010, 2011 y 2012.
En esta última el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado expone que “el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo, derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del Honorable Congreso del Estado”.
El de Sinaloa es otro de los congresos con auditoría a la cuenta de 2012. Se observó, por ejemplo, que las compensaciones, estímulos y comisiones para el personal no eran anexados a la base gravable del Impuesto Sobre la Renta.
Se hizo notar que la numeración progresiva, de las pólizas de egresos con el concepto de transferencia bancaria correspondientes a marzo y junio de 2012, tuvo algunas discrepancias.
En el Congreso de Nayarit reportan que los resultados a la auditoría de 2013 se encuentran en proceso, pero añaden que la Contraloría Interna ya formuló un plan de trabajo para el ejercicio en marcha.
La Oficialía Mayor, el órgano de fiscalización, el Programa Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Institucional serán evaluados.
El Poder Legislativo de Baja California Sur presenta la auditoría al periodo de 2012. Entre otras cosas el fiscalizador señaló la presentación de facturas por compra de combustible sin la firma de los funcionarios autorizados, también encontró pagos por asesoría legal y administrativa carentes de contrato formalizado.
