Entre el 13 y el 15 de octubre de 2014 se lleva a cabo en la ciudad de Puebla el XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil en donde cerca de 300 personas entre invitados, líderes sociales y representantes de la sociedad civil organizada debatirán sobre los nuevos roles y expresiones de la sociedad civil. Durante los dos últimos días de la semana, el 16 y 17 de octubre, en la ciudad de Aguascalientes, se realizará el Encuentro Nacional de Consejos de Participación Ciudadana.
En ambos eventos se analizarán los alcances y los roles que tanto la sociedad política como la sociedad civil tienen ante los retos y acontecimientos de este mundo cambiante y convulso. Independientemente de la revisión del papel que los diversos actores tienen en el cambio que vive el mundo, es sobre todo una oportunidad para revisar por qué y cómo es que las condiciones socioeconómicas de México han llegado al grado de descomposición manifestadas en los hechos violentos y expresiones masivas de hartazgo y enojo de la semana pasada.
En mayo del 2012, siendo candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto en el marco de la Cumbre Ciudadana expresó: “Como presidente de la República promoveré la participación ciudadana en todos los ámbitos de acción del Estado, (…). Creo firmemente en la importancia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la promoción y el desarrollo de México. Por eso, me comprometo a impulsar el fortalecimiento de este valioso sector”.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se incorporaron diversas líneas de acción con el propósito del gobierno de fomentar la participación de la sociedad civil organizada. Así, dentro de la estrategia de enfoque transversal “México en Paz” del PND se establece el compromiso de: “Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública.”
Las referencias a la importancia de una sociedad civil involucrada y participando en los asuntos y decisiones públicas son cada vez más frecuentes en los discursos políticos y los planes de gobierno, sin embargo, la democracia participativa no tiene el mismo significado para unos actores sociales que para otros.
Desde el punto de vista de la sociedad civil se pugna por la participación ciudadana orientada al logro de la gobernabilidad democrática. Quienes, por otra parte, operan los nuevos mecanismos gubernamentales creados a partir del compromiso político de “promover la participación ciudadana en la gestión pública” insisten en privilegiar una participación despolitizada y enfocada a mejorar aspectos técnicos-gerenciales del aparato estatal.
En una visión republicana de la política y la democracia, afirma la investigadora Marta Ochman, los ciudadanos debaten sobre el bien común, que no es la suma de sus preferencias particulares ni el bien mayor para el mayor número de individuos, sino “una categoría nueva, que surge del debate político sobre los asuntos públicos”. Y destaca que, quienes participan en el debate republicano sobre el bien público son ciudadanos, no una élite de expertos o de grupos de interés. Lo que anima el debate es la ampliación de la civilidad mediante el ejercicio de las virtudes cívicas y no sólo experiencia técnica en materia de administración pública.
El debate y la confrontación de estas visiones respecto a cómo construir la democracia participativa no es un asunto menor. A pesar de los discursos respecto a promover “la participación ciudadana en todos los ámbitos de acción del Estado”, nuestros jóvenes carecen de opciones reales para tener una vida económicamente estable y socialmente sólida. Muchos se refugian en las pandillas o son “carne de cañón” de la delincuencia organizada, y seis de cada diez encuentran ocupación en el comercio informal. Nueve de cada diez no completan la primaria, y 44.8% de los desocupados cuentan con estudios de nivel medio y superior. La política económica y social del Estado, en la que se presume de contar con mecanismos para la participación ciudadana, induce sin cortapisas un capitalismo salvaje que se sustenta en producir mayor desigualdad social y pobreza.
La política impulsada por el Estado ha favorecido sólo a un pequeño sector de la población en detrimento de la capacidad productiva del país. Se han incrementado los niveles de desigualdad e injusticia, aumentando la concentración de la riqueza y alimentado un ambiente que promueve la violencia.
Desde el ámbito oficial se aplaude y se alienta que existan organizaciones filantrópicas y voluntarias de la sociedad civil que se encargan de promover/ atender, a la población vulnerable, a los desprotegidos. Pero llama la atención que simultáneamente no haya la apertura suficiente para que a través de los mecanismos de participación ciudadana se cuestionen las políticas públicas que generan cada vez más desamparados y damnificados económicos.
Las políticas públicas se desprenden de la visión gubernamental, ligadas a su ideología y régimen político, y se concretan en los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales. Las políticas públicas tienen que ver con el poder social. La construcción y transformación de los procesos de diseño e implementación de dichas políticas son las que deben permearse con la participación de los ciudadanos.
En los estándares que se han establecido para identificar un Estado democrático y evaluar un gobierno confiable se destaca que dicho gobierno debe contar la existencia de mecanismos y oportunidades institucionalizadas de participación ciudadana en la deliberación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. No se trata sólo de contar con mecanismos de participación ciudadana para revisar y mejorar aspectos técnicos de la administración pública. La democracia participativa obliga a fomentar una participación que verdaderamente abra cauces al empoderamiento de la sociedad.
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