México se encuentra hoy en una vorágine de hechos que hacen que la sociedad se encuentre irritada, temerosa, angustiada y, ¿por qué no?, desorientada. Todo esto ante hechos verdaderamente de problemas no reconocidos y en algunos casos informados a medias o maquillados; como si de esa manera las cosas se arreglaran y la sociedad no se sintiera agraviada.
Un hecho estremecedor es el de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Tres de ellos asesinados y más de doce heridos, y el asesinato de tres futbolistas cuyo autobús estuvo en el lugar y tiempo equivocado; ahí también hubo heridos, pero lo que verdaderamente ha crispado a la sociedad mexicana es la desaparición masiva de 43 estudiantes así como el encuentro de fosas con 52 cuerpos, calcinados unos, desmembrados otros. Hoy se está investigando de quiénes se trata. Estos hechos han provocado que organismos internacionales de derechos humanos y gobiernos “amigos” nos exijan, no como gobierno sino como pueblo, que se investigue y que se castigue a los culpables. Como si el pueblo hubiera participado. En estos casos son los gobiernos los que deben responder y castigar a los culpables, y, sobre todo, tomar las medidas necesarias para que acciones de esta crueldad e impunidad no se vuelvan a repetir con ningún mexicano.
El presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, hoy en fuga, es señalado como el culpable de estos hechos, pero la Procuraduría General de la República ahora interviene y estando en el lugar de los hechos aparece una manta de los miembros de una supuesta organización “Guerreros Unidos” amenazando a los que están participando en el esclarecimiento de los hechos. Por supuesto, no hay detenidos a pesar de la cantidad de policías y soldados que se encuentran en el lugar y la región.
El gobernador de Guerrero se preocupa ahora más por su suerte, como primer mandatario de su estado, y condiciona su permanencia a que se haga como es la moda: mediante una consulta popular pero con la misma estructura de cuando fue elegido y el mismo número de casillas en todo el estado, en lugar de que se haga una y que sea el pueblo el que decida si se queda o se va. O sea que un órgano “independiente” organice y pague con el dinero del pueblo la consulta y le hagan o no efectivo la revocación de mandato, cuando se trata de que si no puede o no quiere tener la responsabilidad de gobernar y garantizar la seguridad de los guerrerenses, por lo tanto Ángel Aguirre no debe esperar una consulta popular sino un examen interno de si debe o no renunciar. Así como desde el punto de vista de responsabilidad y de respeto a su juramento en la toma de posesión, de “prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la de el estado y las leyes que de ellas emanen, viendo en todo ello siempre el bien del estado, y si no lo cumplo que la sociedad me lo demande”. En este juramento el mencionar “el estado” indica que el estado se compone por la sociedad, el territorio y su gobierno; esto lo menciono para que no nos perdamos.
Como si no fuera suficiente, ahora Carlos Navarrete Ruiz, presidente del partido de la Revolución Democrática (PRD), se monta en una cruzada de defender lo indefendible, pues se equivocaron con la invitación a “candidatos externos”, estos fallaron y han hundido al partido en un pantano en el que cuanto más se muevan más se hunden. Todo esto en medio de acusaciones de que desde 2013 se había denunciado de asesino al presidente municipal de Iguala, según declaraciones de René Bejarano Martínez, líder de una de las tribus de ese partido (Izquierda Democrática Nacional); inclusive le comentó al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que dicho alcalde había asesinado a un miembro del partido. Dice el procurador que nunca le presentó pruebas (¡vaya!), y no sólo eso sino también acusó, junto con su esposa, a los exdirigentes Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva, estos de otra “expresión” perredista llamada Nueva Izquierda.
Todo esto en medio de desestabilizaciones o debilidades institucionales reconocidas en estados como Oaxaca, donde gobierna la sección 22 de la CNTE; Tamaulipas, con balaceras en donde han muerto muchos ciudadanos inocentes y sus carreteras siguen siendo vedadas a la seguridad; Michoacán, donde ahora con videos se demuestra que los presidentes municipales han estado subordinados a la fuerza, o con corrupción, a los grupos delictivos, recrudeciéndose la violencia y los hechos delictuosos de secuestros y extorsiones. El INEGI, en su última consulta a la sociedad sobre su percepción de la seguridad, menciona que el 67% de los ciudadanos se sienten inseguros en el entorno donde viven.
Todo esto ha provocado una serie de manifestaciones, tanto en el país como en el extranjero, exigiendo que se esclarezcan los hechos. Y una de estas manifestaciones fue la realizada en la Ciudad de México, donde participó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el cual es un personaje importante de la izquierda mexicana. Al avanzar la manifestación, de manera inopinada y sorprendente fue atacado y ofendido. Y uno de sus acompañantes, herido. Vimos en la televisión cómo le cerraban el paso para salir del Zócalo; buscaban desesperadamente otra salida y no hubo un solo policía que los auxiliara, siendo la Ciudad de México una urbe gobernada por el partido que él y otros fundó y ha apoyado sin reservas.
Por otro lado, tenemos una sociedad ofendida, agraviada y desesperada, pues cuando estas organizaciones o grupos se indisponen y se manifiestan, quienes la llevan son los ciudadanos pacíficos, cuyo pecado es trabajar: son asaltados, golpeados, ofendidos o les queman sus negocios o vehículos, sin que nadie los defienda ni se castigue a sus ofensores.
Así estamos en medio de la zozobra e incertidumbre. Sin comprender por qué no detienen a los culpables o investigan quiénes los dirigen. En este sexenio llevamos 16 alcaldes asesinados y 32 en la cárcel. Esto es necesario que se esclarezca. Que nos digan la verdad completa.
