Los acontecimientos sucedidos recientemente en Iguala con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y en Tlatlaya, Estado de México, hace poco más de tres meses, con los delincuentes ultimados por soldados del Ejército Mexicano, han llevado a la sociedad mexicana a la necesidad de revisar la forma como se está desarrollando la política y el gobierno. Las diversas expresiones de actores sociales mexicanos, difundidas a través de los medios de comunicación, manifiestan coincidencia con las expresiones observadas, tanto de organizaciones internacionales como de actores gubernamentales del escenario mundial, sobre estos acontecimientos.
En casos como los señalados, aparece con vehemencia la distinción entre realidad y apariencia; casos como éstos, confrontan a los gobiernos, cuando utilizan como herramienta política, la creación de apariencias sobre las realidades que estamos viviendo. Existe una propensión en gobernantes para usufructuar la apariencia, con la cual logran cubrir, frecuentemente de manera exitosa aunque temporal, realidades que viven los ciudadanos y la sociedad.
Es oportuno observar las ocasiones que se presentan cuando gobiernos o gobernantes utilizan la apariencia para distraer de la realidad; la apariencia, entonces, está directamente relacionada con el ocultamiento de la realidad y con los deficientes resultados. Además, la apariencia se va creando con el discurso político y la propaganda gubernamental, que son los medios utilizados en estos casos para señalar lo que la sociedad ‘sí debe ver’, distinguiéndola de aquello que ‘no debe ver’. De esta manera llegamos al punto obligado de una necesidad gubernamental que busca instaurar en los ciudadanos la dinámica que dice que ‘hechos que estemos viendo no debemos creerlos, y lo que sí debemos creer es lo que el gobernante nos da como explicación’.
¿Cuáles son los casos de apariencia, y cuáles de la realidad que la confronta? Entramos, desde luego, a un terreno cuestionable, al pretender distinguir entre la apariencia y la realidad, ya que para esos gobernantes que gustan de usar la apariencia, su realidad -que van a defender siempre- es, precisamente, la apariencia como si fuera realidad.
En el asunto de los soldados en Tlatlaya encontramos elementos que nos permiten distinguir la realidad de la apariencia que construye, por ejemplo, el procurador general de la República, cuando dice que desde que sucedieron los homicidios calificados tiene abierta una investigación, que desde aquellos días el ejército habló de que los soldados ‘violaron determinados protocolos’, etcétera; sin embargo, la pregunta que desenmascara la apariencia es, ¿por qué, hasta que los medios de comunicación dan a conocer el acontecimiento, es cuando la procuraduría de justicia militar detiene a los responsables y los acusa de violación a esos protocolos, y la general de la República los consigna por homicidio calificado? O, en el caso del alcalde de Iguala, Guerrero, ¿también el procurador general de la República, quiere librarse de que ya conocía las actividades delictivas del fuero federal tanto del alcalde como de su esposa, y no actuó a tiempo? Es ahora, también, cuando elementos de la marina detienen a Salomón Pineda, presunto jefe de la organización criminal Guerreros Unidos y hermano de María Pineda, esposa del alcalde de Iguala, ambos prófugos de la justicia (LJ, 10 octubre). En este juego de apariencias, el procurador general de la República responde, en entrevista radiofónica, que él pudo haber detenido al alcalde de Iguala, sin la necesidad de suspenderle el fuero constitucional, ya que ese fuero es local, y no para los delitos federales.
También percibimos la apariencia, cuando, después de los hechos de barbarie o de desastre, observamos que gobernantes se muestran indignados, y señalan que se buscarán a los responsables para castigarlos ‘tope donde tope’, y envían las fuerzas federales para el resguardo de las comunidades. Recordemos que hace algunos meses, ante los problemas de colusión de la policía municipal de Chilpancingo, Guerrero, con la delincuencia organizada, se hizo cargo de la seguridad pública la policía federal.
La pregunta, ahora, es ¿a qué distancia está Chilpancingo de Iguala, que la policía federal no hizo nada para impedir que Iguala cayera en la misma circunstancia que estaban remediando en Chilpancingo? Es hasta después de la, prácticamente aceptada por el Gobierno de la República, masacre de estudiantes de Ayotzinapa, que el presidente Enrique Peña instruye a su gabinete de seguridad a que se presente en Iguala y resuelva el problema.
Son tristes realidades que confrontan las apariencias de que estamos avanzando en seguridad y que se conjuntan con informes externos como el de OCDE, que señala a México, como último país en lo referente con la seguridad (LJ, 7 de octubre).
Mencionemos ahora las apariencias del gobernador de Guerrero, cuando, ante la amenaza del cártel Guerreros Unidos para que liberen a policías detenidos o aténganse a las consecuencias de hacer públicos los nombres de políticos y gobernantes que los han apoyado, responde que “jamás voy a permitir que nos rete de esa forma la delincuencia organizada” (misma edición). Añade también, que solicitará una consulta para que el pueblo decida si permanece o no en el cargo (en una reunión con personas que le aplauden y gritan constantemente ‘no estás solo’, por lo que podemos prever el desenlace de la apariencia).
En el marco de las apariencias, el Gobierno de la República dice que el combate al lavado de dinero avanza en las diferentes oficinas responsables, como es la unidad de inteligencia financiera de la SHCP, y cuando detienen al delincuente Héctor Beltrán, lo consignan por portación de arma prohibida.
Un último comentario de hechos, que a la distancia resultaron ser apariencias, es la insistencia que tuvieron partidos políticos en anteriores procesos electorales, para que tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de Gobernación, a través del Cisen, revisarán la idoneidad de los candidatos; las respuestas de las dependencias en esas ocasiones, parece ser que no encontraron nada irregular en servidores públicos ahora cuestionados.
La sociedad mexicana urge ya a los gobiernos a pasar de las apariencias a las realidades.
