La expresión con la que se titula este artículo es un modismo que suele usarse en el lenguaje coloquial de los Estados Unidos para referirse a que una persona se ha echado a perder; a alguien que ha tomado un mal camino en la vida o ha caído muy bajo debido a algunas acciones. Esta expresión de rompimiento o quiebre, se utiliza para referirse a alguien que toma un mal camino en la vida, y que con sus decisiones sucesivas, genera una nueva situación peor que la precedente. Se refiere, pues, a un progresivo deterioro del estado de las cosas o de las condiciones de vida de alguien. El análisis de los indicadores socioeconómicos de los últimos treinta años de México, lleva a pensar que en la vida nacional podríamos estar viendo también este proceso.
En los primeros años de la década de los ochenta, el gobierno federal enfrentó un desequilibrio presupuestal que del ámbito meramente fiscal rápidamente se trasladó, con una traumática devaluación, al campo del comercio y las finanzas internacionales. Para gastar más de lo que los ingresos fiscales permitían al gobierno, la administración de José López Portillo incurrió en el endeudamiento externo soportado por la ilusión de abundancia que representó el hecho de encontrar nuevos y ricos yacimientos petroleros. El precio del crudo, con cuyas exportaciones se esperaba administrar la abundancia, se derrumbó en 1982, último año del gobierno lopezportillista. Quienes previeron el colapso financiero y contaron con las facilidades y recursos para poder hacerlo, sacaron su dinero del país, agravando con ello la falta de divisas para pagar las enormes deudas adquiridas. En respuesta, y como “castigo” por haber sido el conducto para la fuga de capitales del país, Lopez Portillo estatizó la banca.
La estatización bancaria, la fuga de divisas, la tácita declaración de insolvencia nacional al declarase en suspensión de pagos el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid, llevó a que éste, en su discurso de toma de protesta, exhortara a no dejar que el país “se desmorone en nuestras manos”.
Hay quienes ubican el inicio del “rompimiento” en el año 1982. Sin embargo, se afirma que la raíz de lo que sucedió entonces proviene del cambio de la política económica iniciada doce años antes, con el “populismo” del presidente Luis Echeverría, que a su vez tuvo su origen en los movimientos sociales de 1968. Este movimiento se inició como resultado del fracaso del régimen unipartidista para asegurar el progreso económico con libertades civiles, por lo cual tiene sentido considerar este hito histórico como el inicio del progresivo deterioro de la vida en el país.
Fue en los años ochenta cuando para evitar la suspensión de pagos de la deuda externa intervino el Fondo Monetario Internacional y se instauró la política económica regida por el “Consenso de Washington”. Los tecnócratas y su práctica del fundamentalismo económico, instaurados en el poder del absolutismo presidencial, llevaron a una privatización indiscriminada y tramposa de empresas públicas. La lógica del capitalismo trasnacional llevó al colmo de aceptar que la mejor política industrial es no tener política industrial nacional. Los ochenta fueron años de una apertura irracional a mercancías extranjeras que han herido de muerte a ramas completas de nuestra industria: alimentos, calzado, textiles, muebles, confección, juguetes, etc. Casualmente las industrias con mayor integración local y derrama salarial.
El concepto “seguridad” adquirió un nuevo significado, de la mano con los criterios cercanos a la paranoia de nuestro vecino del norte. De esta manera, de ser tradicionalmente un país autosuficiente en materia de producción de maíz, pasamos a ser un importador de maíz producido en los Estados Unidos. Eso, nos dijeron, resultaba necesario para la seguridad alimentaria; ayudamos a asegurar la venta de maíz al país del norte y se eliminó del léxico económico de nuestro país el concepto de suficiencia alimentaria. Al hacerse insuficiente la retribución al campesino mexicano gracias a la lógica de mercado global, su condición económica como grupo poblacional entró en franco deterioro. Mientras, los grandes consorcios internacionales de alimentos, incrementaron sus ganancias.
Con el deterioro del poder de compra de una creciente población tanto del campo como de las ciudades, y el crecimiento del consumo de drogas al otro lado de la frontera, el crecimiento del crimen organizado para la producción y venta de estupefacientes floreció tremendamente.
Con el afán por preservar a la seguridad doméstica, la política conocida como “Homeland security”, el gobierno estadounidense implementó programas como el llamado “rápido y furioso”, con el vergonzante apoyo de nuestro gobierno. Disfrazando de apoyo para combatir el narcotráfico, intereses mezquinos de ganancia fácil con socios corruptos, el programa sirvió para dotar de armamento a los cárteles de la droga que operan en nuestro país para atender adecuadamente el mercado de aquél.
Una serie de eventos desafortunados como este último han llevado a nuestro país, en sólo 35 años de historia reciente, a un estado de descomposición social, económica y política.
En lo social y político, los lamentables sucesos recientes de violencia en el estado de Guerrero que difundieron los medios de comunicación, más la enorme cantidad de hechos similares que nunca han alcanzado cobertura mediática, prueban esta descomposición que ha llevado al rompimiento y deterioro progresivo del tejido social. El enorme peso de la omnipresente -pero invisible por nunca ser mencionada- violencia estructural que impone el mercado del capitalismo salvaje sobre la población, pulveriza la estabilidad económica.
El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) denuncia una “Guerra Sucia”, que provoca violencia y se enriquece por la impunidad y falta de acceso a la justicia. El Tribunal Permanente de los Pueblos TPP (http://www.tppmexico.org/), revela que detrás de la violencia social y económica hay contubernios, corrupción e impunidad. “Sigue la pista del dinero”, sugiere la clásica investigación policial, “y encontrarás al culpable”.
@jlgutierrez
